Cara y cruz

Colombia:

El Estado debe respetar todas las religiones, no identificarse con alguna en particular y garantizar que nadie sea segregado por sus creencias


por Daniel Coronell

Después de muchos años está a punto de encenderse, otra vez, el debate acerca de la separación entre Iglesia y Estado. Todo por cuenta de un decreto sobre educación religiosa que expedirá el gobierno en los próximos días.

Hasta ahora los colegios y escuelas públicas dan clases de historia de las religiones y valores éticos en los horarios reservados para ello. Sin embargo el intenso lobby de la jerarquía católica logró revivir el carácter obligatorio de la asignatura de religión en los colegios públicos y privados.

La 'obligatoriedad' es relativa. Los colegios deberán incluir la clase de religión en sus programas, pero los estudiantes y sus padres decidirán si la toman o no.

Aun así, esta contrarreforma puede salirnos cara. Desde ya se anuncia que la religión que se impartirá será la que corresponda a la "confesión mayoritaria" de los estudiantes. En los colegios y las escuelas públicas será predominantemente católica.

La Conferencia Episcopal ya ha emitido su propio 'Decreto' (El C1/99), en el que determina que los obispos serán los competentes para expedir "certificación de idoneidad" a los profesores de religión. Y exige de los docentes una "ejemplar vida cristiana".

Es decir, en los planteles públicos se impartirá una educación religiosa pagada por el Estado, pero regida por la Iglesia Católica. Una religión tan respetable como todas, y mayoritaria en Colombia, pero no por eso la religión oficial del país.

La Constitución Política declara la libertad de cultos y la igualdad de todas las confesiones e Iglesias ante la ley. También establece que las personas pueden profesar su religión y tienen derecho a difundirla individual o colectivamente.

En otras palabras, la religión es un derecho de quien decide adoptarla, pero no un deber que pueda imponerse a través de la educación pública.

Esto que es un hecho asumido en las democracias desarrolladas, todavía es materia de discusión en Colombia por dos confusiones fundamentales.

En primer lugar por el importante papel pedagógico que han cumplido las comunidades religiosas católicas a lo largo de nuestra historia. Una función sin duda llena de bondades, pero que ha desdibujado la frontera entre educación y catequización.

Mientras que la educación es una obligación del Estado, la catequización es un derecho de cada confesión. Derecho que debe ejercerse en el ámbito de la familia o de los templos, con recursos propios y fuera del horario escolar, si se trata de planteles públicos. O en los colegios privados que adopten una religión y así lo adviertan a alumnos y padres.

En la escuela pública -y en la privada no confesional- debe considerarse enseñanza sólo lo verificable científicamente y lo socialmente aceptable para todos, sin diferencia de credo.

La segunda confusión surge porque algunas personas piensan que los valores morales de una sociedad son derivados de la fe religiosa. Esto sólo es verdad en las teocracias. Las sociedades toman sus valores de los principios universales de convivencia, los regulan a través de la ley y los hacen cumplir a través de los órganos de justicia.

Todos los ciudadanos están obligados a cumplir las mismas normas independientemente de su religión. De otra manera se podrían justificar conductas criminales a nombre de la fe. Sólo en sociedades fundamentalistas sigue siendo válido, por ejemplo, apedrear al pecador. Las religiones pueden establecer lo que es pecado para sus fieles, pero son las instituciones civiles las que determinan lo que es delito y la manera de castigar al delincuente.

En las democracias las religiones tienen que acatar las leyes, y no viceversa.

El Estado debe respetar todas las religiones, no identificarse con alguna en particular y garantizar que nadie sea segregado por sus creencias.

Así como el Estado no puede intervenir en la vida religiosa de los ciudadanos, mientras no infrinja la ley, las iglesias no pueden usar los recursos públicos para hacer proselitismo de su credo.