El derecho a decidir: un problema para los fundamentalistas católicos de la región

Por Marta Alanís
Católicas por el Derecho a Decidir
Córdoba - Argentina

El papel de las instituciones religiosas en la formulación de políticas públicas y en la elaboración de leyes es hoy en día una cuestión importante y compleja, especialmente cuando se tratan temas que tienen que ver con la vida en familia, los derechos y la actuación de las mujeres en la vida pública, la sexualidad y la reproducción.

El derecho de una mujer a tomar decisiones con respecto a tener o no tener descendencia, cuándo y de qué manera, han producido una reacción cultural y política importante de grupos conservadores.

Desde la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo (1994) y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing (1995), ha quedado claro por qué el punto de vista católico afecta tanto a las personas católicas como a quienes no lo son. En esas conferencias, quizás por primera vez en el siglo XX, la Iglesia, como Estado, se reveló como un actor político relevante en asuntos de trascendencia nacional e internacional. Los temas en discusión eran los derechos de las mujeres, la sexualidad, la salud reproductiva y las políticas de población y El Vaticano, junto con musulmanes conservadores y la derecha cristiana, explicitaron sus acuerdos para poder conservar ideas sobre género, sexualidad y reproducción, basadas en principios religiosos y ampliamente rechazadas aún por los propios creyentes.

Hace apenas algo más de treinta años que se aceptó la separación de Iglesia y Estado con la Declaración sobre la libertad religiosa del Concilio Vaticano Segundo. Pero durante más de 17 siglos y hasta 1966 imperó la creencia que la ley civil debe adecuarse a las enseñanzas morales de la Iglesia. Por lo tanto, es comprensible que los dirigentes católicos tiendan a creer todavía que ocupan un lugar sagrado en las decisiones políticas. Lo que realmente es inadmisible es que los dirigentes políticos le concedan este privilegio y los traten como jerarquizados interlocutores, tratando de complacer a un sector que supuestamente no tiene relaciones sexuales.

¿Cómo pueden evitar esto los/las hacedores de políticas públicas? Simplemente, haciéndose algunas preguntas al analizar las propuestas de cualquier sector. ¿A quién representan, a qué sector social representan? ¿Esta propuesta representa al conjunto de este sector o a una minoría? El resultado de encuestas en el mundo demuestra que hay católicos y católicas que no están de acuerdo con las posiciones que tienen los obispos sobre derechos sexuales y reproductivos. En una encuesta realizada en Buenos Aires el año pasado por el Instituto Social y Político de la Mujer quedó demostrado que solamente una de cada diez personas entrevistadas estaba de acuerdo con la posición de la Jerarquía en relación al aborto; nueve de cada 10 consideraban que el aborto debía despenalizarse en determinados casos. Los casos que consideraban eran los que tenían que ver con la salud de la mujer, con malformaciones del feto, con problemas sociales, con la cantidad de hijos que ya tenía una pareja, o sea que la opinión de la mayoría consideraba los casos por los cuales las mujeres recurren a un aborto.

En la medida en que la Iglesia ha aceptado (en teoría) la separación de la Iglesia y el Estado y la obligación de no promover leyes que puedan imponer límites en las prácticas de personas que tienen otras religiones o que no tienen religión alguna, va en contra de sus propias enseñanzas cuando se opone a leyes que garanticen la anticoncepción o permitan el matrimonio de homosexuales, ya que con esta actitud está limitando la libertad de personas con otras creencias. Una legisladora o un legislador que abogara por leyes que impusieran a personas de otra religión o sin religión el punto de vista de la Iglesia Católica, violaría fundamentalmente lo que entendemos por tolerancia.

En nuestra América Latina sabemos que las mujeres han tenido hijos y los han criado y cuidado aun en las peores circunstancias, en el abandono, en la pobreza, en la guerra, etc. El hecho de que las autoridades de la Iglesia no pueden admitir y confiar en que las mujeres son capaces de tomar buenas decisiones sobre cuestiones de planificación familiar, esterilización y aborto, habla de la importancia del patriarcado en el catolicismo. Un patriarcado que no solamente busca controlar a las mujeres, sino también acabar con todo debate y diálogo sobre esas cuestiones. La iglesia ha fracasado en imponer su moral a su feligresía y pretende lograr su propósito ejerciendo todo su poder para que esa moral sea asumida por los estados.

Los dirigentes de la Iglesia Católica han optado por no confiar en la capacidad de las mujeres para tomar sus decisiones, y buscan la manera de acabar todo debate o diálogo respecto a sus derechos sexuales y reproductivos. Esta negativa es inaceptable para la mayoría de las y los creyentes de esta religión, y no es ciertamente el mejor camino para elaborar políticas públicas, pues miles de mujeres mueren o son atropelladas en su dignidad y sus derechos.

Los Estados democráticos deben asumir, hoy más que nunca, la responsabilidad que tienen de legislar para una sociedad diversa y plural y entender que las creencias religiosas no deben influir la labor pública. El laicismo es una condición imprescindible para el ejercicio de los derechos, lo cual proporciona el sustento para el bienestar de todas las personas. A los Estados laicos, les corresponde garantizar la separación entre las Iglesias y el Estado, a las organizaciones de la sociedad civil nos corresponde defenderla y exigir que se mantenga.