Efecto boomerang
Red Informativa de Mujeres de Argentina
A menos de un mes de conocidas las primeras versiones
sobre el fallo del Tribunal Constitucional que en Chile
prohibió la distribución gratuita de la anticoncepción de
emergencia –a pedido de un grupo de diputados
autodenominados pro vida–, la resistencia social ha
generado un debate que alienta alternativas para esquivar
una sentencia judicial que impone la desigualdad de
inmediato: la píldora del día después no se puede recibir
gratuitamente, pero sí comprar en farmacias.
Por Bet Gerber*
En septiembre de 2006 el gobierno de Michelle Bachelet
aprobó las Normas Nacionales sobre Regulación de
Fertilidad, que contemplan una serie de medidas
destinadas, en parte, a reducir el embarazo adolescente.
Entre ellas se prevé la entrega obligatoria de la “píldora
del día después” y de métodos anticonceptivos a partir de
los 14 años, sin necesidad de consentimiento de los padres
y previa orientación del personal de salud. Desde
entonces, la derecha arremetió por distintos flancos para
desbaratar la iniciativa del gobierno. Como los
consultorios dependen de las municipalidades, las
alcaldías gobernadas por el conservadurismo encontraron en
su ámbito de poder la primera brecha para burlar la
medida. Alcaldes y alcaldesas de la Alianza por Chile, la
coalición de derechas opositora al gobierno, se negaron a
distribuir la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE).
Paralelamente, parlamentarios de ese sector presentaron un
recurso de inconstitucionalidad de las Normas, lo que
condujo a que el Tribunal Constitucional (TC) se abocara
durante más de un año al análisis del requerimiento. La
sangre llegó al río cuando, en los primeros días de abril,
circuló públicamente un anticipo del contenido del fallo.
De acuerdo con esta versión, por 5 votos contra 4, el TC
acogería el requerimiento del grupo de diputados
autodenominados pro vida en lo referido a la distribución
de la píldora, pero también de todas las pastillas que dan
los consultorios, la “T de cobre” (DIU) y los servicios de
anticoncepción y consejería a jóvenes mayores de 14 años
sin consentimiento de sus padres/madres. Finalmente, en la
versión difundida oficialmente, el fallo sólo afecta la
distribución de la “anticoncepción hormonal de
emergencia”. Sin embargo, desestima la solicitud de los
parlamentarios de declarar inconstitucionales las normas
sobre los DIU y las otras medidas. ¿Qué pasó en el medio?
LA MARCHA ATRAS DEL TRIBUNAL
“No sabemos qué llevó a los miembros del Tribunal
Constitucional a adelantar el fallo, ¿será que quisieron
hacerlo coincidir con la Conferencia Episcopal?, ¿pensaron
que en medio de la destitución de la ex ministra pasarían
coladitos? Elíjalo usted mismo-a. Nosotras-os reconocemos
su Derecho a Decidir”, provocaba la campaña organizada a
través del blog movimien toanticoncepcion@blogspot. Cierto
es que el anticipo del fallo permitió organizar múltiples
acciones, virtuales y reales: marchas, campañas vía blog,
e-grupos, convocatorias por facebook, difusión de
artículos, informes y demás. En el espacio virtual no sólo
se multiplica la información, también el entusiasmo carga
las pilas.
A diferencia de la tardía reacción de gran parte de la
ciudadanía chilena, la Facultad de Medicina de la
Universidad de Chile alerta desde hace varios meses
respecto de las catastróficas consecuencias que podría
tener un retroceso en las políticas de salud sexual y
reproductiva. Un informe presentado a los miembros del TC
expone el posible colapso del sistema público de salud en
caso de prohibir los dispositivos interauterinos y las
pastillas anticonceptivas y demuestra con datos duros cómo
los abortos podrían llegar a superar los nacimientos. La
Universidad de Chile, única institución convocada por el
TC a alegar en calidad de perito científico, destaca que
los resultados de las políticas de salud pública se
reflejan en la disminución de la mortalidad materna y
neonatal a tasas ejemplares para la región. Según
trascendidos, estos datos habrían sido decisivos para que
el TC no acogiera los recursos interpuestos frente al DIU
y las normas sobre confidencialidad en la orientación y
consejería a menores de edad.
ANTE LA DUDA, EL TC NO TE AYUDA
El eje principal en que se centró el debate en si la
píldora es o no abortiva. Quienes consideran que éste es
el quid de la cuestión pretenden dilucidar si actúa
inhibiendo la ovulación o bien sobre el óvulo ya
fecundado, impidiendo que anide. Las divergencias al
respecto habrían dado fundamento al fallo del TC, que
señala que dado que existe una duda razonable sobre el
efecto de la píldora de anticoncepción de emergencia y
considerado que el artículo 19 Nº1 de la Constitución
protege la vida por nacer, se prohíbe la distribución del
fármaco en el sistema público.
Lejos de ofrecer perspectivas para un debate científico o
ético de algún vuelo, la mayoría de los artículos
publicados en estos días con relación a la PAE pone en
burda evidencia a qué sector tributa el lobby de cada
medio. “Gracias, mamá, por darme la vida. No más píldora
del día después”, palabras puestas en ¿boca? de un
embrión. La imagen ilustra una nota de El Mercurio. El
artículo, publicado el 20 de abril, se titula “La ciencia
y el efecto abortivo de la píldora del día después” y
alude a un informe de la Universidad Católica. No se
menciona ningún otro informe ni se concede que pueda
existir otro punto de vista.
“La ley protege la vida del que está por nacer”, afirma la
Constitución chilena. Sin embargo, el abogado y rector de
la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, señala que ya
en 1978 juristas que integraban la Comisión Constitucional
entendían que esa norma no significaba prohibir, en
términos absolutos, la interrupción del embarazo. Ya hace
30 años, aquellos juristas apuntaban a que la relación
entre un embrión preimplantacional y un ser humano adulto
era un asunto que la religión podía saldar sin problemas,
pero no una regla constitucional. Para Lorena Fries,
abogada y presidenta de la Corporación Humanas, “los
problemas más graves del fallo son, en primer lugar, que
miembros del TC ya se habían pronunciado públicamente
sobre la PAE y no se inhabilitaron; segundo, que no se
hayan tomado en cuenta los derechos fundamentales, sino
las creencias sobre estas cuestiones, porque incluso
frente a la ‘duda razonable’ lo que corresponde es que
cada persona decida en conciencia y no que se prohíba”.
MODELITO DE FAMILIAS
¿Cuál es el criterio que debe prevalecer en la elaboración
e implementación de una política pública? Aburre e indigna
seguir escuchando a referentes políticos que aluden a sus
propias elecciones religiosas, situaciones familiares o
personales como fundamento de una decisión atinente a las
políticas de Estado. Alcaldes, alcaldesas y parlamentarios
se jactan de conversar con sus hijas e hijos sobre
situaciones en las que se podría recurrir a la tan mentada
píldora. De pronto nos enteramos de que en los hogares
conservadores, las adolescentes relatarían a sus padres en
amena reunión familiar que han retozado con sus “pololos”
sin protección y solicitan su comprensivo consejo respecto
de qué medidas tomar. Aun cuando estos envidiables niveles
de comunicación familiar fueran ciertos, sus protagonistas
olvidan que no se gobierna ni legisla desde y en virtud de
su dichosa situación personal. Tampoco faltan quienes se
enorgullecen de consultar con sus esposas o con Dios
–menudo asesor–. Por fin, la ministra Soledad Barría en un
programa de actualidad política del domingo 27 pasado,
ante la presión de un periodista para que exprese su
posición frente al aborto, zanjó la cuestión: “No importa
lo que yo piense. Soy ministra de Estado, no estoy para
exponer opiniones personales”.
EL MERCADO SE MIRA Y NO SE TOCA
Como el fallo no se pronuncia sobre la comercialización de
estos productos farmacéuticos, se sobreentiende que todos
ellos, píldora incluida, pueden adquirirse en las
farmacias. Que la distribución privada sea inocua y la
pública dañina es un círculo difícil de cuadrar. “El fallo
genera una discriminación ipso facto, ya que la propia
resolución atenta contra el principio de igualdad ante la
ley”, señala Lorena Fries. Una medida de este tipo
profundizaría las inequidades que marcan a este Chile que,
aunque se publicite como la casa rica en el barrio pobre
de nuestra región, sigue siendo uno de los países con
mayores brechas en la distribución del ingreso de
Latinoamérica. Así como los sectores privilegiados acceden
a abortos en consultorios o clínicas cinco estrellas que
contrastan brutalmente con los ramitos de perejil de las
pobres, quienes cuentan con recursos podrán comprar la
píldora en las farmacias, a diferencia de quienes se
atienden en consultorios y hospitales públicos. Otra vez
sopa.
UN HUEVO NO ES POLLO
Entre quienes están a favor de la distribución de la PAE,
muchos fundamentan su posición en que ésta no sería
abortiva. Sin embargo, no todos acuerdan con llevar el
debate a estos territorios. Desde el feminismo, las
reivindicaciones pasan por otros carriles, aunque las
mejores razones tal vez no coincidan con lo que parezca la
mejor estrategia. Lo que está en juego es el derecho a
decidir de cada mujer. Evidentemente, este debate abre la
puerta a otro aún censurado en Chile: la despenalización
del aborto. En el 2006, la Cámara de Diputados cerró la
posibilidad de siquiera debatir el tema. Cecilia,
estudiante de obstetricia de 21 años, comenta en medio de
la marcha de repudio al fallo: “Personalmente me da lo
mismo en qué preciso instante actúa la píldora, pero si lo
dices, enseguida lo malinterpretan como que no te importan
las guaguas. Una estupidez. Estamos por la maternidad
voluntaria.
El escritor Pedro Lemebel se distancia años luz de los
complejos detalles médicos o jurídicos que entran en juego
cuando se debate sobre el comienzo de la vida humana, pero
demuestra su cercanía a la realidad de miles de mujeres
cuando resume la polémica en pocas palabras: “Un huevo no
es pollo” y declara su complicidad “con la libertad del
cuerpo de la mujer y sus decisiones de supervivencia”.
ESAS SOTANAS, FUERA DE MI CAMA
¿Qué hacen entretanto la derecha y los sectores más
cercanos a la Iglesia? Deslizan columnas en los
periódicos, insisten con los embriones parlantes y, según
señala Natalia Díaz, una de las principales activistas del
Movimiento por Defensa de la Anticoncepción, va copiando
iniciativas: si el Movimiento organiza marcha, ellos hacen
marchita; si unos escrachan a los parlamentarios
autoproclamados pro vida, aquéllos les envían cartas de
apoyo, y así sucesivamente.
Como contracara del conservadurismo más recalcitrante,
grupos de católicos impulsan una curiosa iniciativa
llamando a la “apostasía masiva”. Esta reúne a las
personas interesadas en renunciar a la Iglesia Católica y
piden ser retiradas de sus registros “porque no estamos
dispuestas/os a que las creencias e intereses de unos
pocos rijan a la mayoría”. Hasta el lunes 28, el grupo
reúne unas 900 firmas.
REPENTINA SOLIDARIDAD
El adelanto del contenido del fallo en su versión más dura
fue altamente positivo para sacudir a una opinión pública
un tanto adormecida. La medida es claramente impopular.
Tan es así que no son pocos los políticos de la coalición
de derecha que expresan su desacuerdo. “La píldora es un
tema de igualdad”, declara Karla Rubilar, médica y
diputada del partido de centro-derecha Renovación
Nacional. En sentido similar, el alcalde de la comuna de
Estación Central, perteneciente al sector más conservador
de la Alianza, señala que intentaría seguir distribuyendo
la PAE e incluso financiándola en su comuna. Las
desmarcaciones de las propias filas derechistas sorprenden
por la repentina sensibilidad, o bien permiten intuir un
tufillo oportunista en el viraje de los mismos sectores
que impulsaron la intervención del Tribunal.
LA MAÑANA SIGUIENTE
Sin duda, entre las consecuencias más valiosas que provocó
el fallo, se cuenta la instalación del tema en la
ciudadanía. La marcha del 22 de abril convocada en repudio
de la decisión del Tribunal Constitucional reunió a 15.000
personas en Santiago, además de manifestaciones desde
Antofagasta hasta Punta Arenas que sumaron unas 35.000
personas en todo el país. Entre el revuelo provocado se
destacan varias encuestas de opinión realizadas sobre la
base de muestras representativas y métodos científicos.
Sólo por citar un ejemplo de varios sondeos que arrojan
resultados similares, según la encuesta realizada por
Ekhos y publicada en el diario La Nación del 27 de abril
sobre una muestra de 900 casos representativos de
Santiago, el 75 por ciento de los jóvenes encuestados no
está de acuerdo con el fallo, mientras que el 84 por
ciento se manifiesta “enojado pues es un atentado a la
libertad ciudadana”.
La polémica que se anticipa ahora es si el fallo impide o
no la venta en las farmacias y la prescripción médica del
fármaco. Cabe aclarar que la PAE se seguirá distribuyendo
a mujeres violadas, porque esa norma es anterior a la
impugnada. Más allá de ello, la ministra de Salud reiteró
que el tema de la distribución masiva aún debe estudiarse
y que el dictamen sólo considera inconstitucionales las
normas que obligaban a los organismos del Estado a
entregar el anticonceptivo de emergencia, pero no hace
referencia a su venta. Esto significa que los municipios
podrían recetarla –también a menores de edad–, pero no
entregarla. Sin embargo, podrían distribuirla a través de
ONGs o entidades no estatales. También se ha mencionado
que los municipios podrían venderla a un valor simbólico
de un peso, pero ¿hasta qué punto es posible buscar estos
atajos sin burlar o debilitar la institucionalidad
chilena? En opinión de Lorena Fríes, buscar estos
resquicios implicaría “algún grado de desacato de fondo,
pero formalmente se cumple con todo lo que se permite.
Sucede que la práctica de distribución, control y
regulación de la fecundidad en Chile es tan fuerte
históricamente que, en definitiva, el que queda
deslegitimado es el TC antes que el Estado”.
Por una u otra vía, todo indica que se encontrarán los
canales para distribuir la PAE. Con la batalla
antipíldora, la derecha parece haber lanzado un boomerang
que, en su retorno, aggiorna la agenda política del país.
Los cimbronazos sociales y políticos de estos días dejan
un balance por demás positivo para quienes estamos a favor
del derecho a la vida y a decidir de las mujeres.
* Directora de Proyectos de la Fundación Friedrich Ebert
en Chile. |
