La moral revolucionaria

Las/12
01 diciembre 2006
difundido por RIMA - Red Informativa de Mujeres de Argentina


La penalización del aborto terapéutico en Nicaragua –práctica legal desde 1830 hasta este mismo año–, justo en el momento en que el Frente Sandinista volvía a ser gobierno, abre la pregunta sobre cuál es la relación entre la izquierda y las luchas de mujeres en un continente que se supone está dando un giro hacia el lado rojo aunque los mismos gobiernos que dan el volantazo siguen mostrándose débiles a las presiones de la Iglesia Católica.


Por Verónica Gago


La izquierda política siempre ha tenido una relación compleja con las luchas de las mujeres: muchas veces ese vínculo se traduce en instrumentalización y neutralización política. Las estrategias son muchas: reducir las batallas de las mujeres a un "tema" entre tantos otros, sectorializar y jerarquizarlas (la famosa "rama" femenina) con un sistema de rangos que hace que los objetivos a conquistar por las mujeres no sean lo prioritario de ningún programa político, simplificar lo que se reclama o defiende a una cuestión de cuotas (cupos y reparto de cargos como único concepto de igualdad de oportunidades), marginar los espacios donde lo personal es político (sexualidad, soberanía del cuerpo, placer, etc.) o invisibilizar la economía doméstica e informal en la que la presencia femenina es mayoritaria. Más complejas aún son las condiciones de las mujeres "dentro" de la izquierda misma, donde, por ausencia de autonomía organizativa, las figuras de la "pareja de" o el rol de bastión logístico y organizativo pero enmudecido, abundan.

Sin embargo, no deja de suponerse que la llegada al poder de gobiernos a los que se les atribuye un perfil de izquierda –más o menos lavado, según los casos– puede representar un avance, o por lo menos una posibilidad de avance, para ciertas luchas emblemáticas de las mujeres. El caso de la reciente campaña electoral en Nicaragua y el triunfo del ex sandinista Daniel Ortega revela una situación dramáticamente contraria: la penalización del aborto terapéutico (contemplado en el Código Penal de ese país desde la Revolución Liberal de 1893) se convirtió en una bandera electoral defendida por todo el arco político y finalmente el artículo que legalizaba la interrupción del embarazo fue derogado por mayoría en la Asamblea, gracias a un acuerdo entre el derechista y saliente Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el flamante ganador de las elecciones, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), al que se sumó también la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN). A partir de esta reforma del Código Penal, la campaña conservadora de la Iglesia Católica ha ganado la disputa en Nicaragua gracias a que todos los partidos políticos se alinearon para hacer del cuerpo de las mujeres un botín electoral: a partir de ahora, quienes practiquen el aborto terapéutico (según las estadísticas, se realizaban más de dos mil por año) tendrán un castigo de cuatro a ocho años de prisión.

En un momento en que en América latina no deja de hablarse de una ola de gobiernos progresistas o, incluso, de un "giro a la izquierda" de la región, no está de más preguntarse nuevamente por esa relación entre izquierda y feminismos.


El fantasma de una revolución

"Dramático es que parte de lo que fue la conducción de la revolución popular de 1979 hoy llegue al poder y en muchos lugares del mundo se crea que conservan algo de los valores de entonces. En Nicaragua está claro que quienes se supone que podían ser los más progresistas en relación a lo que hicieron en los años '70 terminan siendo los autores de las políticas más reaccionarias", sintetiza desde Managua la ex comandante sandinista Mónica Baltodano, la única mujer que integró el alto mando del frente interno que derrocó al dictador Somoza. Baltodano, quien además dirigió las tomas de Jinotepe, San Marcos y Granada –donde el coronel que encabezaba las tropas derrotadas pidió a la dirección insurreccional que pusiera a un hombre a aceptar la rendición para no pasar por la "vergüenza" de hacerlo ante una mujer–, es enfática: "Ortega sacó un 37% de los votos con maniobras oscuras, por lo cual tiene mucha inseguridad para gobernar. Esto lo hace aún más conservador y excesivamente esforzado para quedar bien con los banqueros, la Iglesia y los Estados Unidos. La derogación del aborto señala una situación de retroceso brutal en el marco general de una fuerza política que tiene que dar más muestras de compromiso a los sectores reaccionarios que cualquier fuerza de derecha que llegara al poder". La ex comandante insiste en que el caso de Nicaragua es aún más particular que el resto de los países latinoamericanos donde se habla de gobiernos progresistas porque se tiene en las espaldas la experiencia revolucionaria. La ex comandante, junto a diferentes líderes sandinistas, se han reagrupado ahora en el MRS (Movimiento de Rescate del Sandinismo): "En las condiciones actuales no puede haber luchas de izquierda que no reivindiquen las luchas de mujeres –aclara–. El movimiento de mujeres que se incorporó al MRS, por ejemplo, fue el que le dio un perfil diferente a esta organización partidaria y fue nuestro trabajo territorial con compañeras el que nos permite reaccionar ahora ante la derogación del aborto terapéutico".

Sofía Montenegro, también ex combatiente sandinista y una de las actuales dirigentes del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) de Nicaragua, advierte que esa organización se ha decidido a desconocer al gobierno de Ortega y a declararse en estado de "desobediencia civil": "Al actual FSLN no lo consideramos de izquierda a pesar de su pasado revolucionario, porque entonces su programa incluía la emancipación de la mujer, por lo que nosotras nos acercamos al sandinismo. Hoy es un partido reaccionario privatizado por la familia de Ortega-Murillo (esposa de Ortega), que se han mostrado como `cristianos renacidos': se casaron por iglesia y bautizaron a todos sus hijos". El MAM coordinó una poderosa contracampaña a la penalización del aborto terapéutico con el lema No votes asesinos de mujeres, denunciando a todos los políticos y en particular a Ortega, quien antes de las elecciones ya había pactado el clásico concordato con la Iglesia al que han adherido los gobiernos derechistas de las últimas décadas: "Esto supone negociar los cargos de los ministerios de Salud y Educación y la Secretaría de la mujer. Ortega incluso habló de crear un ministerio de asuntos religiosos, lo cual es absurdo en un país laico", señala Montenegro.

Un dato fundamental que las dos entrevistadas recuerdan: el electo presidente de Nicaragua tiene en su haber la acusación de abuso sexual que en 1998 le hizo su hija adoptiva Zoilamérica Narváez (hija de Rosario Murillo, esposa de Ortega). En un reciente artículo, la también ex militante sandinista y escritora feminista Gioconda Belli relata el impacto de este episodio en la última campaña: "... (Ortega) se ha extendido a la censura de algunos de los argumentos de más peso que existen en su contra. Me refiero específicamente al caso de las amenazas de que fue objeto el canal 10 de televisión, si es que se atrevía a transmitir la entrevista que Zoilamérica Narváez, la hija de Ortega, brindó a Univisión y donde ésta volvía a sacar a colación el abuso sexual de que fue objeto por parte de Ortega cuando aún era una niña y durante su adolescencia y más allá. Daniel Ortega no tendría que haber usado las acciones que el FSLN tiene en el canal 10, ni el temor que inspira su estructura en más de alguno, para evitar la transmisión de la entrevista de Zoilamérica.(...) Lo cierto es que las acusaciones de Zoilamérica son muy serias, y sólo en un país machista y acostumbrado a la enfermedad del olvido es concebible incluso que alguien, reformado o no, de un comportamiento de esta índole, pueda aspirar a ser presidente".


Historia de la sexualidad

La incógnita de qué significa la llegada al poder de líderes que se consideran de izquierda o que se embanderan en una retórica progresista se expande a todo el continente. Después de más de una década de neoliberalismo puro y duro, se habló de una "nueva ola" de gobiernos populares ya que en buena medida muchos llegaban al poder luego de fuertes revueltas sociales.

Gabriela Leite, una de las organizadoras del movimiento de prostitutas en Brasil y secretaria general de la ONG Davida de Río de Janeiro, explica –en diálogo con Las 12– su posición ante el gobierno de Lula: "Nosotras como prostitutas trabajamos cerca y lejos del gobierno, porque al mismo tiempo que tenemos relaciones con el Ministerio de Salud por los programas de sida, el Ministerio de Justicia trabaja sobre el tema de tráfico de mujeres sin hablar con nosotras, que somos las principales afectadas, y la Secretaría Nacional de la Mujer se la pasa hablando de la mujer como víctima y nunca nos preguntó qué pensamos nosotras al respecto. Entonces, creo que hay contradicciones aunque en algunos espacios hay más posibilidades de diálogo. El caso concreto es nuestra posibilidad de intervenir en los programas nacionales de sida, donde avanzamos muchísimo, porque hasta ahora las políticas públicas para las prostitutas siempre fueron pensadas y hechas por otros, que decían qué era lo mejor para nosotras; ahora somos nosotras las que decidimos qué hacer con un alcance sobre la mayoría de las prostitutas de Brasil. Claro que esto no fue fácil porque somos mujeres prostitutas y esto para la izquierda siempre fue problemático". Tal vez el moralismo de la izquierda –que es siempre un doble discurso– sea otra de las caras imposibles de esta relación. Agrega Leite: "La izquierda tiene una visión marxista y economicista sobre qué es la prostitución, por eso siempre pensó que éramos víctimas, pobrecitas que no tuvimos otra oportunidad de trabajo. Creo que esta idea se debe a que la izquierda nunca trabajó la historia de la sexualidad porque no consideran que eso sea una discusión política".


Alianzas prohibidad

Patsilí Toledo, abogada chilena y miembro de la Corporación Humanas (Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género), relata que una de las propuestas de campaña de la socialista Michelle Bachelet –y que en buena medida atrajo el apoyo de varias corrientes feministas– fue el sistema paritario de reparto de cargos. Sin embargo, aclara, "hoy se aplica sólo a los cargos que dependen de su decisión y no se ha convertido en norma, por lo tanto está sometido a las presiones que pueda tener". Sin negar cierto "impacto simbólico" de que cada vez haya más rostros femeninos vinculados a la política, Toledo aclara que "el gobierno de Bachelet le teme mucho a la derecha y por eso busca la alianza permanente con esos sectores. Se cuida de no tensionar ningún tema, especialmente los que se llaman `valóricos', y se evita así cualquier debate". La semana pasada se presentó en Chile un proyecto para restituir el aborto terapéutico (derogado por Pinochet, después de estar vigente desde los años '30) y para permitir el aborto voluntario en las primeras doce semanas. La propuesta se declaró directamente "inadmisible" en el Congreso: "Fue decirnos bien claro `de esto ni siquiera vamos a hablar' –señala Toledo–. La coalición de `legisladores por la vida' que hizo la declaración agrupa desde la derecha a la pseudoizquierda y Bachelet no dijo una palabra al respecto". La excusa comentada en voz baja es que la Democracia Cristiana amenaza con romper la coalición de gobierno si Bachelet hace algún gesto a favor de este tipo de iniciativas. A pesar de presiones en su contra, la ministra de Salud logró que se apruebe la entrega de anticonceptivos de emergencia a menores; sin embargo, la medida generó muchas reacciones: desde impugnaciones judiciales que fracasaron hasta la desaparición de esos anticonceptivos del mercado.


Bolivia: Muchas mujeres, menos reivindicaciones

En Bolivia, Evo Morales inauguró su ministerio dando cuatro carteras (Interior, Justicia, Salud y Desarrollo Económico) a mujeres; una de ellas ex empleada doméstica. Además de la impronta indigenista, el gobierno boliviano del MAS llamó la atención por esta amplia composición femenina en sus cargos más altos. "El gobierno de Morales tiene, para variar, una doble moral: por un lado ha entrado en la retórica neoliberal `correcta' respecto del género, incluyendo, tanto en sus listas al Parlamento como a la asamblea constituyente, a representantes de los intereses de las ONG y la tecnocracia de género. Por otro lado, respecto de las mujeres indígenas se ha desplegado una fuerte estrategia de copamiento, control, cooptación y uso simbólico. Me explico: las organizaciones de mujeres campesinas o trabajadoras del hogar o cocaleras, donde encuentras mayormente a mujeres indígenas, han sido beneficiadas con dinero, espacios, etc., pero a cambio de un control sobre las representantes y de una fidelidad ciega hacia la figura del presidente. El caso de la presidenta de la Asamblea Constituyente es emblemático: su papel está despojado de toda dignidad, se trata de un emblema fiel y mudo del caudillo, el caso de la ministra de Justicia es muy similar. Como contraparte, el avance, por muy pequeño que sea, de las `reivindicaciones' de estos sectores es nulo; ahora, de cara a la nueva ley agraria, el derecho a la tierra por parte de las mujeres está una vez más omitido del debate político, que ha sido retratado como terratenientes versus pueblos originarios y punto. Lo que Morales repite de la izquierda en relación con las mujeres es el utilitarismo: quiere tener mujeres en el MAS pero despojándolas de todo papel político y de toda dignidad. Otro ejemplo interesante es el del concepto de `soberanía' hoy en Bolivia tan utilizado en el campo de los recursos naturales. Cuando nosotras propusimos en aras de la soberanía del cuerpo la inclusión de la educación sexual en la nueva ley educativa, no tuvimos derecho ni a entrar a debatir al Congreso de la Educación boliviana. En Bolivia hoy el tema de las mujeres está taponeado", señala María Galindo desde La Paz, fundadora del colectivo feminista Mujeres Creando.


Uruguay: Con el veto dando

El presidente uruguayo del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, en marzo último aclaró que si las cámaras legislativas aprobaban el proyecto sobre salud sexual y reproductiva que incluye la despenalización del aborto, él se encargaría de vetarlo. Y en su momento dijo a los legisladores de su coalición que estaba dispuesto a llevar adelante "todos los caminos constitucionales" para impedir que esa iniciativa se convierta en ley. María Delia Cuneo, del grupo feminista uruguayo Las Decidoras –compuesto en su mayoría por mujeres que tuvieron una militancia en la izquierda y varias de ellas ex presas políticas–, aclara: "No teníamos muchas expectativas en el gobierno que se dice progresista porque desde que se presentó el proyecto de despenalización del aborto –durante el gobierno colorado anterior–, la izquierda del Frente Amplio ya decía que estaba en contra. Se supone que estos procesos progresistas deberían corresponderse con una mayor apertura hacia los reclamos sociales. Sin embargo, ahora la posición se ha endurecido porque es el propio presidente el que dice no sólo que es contrario a la despenalización, sino que en caso de que las cámaras aprobaran el proyecto, él lo vetará. Lo cierto es que las presiones de los sectores más reaccionarios pesan mucho y éste es un ejemplo claro". Mientras dialoga con Las 12, María Delia relata que está viendo por televisión una marcha de varones encabezada por el intendente de Montevideo para protestar contra la violencia doméstica. ¿En ese ámbito se puede señalar algún avance? "Fue votada hace dos años una ley contra la violencia doméstica y se formaron juzgados especiales, pero no se los dotó de recursos y son claramente insuficientes como manera de atacar el fenómeno, que se entiende de forma superficial sin revisar las causas de la violencia sexista. Por ejemplo, no se ha querido discutir la ley de educación para realmente poner en tela de juicio los valores patriarcales, que generan subjetivamente la posibilidad de que un hombre maltrate a una mujer. Para decirlo claro: los índices de violencia doméstica y abuso no han disminuido y los de muerte por violencia doméstica se han mantenido. No podemos hablar de ningún avance que se pueda atribuir al `progresismo' del gobierno, y eso que sólo estamos hablando de números sobre denuncias hechas."


Invisibilización y banalización

Además de repasar la dinámica de cuestiones clave como la postura sobre el aborto, la legislación laboral y social para los derechos de mujeres y también las fórmulas de representatividad que buscan una proporción entre géneros, es necesario prestar atención a aquello que la retórica del progresismo o la izquierda barre debajo de la alfombra o directamente banaliza, de manera no casual, sino estratégica.

"En Uruguay, los partidos de izquierda de los años '70 hasta la actualidad ningunean ciertas cuestiones. Antes se hacía con el argumento de que hombres y mujeres éramos iguales por estar en la lucha armada y a través de razonamientos que marginaban todo aquello que no pasara por la contradicción capital/trabajo. Hoy esta forma de pensar que hay cosas más importantes permanece intacta. Pero además se suma otro problema: con el barniz discursivo del progresismo a la orden del día, en cualquier ámbito encontrás las palabras diversidad, equidad, minorías, pero todas encapsuladas en una oferta dentro del sistema, dejando claro que no podés cuestionar al sistema en tanto fenómeno de sexismo, discriminación y opresión", señala Cuneo.

"Yo preferiría pensar en tres núcleos de luchas que son invisibilizadas y banalizadas o disfrazadas por discursos de `derechos' –aclara Galindo–. Primero: la autonomía organizativa e ideológica que significa no ser un apéndice ni las eternas inquilinas políticas del sujeto universal que es el varón. Segundo: el desacato de los mandatos patriarcales, sean éstos religiosos, culturales, políticos, etc. Esta es otra lucha invisibilizada y librada a los pactos de convivencia de intereses masculinos donde vemos que pueden coincidir sorprendentemente indígenas, curas y neoliberales. Ningún gobierno quiere poner en cuestión sus relaciones con la Iglesia, por ejemplo, o el caso del `indigenismo' que pretende sumergir a las mujeres dentro el concepto de los intereses de la comunidad, sin reconocer las formas de opresión que allí adentro existen hacia las mujeres. Por último, las luchas vinculadas a la economía: son las más invisibilizadas porque se parte del supuesto de que toda reivindicación económica que beneficia a los trabajadores o campesinos tiene un valor universal; es decir: el concepto que está detrás es la omisión completa del lugar de las mujeres dentro de la economía".


Las críticas de los compañeros

La candidata por el socialismo Ségolène Royal (53 años) venció hace dos semanas a sus dos contrincantes internos, por lo cual tiene posibilidades de convertirse en la primera mujer en llegar a la presidencia de Francia. Con más del 60 por ciento de los votos de los afiliados socialistas y sin necesidad de segunda vuelta, sus dos rivales varones –Dominique Strauss-Kahn y Laurent Fabius–tuvieron que aceptar darle su apoyo. Royal, sin embargo, había sido el blanco de críticas y de comentarios machistas por parte de sus propios compañeros socialistas y socios de partido. La acusaron de no tener ideas propias, de ignorar cuestiones de política interior y exterior de su país, de ser "demagoga" y de tener una "peligrosa" inclinación hacia la derecha. La prensa, a su vez, no dejó de publicar fotos de ella en bikini tomadas durante sus últimas vacaciones. Su gran popularidad, sin embargo, ya había obligado indirectamente a su compañero, padre de sus cuatro hijos y primer secretario del partido, François Hollande, a renunciar a su propia candidatura. Con experiencia de gestión –fue diputada y también ocupó los ministerios de Medio Ambiente, Enseñanza Escolar y Familia e Infancia–, ahora intenta remontar el socialismo después de su gran derrota en las elecciones presidenciales de 2002 y se perfila como la única capaz de ganarle al candidato derechista Nicolás Sarkozy, actual ministro del Interior.