La tolerancia y las sociedades de convivencia
por Carlos Monsiváis
¿Por qué dedicar internacionalmente un día especial, el 15 de
noviembre, a lo que debería ser lo normal en las sociedades, los
sectores religiosos, los grupos, las familias y las personas? Y, de
modo complementario, ¿cómo se produce el viaje semántico del
vocablo tolerancia, que por un tiempo largo significó el dejar que
eso que me molesta continúe, porque aunque me molesta lo considero
indispensable en la formación de mi amplitud de criterio? Luego del
despliegue genocida del nazifascismo, la tolerancia se vuelve
relevante porque se opone al aplastamiento de lo distinto, del Otro
y de la Otra, a cargo del dúo fundamentalista, el capitalista
neoliberal y el integrismo islámico. Especialmente en los años
recientes la tolerancia es un gran instrumento interpretativo que
recupera la herencia de Voltaire y Víctor Hugo, de los liberales de
la Reforma, de Juárez y Francisco Zarco, y siempre se pone al día
porque la renovación de los prejuicios obliga a cambiar los métodos
de enfrentamiento.
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Tolerancia hoy no quiere decir ni mucho menos aceptar
desdeñosamente lo Distinto (las prácticas, las convicciones y las
conductas cuya legalidad se desconoce al no aprobarlas la mayoría).
La tolerancia y son notables las mutaciones de esta palabra clave ,
va del "Acepto que existas, pero conmigo no te metas", a la
reivindicación de los derechos constitucionales y la lucha por las
modificaciones de la ley en los casos donde lo legítimo debe ser en
justicia transformarse en lo legal. Y el ejercicio de la tolerancia
actual se inicia en la crítica al papel negativo y devastador de
los prejuicios, esos juicios sumarios que siempre usan las
prohibiciones en el papel de los razonamientos.
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Hablar de sociedad es unificar a la fuerza procesos y visiones muy
variados, por eso prefiero decir que las sociedades que pueblan
México han sido profunda y profusamente intolerantes, y por eso, en
enorme medida, las transformaciones civilizatorias vienen del
enfrentamiento a la intolerancia, desde la denuncia de José Joaquín
Fernández de Lizardi (muy en seguimiento de Voltaire) por el
linchamiento de un súbdito inglés que no se quitó el sombrero al
paso del Viático, a las protestas en 2006, porque en Aguascalientes
se expulsa a un niño de una escuela primaria por sus modales
"afeminados". (Supongo que lo que sigue serán demandas a la SEP de
videos donde se enseñen los movimientos y el tono de voz
intrínsecamente viriles). En 1857 se debate agudamente el
significado de la tolerancia en el Congreso Constituyente, porque
entonces la mayoría de los liberales aún no admite la coexistencia
de credos. Si se tolera otra religión, se insiste, se difama la fe
verdadera que es base del país. Y la Ley de Libertad de Cultos es,
en rigor, el principio indetenible de la modernización mental. Esta
es la lógica "Si acepto que alguien crea o actúe de modo distinto
al mío, confirmo la premisa: a mis acciones y mis convicciones no
las debilitan los ejemplos alternativos o contrarios". Esto es
determinante porque el prejuicio, si algo, es una gran variante del
miedo, definido como el apego idolátrico a las convicciones propias
que si se modifican en algo hacen que la persona se desconozca a sí
misma.
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A la intolerancia y a sus instrumentos: las persecuciones, las
prohibiciones, la censura se le deben muchos de los encierros
específicos de la nación. En el campo religioso el hostigamiento a
los protestantes desde, por lo menos, finales del siglo XIX,
depende de un motivo irrenunciable: no pasarán. Tráigase a la
memoria una cauda de imágenes: pastores asesinados con balas o a
puñaladas o a machetazos o arrastrados a cabeza de silla, templos
quemados, congregaciones expulsadas de sus pueblos (con despojo de
propiedades de por medio), oposición municipal a que se construyan
templos y a que los evangélicos se reúnan en casas particulares,
pedrizas cotidianas contra las iglesias, linchamientos considerados
un freno a los rituales del demonio. En 1968, el episodio de San
Miguel Canoa, Puebla, ejemplifica los procedimientos: se convoca a
los pobladores con las campanas de la iglesia, se convoca al pueblo
a destruir a los extraños, se les acosa, se les golpea, se les
mata, y luego las autoridades se asoman al lugar, se retiran con
presteza y... no investigan nada. Todavía este año, en nombre de la
libertad religiosa, se les han negado derechos irrebatibles a
varias comunidades disidentes, aunque el contexto varía. Antes, las
comunidades y la opinión pública aprueban de modo tácito o
explícito las persecuciones, y cuando ocurren los episodios
gravísimos no se publica una línea. Ahora la protesta ya
se filtra a los medios escritos y, aunque con cierta timidez, los
agraviados organizan sus comisiones de Derechos Humanos, y levantan
sus demandas ante las comisiones correspondientes. Hago un aparte y
señalo la importancia jamás disminuible del concepto de los
derechos humanos en comunidades y personas habituadas a que se
minimicen o ignoren sus protestas y sus derechos. Y que no insistan
en las calumnias a las comisiones porque "protegen a los
delincuentes", las comisiones no amparan a los delincuentes sino a
los sometidos a la barbarie, esa tan auspiciada por quienes
consideran natural la tortura.
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Los linchamientos, esa monstruosidad de "la justicia en propia
mano", de repercusiones tan horribles en la América Latina de las
décadas recientes, adquieren otra dimensión al esparcirse la
desconfianza en el Poder Judicial. Al ser, en efecto, acciones
comunitarias, el salvajismo de los linchamientos inhibe a los que
no quieren discrepar del Pueblo, y por eso no se da el rechazo
enérgico de las autoridades, las iglesias, los sectores, los
comentaristas. Y aún se escucha, aunque ciertamente cada vez menos,
el uso difamatorio del "¿Y quién es Fuenteovejuna?/ Todos a una" a
modo de fórmula de exculpación.
Examínese la suma de episodios regionales y capitalinos de personas
linchadas por motivos que incluyen la violación, las acusaciones de
brujería. El robo de unas llantas, las "visitas sospechosas" al
pueblo, la práctica de otra fe, o, como en el caso doloroso de
Tláhuac hace dos años, las acusaciones de una vecina a dos policías
que "vienen a secuestrar niños". La televisión transmite durante un
tiempo eternizado las imágenes que ratifican dolorosamente la
impotencia de millones de espectadores: los policías que demandan
auxilio golpeados hasta el límite, la turba feliz en su posesión de
cuerpos como bultos, los Medios que registran lo ocurrido sin poder
intervenir, el júbilo de algunos participantes, y el rechazo del
horror que garantiza la plena humanidad de unos cuantos. Es obvio
pero debe repetirse: nada justifica un linchamiento y argumentar
los usos y costumbres de las comunidades, además de absurdo,
"redime" la intolerancia de siglos en nombre de la idolatría: la
voz del Pueblo es la voz de Dios.
Un buen número de los usos y las costumbres se justifica; otro,
inadmisible, tiene que ver con los derechos de las mujeres y la
libertad religiosa. Por eso, no tiene sentido la reivindicación
totalizadora del concepto. En este tiempo, ¿cuáles usos y cuáles
costumbres se admiten sin más? Y también, de manera complementaria,
deben reconsiderarse los vínculos entre las sociedades y la
policía. Se explica perfectamente la crítica a la policía, en
especial la Judicial, pero eso no desaparece lo innegable: cada año
mueren asesinados en el país veintenas o cientos de policías en
cumplimiento de su deber. Negarlo es un acto de intolerancia y
desinformación que deshumaniza a los que lo niegan y acentúa en la
policía la noción de una sociedad enemiga. Es preciso aceptarlo:
esos policías asesinados, heridos, mutilados, son parte de las
sociedades.
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La intolerancia del Estado nunca es admisible y de allí el oprobio
histórico de las campañas gubernamentales de desfanatización en las
décadas de 1920 y 1930. La represión y la destrucción nunca
persuaden, aunque éste es un argumento secundario: el central es la
obligación del Estado que debe proteger y respetar las creencias de
todos. También debe decirse: la respuesta de los cristeros durante
esa guerra de tres años es también sangrienta, y antes de serlo,
muchos de los mártires fusilan, martirizan, desorejan maestros
rurales, violan maestras ante sus alumnos, cuelgan de los árboles a
sus enemigos. Y si las guerras religiosas son irrepetibles, se
precisa la crítica a los procedimientos de ambos lados. No se
pueden oficializar o beatificar las cargas de fanatismo y voluntad
de exterminio.
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Un capítulo imprescindible de la intolerancia: los crímenes de
odio, aquellos dirigidos contra la especie o el género de los
"sexualmente despreciables". De principios del siglo XX a nuestros
días es interminable el número y la diversidad de los victimados,
esas personas a las que, por lo común, el asesino recién conoce, y
que a sus ojos encarnan la subhumanidad, la fragilidad física y
síquica que pone de realce la importancia de quien desaparecerá. El
término crímenes de odio se implanta a finales del siglo XX a raíz
del asesinato del joven Mathew Shepard (22 años), al que sólo por
su condición gay dos delincuentes torturan y abandonan como
espantapájaros en una cerca. El asunto conmueve a un sector
amplísimo de la opinión pública estadunidense y lleva al presidente
Clinton a incorporar el delito de "crímenes de odio" en el Código
Penal.
En México, los crímenes de odio, la suprema demostración de
intolerancia, han cobrado miles de víctimas, muchas más de las
registradas públicamente (la pena de las familias solapa a los
homicidas). A los gays en busca de aventura sexual se les mata en
sus casas o departamentos, en la calle o en hoteles de paso, y la
prensa amarillista (la homofobia informativa) los califica de "mujercitos"
que "se llevaron lo que se merecían". Allí están en las primeras
planas de las publicaciones amarillistas, torturados, acuchillados,
estrangulados, asfixiados, con letreros con sangre en las paredes:
"Lo maté por maricón". Las raras ocasiones en que se les detiene,
los victimarios alegan haber sufrido "acoso sexual" o farsas
similares. Basta ver las declaraciones del "Sádico", el sujeto que
este año, con ayuda de dos cómplices, secuestró, torturó
dilatadamente y exterminó a cuatro jóvenes que no conocía pero que
"provocaban con sus miradas en la calle". Y basta ver también cómo
a los Medios no les interesó el asunto. Esa es la indiferencia de
odio.
Se podrían definir como crímenes de odio muchísimos feminicidios,
una palabra que notifica el sexo de la víctima, algo indispensable,
pero que no sitúa la índole del machismo sanguinario, que actúa a
cuenta de la supremacía física. Los casi 500 feminicidios de Ciudad
Juárez cumplen con los requisitos de los crímenes de odio: los
asesinos van (así, de modo literal) de cacería, no conocen a sus
víctimas pero las odian por su condición de seres violables e
indefensos, el "delito mayor".
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Lo expresó magníficamente César Vallejo: "y desgraciadamente
hombres humanos,/ hay hermanos muchísimo que hacer", y no hay duda:
la intolerancia retiene un número enorme de posiciones y reflejos
condicionados (por ejemplo, las burlas a los defensores de los
derechos de los animales, lo que incluye desde luego el desdén ante
la crítica a la barbarie de las corridas de toros). Esto es cierto,
pero no debe minimizarse lo conseguido y lo irrebatible del
desarrollo de la opinión pública. Hace casi un siglo el filósofo
Alfred North Whitehead escribió: "Nada puede detener una idea cuyo
tiempo ha llegado", y la certeza de este axioma se observa en el
reconocimiento creciente de los derechos reproductivos, y en hechos
de diversa índole (verbigracia: el gobierno de la derecha ya no se
atreve a decir "Iglesia" y muy a su pesar, chiquillos y chiquillas,
habla de "iglesias"; es cada vez más activa la defensa de los
derechos de los niños; se intensifica la resistencia femenina a la
violencia intrafamiliar; se extienden las antes clandestinas
denuncias por violación). Y hace poco se vivió un acontecimiento de
la mayor importancia vinculado a una idea cuyo tiempo ha llegado:
los derechos de las minorías. La Asamblea Legislativa del Distrito
Federal aprobó la Ley de Sociedades de Convivencia.
Al respecto, se le adjudica el triunfo a los activistas que desde
hace siete años han promovido esta ley, esto es innegable y justo,
pero lo histórico del hecho radica en lo antes impensable: la
victoria de los activistas se integra al avance social en donde
muchos participan, a la lucha contra los prejuicios y sus poderes
confesionales y mediáticos. Lo histórico proviene de la alianza de
las demandas específicas y las consideraciones de quienes ya se
oponen a la sociedad de las exclusiones. Al reconocer como suyos
los derechos de las minorías, la Asamblea Legislativa proclama su
compromiso con la sociedad que por ser diversa no admite que,
ansioso de prohibir, el fundamentalismo declare su representación
exclusiva del monoteísmo, con todo y ordenanzas (¡Ah, esos obispos
que señalan airados y sin inmutarse que en la Biblia Dios se opone
al condón!). Y examínese el modelo de sociedades de convivencia
aprobado en la ciudad de México, que no es exclusivo para las
parejas gays o lésbicas ni tampoco reclama un vínculo o trato
sexual. En la exposición de motivos de la iniciativa se anota: este
tipo de sociedades puede establecerse "en aquellas relaciones en
las que no necesariamente exista trato sexual, sino sólo el deseo
de compartir una vida en común, basada en auténticos lazos de
solidaridad humana, de comprensión mutua y apego afectivo". La
única limitante: que no exista parentesco o lazos de consanguinidad
hasta en cuarto grado.
En esencia, observa Jenaro Villamil, la ley amplía
significativamente los derechos de todo tipo de parejas sin certeza
jurídica en su unión, que no le generan a sus parejas derechos
sucesorios, ni asumen deberes recíprocos. Este elemento era común
en el caso de decenas de uniones entre gays o lesbianas e, incluso,
entre ancianos o personas de la tercera edad que compartían un
espacio con algún amigo o amiga. Al morir uno de los individuos, su
pareja no podía reclamar derechos sucesorios. Muchos de sus bienes
pasaban a formar parte de la beneficencia pública o, en el peor de
los casos, se generaban serios conflictos con los parientes
cercanos, reconocidos como
los "herederos legítimos".
A pesar de estos avances, hay varios puntos pendientes para el
reconocimiento pleno de derechos entre uniones de este tipo. El
principal es la posibilidad
de proporcionar seguridad social y otro tipo de prestaciones a
alguna de las parejas que carezca de ella. Para lograr este punto
se requiere aún una reforma en la ley federal sobre la materia.
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Celebramos un hecho primordial jurídico y ético, otra más de las
comprobaciones de lo evidente: los puntos de vista son respetables,
la oposición irracional a los derechos elementales no lo es, y la
modernidad le concede la razón a muchísimas ideas cuyo tiempo ha
llegado.
Felicito a los activistas, a los asambleístas que votaron
afirmativamente, a las personas directamente reconocidas por la
ley, y a la entidad más beneficiada por la diversidad de razones, la ciudad de México.
Esta vez los intolerantes ni han vencido ni han convencido.
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