La Cuchara, Modemmujer, www.modemmujer.com.ar
16 de noviembre de 2004


25 de noviembre. Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres

2º Llamado a la Acción 2004. Respaldando la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belem do Pará. (RSMLAC)

La Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, a una década de la ratificación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, Convención de Belem do Pará, desea dar continuidad al llamado a la acción lanzado el año pasado para la Campaña 25 de Noviembre.

Efectivamente, tomando en cuenta que este año 2004 se cumplen diez años desde que esta Convención fuera adoptada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americano, queremos dar continuidad al esfuerzo iniciado en 2003 por diversos grupos que trabajan en la región en pro de los derechos humanos de las mujeres, en especial, su derecho a vivir libres de violencia. Agradecemos el apoyo de las 90 organizaciones participantes en esa jornada de activismo, representado a 11 países de la región e involucrando a una población de más de 12.000 personas, y las instamos a continuar este esfuerzo, ojalá involucrando a nuevas organizaciones sensibles a esta temática.


¿Por qué es trascendente?

La importancia de esta Convención ha sido significativa para los derechos humanos de las mujeres pues tiene características que la distinguen de otros convenios o tratados internacionales. Puede decirse que es uno de los textos jurídicos que más ha ayudado a esclarecer que la violencia contra las mujeres es una violación a sus derechos humanos, y que todos los sectores sociales y también los Estados son responsables de que no siga ocurriendo. Por tanto, rompe con el manido concepto de que los actos de violencia y abuso contra las mujeres constituyen hechos del ámbito privado, y que por ende se los considera de natural ocurrencia.

Sin embargo, una de las conclusiones de la campaña de 2003 fue que, en general, los grupos de mujeres manifiestan un nivel de desconocimiento del potencial intrínseco de protección de los derechos humanos de las mujeres que caracteriza a la Convención de Belem do Pará. Por ende, no se ha realizado en el curso de la década una vigilancia ciudadana efectiva y permanente de su implementación en los países, ni se ha planteado con suficiente fuerza a los Estados ratificantes la urgente necesidad de que la apliquen en toda su extensión y promulguen leyes contra la violencia en los contextos nacionales. O bien, si esas leyes existen, no se ha exigido que se constituyan en instrumentos realmente efectivos para la denuncia de la violencia contra la mujer y para la sanción de los agresores.

La realidad de la región -y de todo el mundo- es que la violencia hacia las mujeres y las niñas es un fenómeno grave, frecuente y con profundos efectos en la vida y salud de las afectadas. Las cifras nos dicen que tanto en la vida privada como en el ámbito público se producen distintas formas de violencia (abuso, castigos físicos, acoso sexual, violación, torturas, maltrato psicológico y económico, tráfico sexual, etc.), que se explican principalmente por razones de género, es decir, por una construcción social del género femenino que se caracteriza por la subordinación, la dominación, la subvaloración. Por lo tanto, no hay perfiles únicos de mujeres agredidas, cualquiera puede serlo: jóvenes y ancianas, mujeres casadas o solteras, mujeres de sectores populares o pertenecientes a clases acomodadas. Su riesgo, por lo tanto, se explica por el solo hecho de ser mujer en una sociedad aún dominada por un modelo patriarcal y excluyente, donde las relaciones de poder son completamente desiguales y jerárquicas.

Especialmente grave es el panorama en aquellos países afectados por situación de conflicto armado, ya que se ha comprobado que en estos contextos las mujeres y niñas/os constituyen el mayor porcentaje de las víctimas y frecuentemente se ven obligadas a desplazarse de sus territorios de origen, lo que aumenta el riesgo de abusos y violencias. Asimismo, los conflictos sociales que se han recrudecido en la región con un aumento de la pobreza, desempleo, migración, tráfico de personas, etc., son otros fenómenos que inciden en la profundización de la violencia de toda índole, incluyendo la violencia con sesgo de género.

Ante este desolador panorama, la Red de Salud ha estimado necesario continuar apoyando las actividades de las organizaciones de mujeres tendientes a lograr que los contenidos de esta Convención histórica pasen a formar parte no solo del acervo intelectual de las personas, sino que se constituyan en elementos claves en la defensa de la integridad de las mujeres y niñas, y en la reafirmación de sus derechos en todos los ámbitos de la sociedad.

Asimismo, y como se trata de un instrumento jurídico de carácter vinculante que obliga a los Estados que la han ratificado a tomar acciones en el espíritu de la Convención, esto refuerza la necesidad de trabajarla desde las organizaciones de mujeres para hacer uso de ella. Pues no hay que olvidar que las omisiones que violen el articulado de la Convención puede ser motivo para que las personas o instituciones acudan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para presentar denuncias o quejas.


Objetivos de la campaña

La Red de Salud a través de este llamado se propone:
t Contribuir a la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en sus distintas expresiones.
t Articular a las organizaciones de mujeres de la región a fin de que se pronuncien en torno a la aplicación de la Convención en su país; informarse sobre la existencia de legislaciones y mecanismos de sanción de actos de violencia hacia la mujer; etc. Asimismo, capacitarlas para interpelar a los gobiernos locales y nacionales en torno a la aplicación de la Convención.
t Solicitar a los gobiernos y a los sectores involucrados para trabajar conjuntamente en la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, y en la atención integral a las mujeres agredidas.
t Educar sobre la prevención de la violencia entregando herramientas a las mujeres para que identifiquen y rechacen cualquier conducta que atente contra sus derechos e integridad corporal.
t Demandar atención integral para las mujeres agredidas, incluyendo la reparación por los daños recibidos. También exigir procesos de capacitación a los profesionales de la salud para atender de manera apropiada a mujeres que sufren violencia, al igual que el personal policial.

Se pueden desarrollar actividades de difusión, de impacto público, trabajo de grupos, presión política, etc., las que deberán contribuir a:

1. Develar la calidad de las respuestas que las leyes locales ofrecen al problema de la violencia contra las mujeres.
2. Identificar en forma participativa con las mujeres de sus comunidades, los mecanismos de operación de la justicia ante las distintas formas de violencia contra las mujeres.
3. Promover abogacía activa con legisladoras/es, profesionales de salud, educación y personal policial, para sensibilizarlos en torno al tema.
4. Implementar grupos de conversación para mujeres que deseen testimoniar sobre sus experiencias de violencia y orientarlas acerca de la protección a sus derechos y donde deben acudir.