Jugando a la ruleta rusa con los embarazos infantiles

En Nicaragua, una de cada 4 muertes maternas ocurre en adolescentes

por Sylvia Torres*

Viendo jugar a las niñas de mi entorno, mis sobrinas, las hijas de mis amigas o vecinas, muchas en sus nueve, diez u once años, observo que están entregadas a descubrir los secretos de la división a cuatro cifras, misterio inalcanzable para mí sin el auxilio de una calculadora, a aprenderse la última canción de Britney o del reggaeton, o ensayando bailes y peinados.

Me da escalofríos imaginarlas “panzonas” o “conviviendo” con parejas, ya no se diga pariendo producto de una violación. Ser madres no es cosa de niñas, ellas están en una edad en la que se debe jugar, soñar y aprender.

La violación y el abuso sexual a niñas, y el embarazo infantil producto de esas agresiones se repite tan a menudo que personal médico y policial, ya lo empieza a ver como natural. Cómo podría ser natural para una niña tener que cargar de por vida con el trauma de un embarazo producto de la horrible agresión que significa una violación sexual.

Según la ley, cualquier relación de tipo sexual con un niño o niña menor de catorce años es por definición delictiva. Desde una perspectiva de derechos humanos, la maternidad es una decisión informada de mujeres adultas que eligen libremente cuándo y cuántos hijos tener.


El derecho a decidir

En el mundo por el que luchamos muchas mujeres el tener hijos debe ser producto de la libre elección de la pareja. Revuelve el estómago pensar que la falta de apoyo estatal imponga la maternidad a las mujeres al dificultarles o impedirles la realización de una interrupción cuando la "barriga" es producto de la violencia sexual. El asunto es peor cuando se trata de una chavalita, como ocurre en el caso de la nueva niña violada y embarazada, esta vez en Managua.

La súplica infantil de que le saquen “eso”, expresada por la niña, y apoyada por su abuela está respaldadas por la Constitución y por las Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos firmadas por Nicaragua. Como niña, el Estado tiene que proteger su infancia, en tanto persona el Estado tiene que proteger su vida.

El miedo a perder la vida expresado por la niña, es justificado. Citando cifras oficiales, un diagnóstico sobre el Estado de los Derechos Sexuales y Reproductivos en Nicaragua del período 1997-2003, realizado por Cladem-Nicaragua, registra que la tasa de embarazos en mujeres de 15-19 años es la más alta de Centroamérica, y que como resultado de ésta situación, en Nicaragua, una de cada 4 muertes maternas ocurre en adolescentes.

Si estamos hablando de riesgos reales para las muchachas de 15 años, apenas se necesita un poco de responsabilidad social para reconocer que éstos se multiplican cuando se trata de una niña.


La engañosa probabilidad

Hay personas que alegan que hay al menos dos casos de niñas que sobrevivieron físicamente embarazos a temprana edad, pero nadie puede asegurar que en los nuevos casos los pequeños úteros no estallen con el crecimiento del feto.

Las autoridades de Mifamilia, hasta ahora a cargo de la tutela de la niña, han ignorando la petición de la afectada, y declarado que no ven la necesidad de la valoración de una Junta Médica que pudiese pronunciarse sobre un aborto terapéutico. Tomando en cuenta la actuación de ésta institución en el caso de Rosita, en donde no se le brindó información sobre los riesgos, cabe preguntarse cuántas presiones y manipulaciones está sufriendo la niña para aceptar un hecho que aunque se vea como natural, no lo es.

El Estado entero está en entredicho, a sus instituciones corresponde proteger la integridad de la vida de esta niña, ante todo porque en el Arto. 9 del Código de la Niñez se establece el principio del Interés Superior de la Niñez, que menciona que primero se debe pensar en lo que más favorece a la vida de la niña, y luego aquello que es necesario para su crecimiento y desarrollo.

El pasado Día de las Madres la primera en serlo fue una niña de 14 años, quien a causa de su embarazo, dejó de estudiar el quinto grado de primaria, y quien, según la nota informativa, tenía dos convivir maritalmente con el padre de la criatura. Al entregar la respectiva canasta, el ministro felicitó sonriente a la chavala, sin hacer una reflexión y apurar medidas para prevenir esta situación, más que promoverla.

En el caso de la niña violada y embarazada, se repiten muchos de los tropiezos y negligencias ocurridos con Rosita: tardanza en el acceso a la justicia, ocultamiento de información y que en la decisión de realizarse un aborto terapéutico pesen más las opiniones religiosas que los dictámenes médicos y el mandato de la ley.

Si algo fatal le sucede a esta niña, los representantes del Estado serían responsables, al menos de un homicidio culposo. No se puede jugar a la ruleta rusa con la vida de las niñas ni obligarlas a cargar con un hijo de un momento que quisieran olvidar.


* Antropóloga y periodista