Campaña por una Convención de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos

Primera versión
(para el debate)

MANIFIESTO
Nuestros cuerpos, nuestras vidas

La propuesta se inscribe en una de las tareas más importantes de todo movimiento social: construir e impulsar referentes de cambio para el mediano y largo plazo, definir estrategias con potencialidad y capacidad movilizadora, organizar ejes de trabajo para la acción política, generar alianzas y consolidar la acumulación de poder suficiente para hacer oír nuestras voces y colocar nuestros puntos de vista en escenarios democráticos, es decir, espacios que habiliten las condiciones para informar, debatir y garantizar la expresión de las diferencias en la perspectiva de construir canales de entendimiento mutuo, así como en ámbitos nacionales e internacionales que cuenten con actores políticos, sociales y económicos para llevar a la práctica los acuerdos alcanzados y dotarlos de mecanismos institucionales.

Sabemos que la democracia sigue siendo una construcción desafiante y es hoy una meta por alcanzar. En este sentido necesitamos repensar los sistemas políticos, económicos, sociales y culturales destinados a expandir y fortalecer las capacidades de todos los seres humanos en condiciones de igualdad sustancial y libertad real. Consideramos que la tarea de cerrar brechas para eliminar toda forma de exclusión y discriminación debe convertirse en su consigna y objetivo principal. En este lineamiento se inscribe nuestra propuesta.

Entendemos que se trata de una apuesta compleja pues en el centro de nuestras aspiraciones y en la resignificación de las banderas de la igualdad y la libertad se encuentra la diferencia sexual, precisamente aquella pieza clave para la definición y el goce de los derechos reproductivos y los derechos sexuales de todos los seres humanos.


La historia y la diferencia sexual

La diferencia sexual fue invisibilizada con el objetivo de no reconocer a las mujeres como sujetos políticos, al mismo tiempo que fue utilizada para constreñir a las personas en roles únicos y fijos. En la medida que la búsqueda por la igualdad pretendió hacer abstracción de las diferencias, construyó un paradigma excluyente. Desconocer las condiciones objetivas, subjetivas y simbólicas de la diferencia sexual fue un camino equivocado. Las consecuencias de este error se extienden hasta hoy y sus efectos se pueden percibir en las percepciones, valores, normas y prácticas construidas política, económica y culturalmente. Todas ellas fortalecieron la noción de que todo lo diferente al referente abstracto "varón blanco, heterosexual y con recursos económicos" es inferior.

Hoy, aquí y ahora, sostenemos que es necesario reestructurar los contenidos del concepto de democracia. No podemos entender a la democracia como un sistema excluyente sino inclusivo: la democracia debe acoger siempre a los y las recién llegado/as porque la historia no sólo se construye por adhesiones, sino también por rupturas y reestructuraciones.

El tratamiento que hasta la fecha ha recibido la sexualidad y la reproducción ha sido opresivo para todos los seres humanos pero ha transitado por un camino de particular barbarie en el caso de las mujeres, los niños y las niñas. Mujeres, niños y niñas han sido expropiados de libertades y autonomía respecto de sus cuerpos, lesionando sus vidas de manera definitiva. El discurso sobre el cuerpo de las mujeres fue siempre una construcción del otro. Ha sido recién con los movimientos feministas que se han entendido los discursos disciplinarios del cuerpo y la consiguiente construcción de la naturaleza femenina como representaciones sociales organizadas por los hombres e introyectadas por las mujeres.

En la medida que nuestra propuesta se define como un aporte a la construcción de la democracia se propone impulsar procesos que nos permitan como sociedad, informarnos, discutir, debatir, revisar y volver a pensar sobre estos asuntos. No pretendemos hacer lo que criticamos: las bases de todas nuestras formulaciones serán el resultado de debates intensos al interior de nuestras sociedades y no sólo de las ideas de un conjunto de especialistas.

Nuestro principal objetivo es establecer las conexiones que existen entre las propuestas de desarrollo que hoy se debaten y se aplican en países como los nuestros, y el modo como éstas afectan nuestras prácticas sexuales y elecciones reproductivas. ¿Ejercemos realmente nuestros derechos sexuales?, ¿y nuestros derechos reproductivos?, ¿la actual propuesta de desarrollo económico y político de nuestra región está creando las condiciones para la ampliación y profundización de nuestros derechos, o nos está llevando por un camino inverso?, ¿pueden coexistir un enfoque de derechos humanos con un modelo de desarrollo neoliberal?

La importancia y pertinencia de elaborar nuevos marcos normativos de garantía y protección nos permiten defender con mejores herramientas nuestros derechos sexuales y nuestros derechos reproductivos. Por eso nuestra propuesta se inscribe en el marco de las luchas democráticas que el siglo XXI deberá enfrentar y consiste en seguir transformando los malestares, demandas y necesidades de las mujeres y los hombres en propuestas de naturaleza política. Aún cuando parezca una tarea audaz y muy difícil de alcanzar, es un quehacer impostergable que recupera las tensiones del poder y que, a su vez, propone referentes utópicos. Queremos que estos referentes orienten nuestra acción y la ayuden a cruzar la frontera que reta lo imposible para ingresarla en el terreno de lo posible.


¿Qué pretendemos con una convención?

La propuesta, concebida a largo plazo, se inscribe en el objetivo de garantizar y fortalecer los derechos humanos de todas las personas desde su nacimiento. Pretendemos institucionalizar un discurso de derechos que coloque en el centro la recuperación y reapropiación de nuestros cuerpos y nuestras vidas, que por fin reconozca a las mujeres su condición de sujetos plenos, desde una visión que amplíe nuestras libertades y otorgue nuevos significados al principio de igualdad y no discriminación. Sin embargo, sabemos que lo que no se logra instalar en el imaginario social, no cala ni posee capacidad transformadora. Por eso nuestra pretensión es incidir en las dimensiones culturales y sociales, contribuyendo a vencer prejuicios y resistencias, a la vez que en las políticas, institucionales y jurídicas que en última instancia definen y orientan los recursos del poder.

La sexualidad y la reproducción constituyen dimensiones sustanciales en la vida de los seres humanos. Históricamente han estado sobredeterminadas por numerosas variables económicas, políticas, religiosas y culturales, por lo tanto, el ejercicio de la sexualidad responde como tendencia a las formas como se administró y organizó la legitimidad, “la normalidad”, la legalidad; así como se excluyó y estigmatizó todo aquello que se alejaba o transgredía lo establecido en la norma.

La reproducción, piedra angular de la diferencia entre varones y mujeres, ha estado condicionada históricamente a través de un complejo sistema destinado al control y a la conducción de las capacidades reproductivas de las mujeres, pretendiendo constreñir nuestra identidad a la maternidad y condenando, moral y jurídicamente, todas aquellas conductas y actitudes que pongan en cuestión el mandato reproductor.


Lineamientos centrales:

Por todas estas consideraciones pensamos que nuestra propuesta deberá enmarcarse sobre la base de las siguientes orientaciones:

I. La definición de los derechos es una construcción histórica, por tanto, su interpretación y análisis son dinámicos y contextuales.

Afirmamos que la definición de los derechos es el resultado de las pugnas de poder desarrolladas históricamente, por esta razón representan las valoraciones e intereses que son fruto de las visiones que contaron con mayor fuerza en cada época y sociedad. Esta es una de las razones principales que produce como efecto inconsistencias, vacíos y hasta contradicciones en nuestras leyes.

Debemos interpretar los alcances de los derechos, en la medida que se trata de construcciones históricas, de forma dinámica y contextual, es decir, a partir de la capacidad de adaptarse a las nuevas claves políticas, económicas, sociales y culturales que se generan con el paso del tiempo.


II. Es imperativo afirmar y desarrollar los principios de universalidad, interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos.

Todos nuestros Estados ratificaron en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena 1993), la importancia de afirmar estos tres principios, que significan no sólo que los derechos humanos son para todas las personas sino, y esto es lo más importante: requerimos que todos nuestros derechos se ejerzan en forma simultánea, porque para vivir con bienestar no se puede disfrutar sólo de algunos. No hay jerarquías entre los derechos humanos, no existen unos que son más importantes que otros. Tampoco los Estados pueden subordinar o diferir el cumplimiento de unos excusándose en que están cumpliendo con los otros. La universalidad de los derechos humanos no pretende imponer una norma cultural ni identitaria fija ni única, sino una norma jurídica que garantice una protección mínima, por debajo de la cual la dignidad humana deja de existir.

La revolución conceptual de este modo de entender los derechos humanos es tal, que en general todavía no alcanzamos a entenderla ni mucho menos llevarla a la práctica. La aplicación de estos principios rompe con la visión que normalmente tenemos de cómo se deben defender nuestros derechos y nos acerca a la vida misma, es decir, a la manera de actuar y ejercer nuestros derechos en la cotidianeidad.
Para vivir con bienestar necesitamos trabajo, salud, educación, vivienda; pero también libertad, integridad, dignidad y una vida libre de violencia. Es desde esta mirada integradora y sistémica que pretendemos desarrollar nuestra propuesta.


III. Es imprescindible defender los derechos humanos frente a la lógica implacable del mercado.

Creemos que la forma en que se respetan y ejercen los derechos humanos en una sociedad constituye una de las expresiones más evidentes de los niveles de articulación entre sus sistemas político y económico. No podemos entender los procesos de definición de derechos, su defensa y ejercicio al margen de los mecanismos de los que las sociedades se dotan para promover y lograr su desarrollo.

La disminución general de las condiciones para asegurar la calidad de vida, el aumento de las brechas de exclusión y el desplome de los Estados de Bienestar son alarmantes y representan la evidencia suficiente para demostrar que la lógica del mercado entra en nuestra región en abierta contradicción con las concepciones y visiones que sustentan los derechos humanos.

Mientras la lógica del mercado aboga por adelgazar las garantías para el ejercicio de determinados derechos y diluir o postergar las obligaciones estatales; la teoría, doctrina y los acuerdos internacionales en materia de los derechos humanos colocan en el centro de su preocupación el bienestar de todos los seres humanos, así como la definición y cumplimiento progresivo y no regresivo de las obligaciones económicas y sociales de los Estados. Asimismo entiende que todo interés económico que entre en contradicción, limite o ponga en riesgo la calidad de vida de las personas constituye un obstáculo que debe ser removido.

La vigencia de los derechos humanos requiere de políticas redistributivas y de un Estado que garantice el cumplimiento de sus obligaciones en el marco de los acuerdos a los que llega como parte de la comunidad internacional.


IV. Debemos demarcar las responsabilidades estatales para la generación de marcos de garantía para la ciudadanía.

Los Estados han mantenido intactas sus potestades legislativas, ejecutivas y judiciales a través de las cuales regulan la vida de lo/as ciudadano/as, determinan la legitimidad de nuestras conductas y juzgan nuestra actuación en los diferentes ámbitos de la vida. Semejante potestad fue acompañada de un conjunto de responsabilidades que el modelo neoliberal no ha podido suprimir, aún cuando intenta atenuar.

Nuestra intención es diseñar y precisar las obligaciones estatales destinadas a proteger de manera efectiva la autonomía y la capacidad de decidir y disfrutar de nuestros cuerpos y nuestras vidas, pieza central de una reivindicación consensuada y expresada públicamente por muchas organizaciones sociales a lo largo de la historia. No nos interesa esforzarnos en detallar los derechos que definen la sexualidad o la reproducción, pues esta obsesión por la calificación de todo derecho podría sustituir una cárcel por otra.

Nuestro empeño se centra en crear las condiciones para garantizar efectivamente el ejercicio de los derechos reproductivos y los derechos sexuales, remover barreras discriminatorias de toda índole, así como precisar las funciones que se derivan de las obligaciones de respetar, promover y proteger de los Estados.


V. Las feministas planteamos un enfoque diferente para garantizar el ejercicio de la sexualidad y la reproducción.

Sabemos que la humanidad ha caminado, en particular en los dos últimos siglos, hacia la ampliación y profundización de las libertades. El siglo XX se identifica históricamente como el siglo de los derechos. Sin embargo, también sabemos que en este consenso ganado, cuando menos a nivel del discurso, existen importantes diferencias que tienden a jerarquizar la naturaleza de las libertades, así como la elección de los sujetos que las detentan, neutralizando o limitando estos avances.

La familia, piedra angular, material y simbólica de la organización social, se ha convertido en una institución cuya vigencia todavía se coloca por encima de las libertades, los deseos y las necesidades de los individuos. Un entramado de factores de tipo normativo y cultural nos reitera hasta la saciedad esta sentencia. Sin embargo, la percepción de la familia como espacio intocable y privado que simboliza armonía, protección y cuidado, comienza a desdibujarse precisamente cuando se hacen evidentes los abusos originados en la asimetría de poder que se vive en su interior. Uno de los resultados de este abuso de poder, quizás el más deleznable, es precisamente la violencia contra las mujeres y los menores. Las cifras de los abusos son tan alarmantes que la violencia familiar y doméstica ha merecido la calificación del crimen silencioso más extendido en el mundo por las Naciones Unidas.

El fundamento patriarcal que organizó la idea y el funcionamiento de la familia todavía subsiste, subyacen a su organización un conjunto de reglas opresivas y especialmente discriminatorias para las mujeres, los niño/as y los adulto/as mayores que deben ser erradicadas. Las instituciones jurídicas vinculadas a la familia deben ser revisadas desde una visión que corrija las desigualdades de poder en su interior y garantice el bienestar que tanto proclama para todos sus integrantes. Su revisión, desde una perspectiva democrática, debe anclarse en los principios de libertad, igualdad y solidaridad para todos los individuos que la componen, así como en la necesidad de reconocer la heterogeneidad de familias que existen. No es posible que hasta el día de hoy persistan restricciones legales basadas en principios morales que impiden a muchas personas casarse y formar familia.

De otro lado, las libertades también se jerarquizan en razón de las personas. El ejercicio de la libertad sexual no se garantiza por igual para todas las personas: las libertades sexuales para las mujeres, independientemente de sus elecciones, tienden a ser más restrictivas con una especial orientación en razón de la edad, por tanto, son fuertemente sancionadas y estigmatizadas cuando se alejan del patrón heterosexual, de la familia matrimonial o convivencial y de la maternidad.

La libertad sexual de homosexuales y lesbianas no es comprendida, aceptada ni respetada, menos aún la de los bisexuales, transexuales o transgénero, entre otras razones porque todas estas expresiones vitales ponen también en cuestión los mandatos morales religiosos, el matrimonio, la familia heterosexual y su finalidad reproductora. La dificultad de aceptar las diferencias es otro de los terrenos en donde hay que trabajar arduamente para desarticular la idea de lo natural o del mandato único.

Modificar las lógicas del poder y sus discursos supone, también, devolver y recuperar el poder y el valor a nuestras percepciones y experiencias, que son las que finalmente contestan en nuestra vida cotidiana a ese conjunto de premisas y prescripciones que pretenden decirnos “lo que debe ser” en terrenos pertenecientes exclusivamente a nuestra vida y a nuestra libertad para actuar. Es necesario poner en cuestión los sustentos patriarcales que todavía subsisten, los mandatos morales particulares con pretensión de universalidad, pero también es imprescindible resistir a la idea de modelo único: uno de los grandes e inaceptables peligros reduccionistas de nuestros tiempos.

De otro lado, el entendimiento respecto a que el ejercicio de estas libertades es individual y privada ha dificultado esclarecer las relaciones y conexiones que existen entre la afirmación y ampliación de estas libertades en tanto derechos, y los contextos políticos, culturales, sociales y económicos. Como sabemos las instituciones han pretendido moldear y constreñir nuestros comportamientos sexuales y reproductivos. Por tanto, no basta con reconocer discursivamente y en forma abstracta nuestras libertades. Para que éstas se puedan ejercer realmente tendrán que generarse las condiciones institucionales, culturales, materiales y subjetivas para su concreción.

Para hacer realidad nuestros derechos no basta con eliminar las barreras jurídicas actualmente existentes, sino que es necesario transformar consistentemente la democracia, así como partir de un sistema económico que apunte a la solidaridad y no sólo la ganancia.

La ampliación y el respeto de nuestras libertades sexuales requieren de modificaciones sustanciales a todo nivel: legislativas, judiciales, de orientación en las políticas públicas, en la educación, en los medios de comunicación, en las instituciones privadas y en las organizaciones sociales en general. Pero también requiere de un cambio cultural y político, con el objetivo de eliminar todo contenido discriminatorio, no sólo del discurso, sino y fundamentalmente de las prácticas del Estado y de la ciudadanía.


VI. Necesitamos resignificar el principio de igualdad liberal a partir del fenómeno de la reproducción y habilitar el reconocimiento de la diferencia entre los sujetos.

La reproducción humana ha sido entendida como una tarea, como una obligación social y moral más que como un derecho. Es muy reciente la perspectiva que coloca como derechos de las personas las decisiones sobre sus capacidades reproductivas. Sin embargo, y tomando en cuenta que su desarrollo se sustenta en los principios de igualdad y libertad formulados en el siglo XVIII, consideramos que resulta especialmente relevante revisar los alcances de estos principios a la luz de una de las dimensiones de la vida en donde con mayor nitidez aparece la diferencia sexual.

Los principios de igualdad y libertad se conciben y desarrollan tomando como referencia a un sujeto universal abstracto y masculino; en esa medida la gran mayoría de los aspectos de la reproducción fueron obviados o, en todo caso, concebidos a partir de las visiones y potestades masculinas. Al estar ausentes las mujeres como sujetos políticos, la organización social tomó determinados cauces jerarquizando lo productivo por encima de lo reproductivo y trazando fronteras entre lo público y lo privado.

A pesar que con el transcurrir del tiempo los principios de igualdad y libertad se fueron ampliando y redefiniendo gracias a las luchas de los movimientos sociales, hoy es necesario advertir que todavía no se ha encarado de manera suficiente los supuestos, contenidos y efectos de la diferencia material y simbólica en los procesos reproductivos para varones y mujeres. Tampoco se ha cuestionado suficientemente la jerarquización de las dimensiones productivas y las reproductivas: todas las dimensiones de la reproducción humana siguen directamente asociadas a los intereses de la producción.

La noción de los derechos reproductivos constituye uno de los aportes del movimiento de mujeres a la perspectiva de producir transformaciones sociales que den una nueva configuración a la ciudadanía con miras a una mayor  democratización en la vida social. Desde esta perspectiva cabe preguntarse si es posible trabajar los derechos reproductivos a partir de la extensión de un principio de igualdad que no fue concebido para reconocer estas diferencias.


VII. Apostamos por la visibilidad y corporeidad de las mujeres en tanto sujetos con derechos, desterrando la visión tutelar que todavía existe.

En el siglo de los derechos asistimos a cambios sustanciales, uno de los cuales fue iniciar el camino del reconocimiento jurídico de las mujeres como sujetos de derechos. En esa medida las mujeres conseguimos la titularidad del derecho al voto, a la educación, al trabajo, siendo así que nuestra condición de seres bajo la tutela masculina comenzó su proceso de desmantelamiento. En la segunda mitad del siglo pasado avanzamos más, se nos reconocieron nuevos derechos al interior del matrimonio como el de contratar o trabajar sin requerir la autorización del marido. En las últimas décadas el reconocimiento fue sustancialmente mayor: con el develamiento de las fuertes contradicciones al interior del matrimonio y la familia heterosexual, se dio paso al reconocimiento jurídico de la violencia contra la mujer en la familia y la violación sexual dentro del matrimonio.

El reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres al interior del seno familiar significa no sólo haber creado una importante fisura a ciertos presupuestos conservadores que pretendían seguir ocultando lo evidente, sino un avance en la visibilidad y reconocimiento de los sujetos femeninos en tanto seres humanos autónomos de las instituciones a las que fueron confinadas. Por ejemplo, el "débito conyugal" de las esposas, que impedía el reconocimiento jurídico de la violación sexual al interior del matrimonio, confería derechos a un sexo por encima del otro, despojando a las mujeres de su condición de personas e instrumentalizándolas al servicio de los fines de la institución matrimonial.

En este camino hace falta todavía mucho por recorrer. Un aspecto central para continuar dándole corporeidad y densidad a los sujetos femeninos es aceptar la autonomía de sus decisiones reproductivas, es decir, continuar con el proceso normativo y simbólico de autonomización de la mujer de su destino materno como clave de su identidad. ¿Por qué se cree que las mujeres no pueden tener la capacidad de decidir que hacer con sus cuerpos y con sus vidas?, ¿quién o qué se considera que podría tener más poder o autoridad para decidir por encima de la voluntad de una mujer con relación a sus decisiones reproductivas?

Quienes creen que las mujeres no pueden o no deben decidir sobre un proceso reproductivo que se desarrolla en sus propios cuerpos y que afectará sus vidas e identidades de manera decisiva, defienden una visión tutelar y la idea que las mujeres todavía necesitamos de alguien que nos indique lo mejor para nosotras.


VIII. Afirmamos el Estado de Derecho laico como uno de los sustratos básicos de las sociedades democráticas.

Considerando que la separación entre las iglesias y el Estado es la única forma aceptable de gobierno en una sociedad democrática, los Estados deben adoptar una postura neutral ante los diversos dogmas de fe. Conservar su carácter laico supone lograr una separación total, clara y absoluta entre las competencias de las iglesias, que corresponde exclusivamente a lo/as creyentes, y las del Estado, que corresponden al interés público y ciudadano.

Advertimos con preocupación rasgos fundamentalistas en algunas de las corrientes de pensamiento de las iglesias en nuestra región. En este sentido consideramos que un rasgo clásico del fundamentalismo es la sumisión extrema a los dogmas de fe que pretenden prevalecer por encima de la razón, del adelanto científico, de las leyes del Estado de Derecho y de los derechos de lo/as ciudadano/as. Una característica permanente en este tipo de razonamiento ha sido la afirmación de la subordinación de las mujeres y su confinamiento a los fines reproductivos y domésticos. Hoy, para desarrollar la democracia como un reto desafiante, es imprescindible la afirmación y fortalecimiento de la laicidad de los Estados como garantía de equidad en especial para todas las mujeres.


IX. Planteamos la revisión y redefinición del "contrato social".

El origen histórico de la igualdad fue excluyente. Las mujeres no estuvimos presentes en las definiciones de los contratos sociales, su enorme importancia reside en que éstos no sólo construyeron las relaciones entre los Estados y lo/as ciudadano/as, sino que definieron la naturaleza del Estado y la sociedad, así como la ciudadanía, por lo tanto, nuestra condición de sujetos políticos y con derechos no integró nunca esta construcción histórica.

El hecho de que las mujeres fuéramos diferentes a los varones no dio lugar al reconocimiento de dos sujetos diferentes pero en posición de equivalencia, sino que la diferencia fue observada, calificada y, por lo tanto, construida a partir de las visiones que se adjudicaron a un tipo ideal, abstracto de ser humano, que se convirtió en el paradigma. La diferencia fue entonces interpretada como carencia y su resultado fue la desigualdad: una condición de inferioridad que requería de tutela.

En esta medida consideramos necesario promover la definición de nuevos contratos sociales que partan del reconocimiento de la existencia de una multiplicidad de sujetos y de las diferencias entre ellos.


X. Proponemos desvincular la sexualidad de la reproducción.

El vínculo entre sexualidad y reproducción refuerza el imperativo reproductivo en nuestras sociedades tanto para hombres como para mujeres. Hoy quien no desea tener hijos se encuentra bajo sospecha, de tal manera que la decisión de tener o no tener hijos no es tan libre como se proclama, no es fruto de una elección estrictamente individual porque cargamos con todo el peso de una tradición cultural que califica y valora nuestras decisiones.

La vinculación entre sexualidad y reproducción diluye la importancia de ambas como campos separados de realización humana, pretendiendo que una es funcional a la otra, desvirtuando la enorme potencialidad que tiene el placer en nuestras vidas. Una cosa es que la realización del acto sexual sea una de las vías más comúnmente utilizadas para procrear, y otra muy distinta es que en nombre de esta conexión ambas dimensiones pierdan peso específico. De otro lado, no olvidemos que el mandato social de la conexión opera exclusivamente para las mujeres, pues en el caso de los varones estos campos están normalmente disociados.

Finalmente debemos advertir que en la conexión entre sexualidad y reproducción subyace una concepción exclusivamente heterosexual, que en principio excluiría las otras opciones de vivir y ejercer la sexualidad, por ejemplo aquellas que omiten la reproducción. Una prueba de la poca importancia de su desarrollo independiente es que, hoy en día, nosotras mismas los calificamos como derechos sexuales y reproductivos, quedando aún pendiente el desarrollo específico de cada uno de estos campos así como sus puntos de intersección.


XI. Es imprescindible la ampliación y comprensión de los derechos sexuales y los derechos reproductivos más allá del ámbito de la salud.

Los derechos sexuales y los derechos reproductivos abarcan las diferentes etapas de la vida de los seres humanos desde su nacimiento hasta su muerte y contemplan las distintas facetas en el desarrollo y actuación de su vida. De otro lado, estos derechos deben establecer las relaciones para garantizar que las decisiones individuales no sean afectadas por contextos adversos, basados en posiciones morales particulares, ni discriminatorias. Asimismo advertimos, con preocupación, la superposición entre la salud sexual y reproductiva y los derechos.

No dudamos de la importancia de los trabajos que se han desarrollado para mejorar la salud de las personas en estos ámbitos, ni de que la salud como un derecho social es fundamental para la vivencia de los mismos, sin embargo, debemos tener claridad de que los derechos sexuales, como los derechos reproductivos, no se pueden circunscribir al campo de la salud.

Esta superposición conlleva el riesgo de medicalizar la sexualidad y la reproducción, trasladando al campo médico el poder de organizar, clasificar y determinar los destinos saludables, por ejemplo, de nuestra sexualidad. En esta vinculación entre la salud sexual y la reproductiva, el peso en recursos y mayor desarrollo está en los aspectos  reproductivos, situación que nuevamente devuelve a la sexualidad un lugar disminuido.


XII. Planteamos promover la equivalencia en el ejercicio de las relaciones de poder: no hacer daño a los otro / as.

Nuestro ordenamiento jurídico está cargado de un conjunto de valoraciones y prejuicios producto de las visiones conservadoras que han predominado a lo largo de nuestra historia. Estas representaciones sociales han traído como resultado concepciones en el ejercicio de la sexualidad que la circunscribieron al matrimonio heterosexual y al mandato reproductivo como base de la familia La moral religiosa fue, en esta propuesta, el principal sustento ordenador.

Consideramos necesario revisar nuestra legislación descargándola de orientaciones morales particulares, entendiendo que éstas corresponden a las esferas personales y privadas de los seres humanos, y no a la formulación de derechos ni obligaciones en sociedades democráticas. No es democrático imponer valoraciones o creencias particulares al conjunto de la sociedad. Desde esta perspectiva la obligación de los Estados es garantizar el respeto a los derechos humanos fundamentales, asumiendo que no existe democracia real sin el respeto de los derechos de las mujeres, incluido su derecho a la autonomía sobre sus cuerpos.

Trabajar desde una lógica de derechos supone entonces comprometernos en la tarea de desarrollar contenidos que, desprovistos de toda carga discriminatoria, nos permitan aproximarnos nuevamente a lo que entendemos por no causar daño a otro/a, revisando esta noción y volviéndola a dotar de contenido. Uno de sus elementos centrales en esta nueva construcción, podría ser a nuestro juicio el abuso de poder, pieza clave en la historia de subordinación de las mujeres.


Lima, noviembre de 2002.