Del método anticonceptivo a la despenalización del aborto
Silvia Augsburger (*)
Desde el año 1997, la Secretaría de Salud Pública Municipal ha
asumido el compromiso de implementar el programa de Procreación
Responsable, que apunta a garantizar información, educación y
acceso a los métodos anticonceptivos en forma gratuita a la
población con menos recursos socioeconómicos. Luego de cinco años
de funcionamiento, el programa exhibe sus logros: 20.000 mujeres
acceden en forma gratuita al método anticonceptivo elegido desde
los centros de atención primaria y las maternidades y hospitales
municipales; la duplicación entre el 2000 y el 2001 de la cantidad
de mujeres en la Maternidad Martín que tuvieron lapsos de 2 años
entre un parto y el siguiente y la disminución en el último año
del porcentaje de madres que al momento del parto tienen menos de
20 años.
Con su Programa de Procreación Responsable el Estado municipal
avanza al proteger los derechos de las mujeres a disfrutar una
vida sexual satisfactoria y de procrear en libertad. Sin embargo,
esta correcta y eficaz política de salud pública no alcanza para
impedir la muerte como consecuencia de abortos sépticos. Hace una
semana los medios de comunicación local volvieron a conmocionarnos
con la información de la muerte de una joven de 17 años en el
Heca, luego de estar internada casi un mes como consecuencia de un
aborto mal realizado. Unos días antes el juez de sentencia Ernesto
Genesio condenaba a prisión en suspenso a una mujer por
interrumpir un embarazo a cambio de diez pesos, práctica que
derivó en la muerte de la mujer. La práctica del aborto es una
realidad y las estimaciones indican que en nuestro país se
realizan alrededor de 500.000 abortos anuales. También se estima
que entre el 35 y el 43 % de las muertes maternas en la Argentina
se producen como consecuencia de complicaciones de abortos
inducidos. Estadísticas del Indec informan además que en las
mujeres entre 15 y 19 años el aborto es la primera causa de
muerte.
Muchos son los países que respondieron a las exigencias de la
democracia, y muy pocos los que conservan las leyes punitivas
intactas, pero la mayor parte del mundo está de acuerdo en que
penalizar el aborto no soluciona el problema, sino obliga su
práctica a la clandestinidad transformándolo en una maniobra en la
que muchas veces se paga con la vida.
Aún los países más conservadores, obligados por una realidad que
superó a sus propias tradiciones debieron adecuar su legislación
en algunos casos despenalizando el aborto y en otros legalizando
su práctica.
Tener hijos debe ser siempre una elección y nunca una condena,
pero la hipocresía social obliga a mujeres y profesionales a
actuar en la clandestinidad dejando como resultado muertes
evitables o secuelas permanentes. La clandestinidad y la
ilegalidad llevan a beneficiar a unos pocos que hacen un negocio
sumamente lucrativo basado en la necesidad de las mujeres.
Según una encuesta realizada por el Centro de Estudios de Estado y
Sociedad (Cedes), 8 de cada 10 ginecólogos que trabajan en
hospitales públicos de Buenos Aires están de acuerdo que la
despenalización del aborto reduciría la muerte materna. Desde el
punto de vista sanitario la despenalización del aborto es una
medida correcta, ya que se evitarían las consecuencias físicas y
psíquicas que dejan las complicaciones de estas prácticas, y a su
vez permitiría a los profesionales actuar libremente cuando llega
la paciente a los establecimientos públicos con dichas
complicaciones.
Las miles de muertes de mujeres jóvenes y sanas son el punto de
partida para abrir el debate sobre un tema que por prejuicios
morales y/o religiosos se pretende ocultar. Es un deber abordar
este grave problema social, a través de la despenalización del
aborto, como un avance hacia una sociedad solidaria, libre e
igualitaria.
(*) Concejala del Bloque Socialista
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