ESTADO LAICO Y SOCIEDAD DEMOCRÁTICA

Relación con sectores de iglesia católica y religiones que apoyan los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que reconocen la diversidad sexual y la igualdad de género.

Una primera opinión señala la necesidad de establecer una relación desde “el enfoque de derechos humanos, en donde sean respetadas las diferencias”.

Para otra persona “la única relación posible es la del estado laico, que no quiere decir anti religioso, sino respetuoso de todas las opciones religiosas”. Entendiendo por estado laico “un ente sin religión, que se orienta por los principios del estado social, bienestar público, desarrollo y seguridad pública y que tiene como compromiso considerar los aportes de la ciencia para el diseño de las políticas públicas”.

Se señala también la necesidad de dejar de “pelear” con los sectores conservadores de la Iglesia Católica y “formar alianzas con los sectores progresistas de la Iglesia y de otras religiones que apoyan los DRDS”. La misma persona manifiesta la necesidad de contar con una definición de libertad sexual e insistir en que el derecho de las personas a tener una religión, “no puede irse en contra otros derechos humanos fundamentales de personas, que están asociados a la libertad sexual”.

Otra persona plantea que “La Iglesia (cualquier denominación que sea) no debe participar en estos temas”. En la misma línea se agrega que a pesar de lo anterior es “importante conocer sus puntos de vista en estos asuntos (...) y a base de esto evitar caer en trampas y construir teorías positivas desvirtuando, en forma sutil si fuese necesario, lo que las iglesias enseñan sobre la sexualidad”.

Para enfrentar este “monopolio” de las religiones frente al tema, una opinión señala la necesidad de “contar con personas que tengan un pleno manejo de la teología (...) para desde ese conocimiento poder empezar a deconstruir y reconstruir posiciones”.

Otras opiniones, en cambio, aspiran a una relación de diálogo “apegándose en todo momento a la conservación de valores para una cultura de paz, evitando hasta donde sea posible confrontaciones innecesarias”.

Se señala también la necesidad de una alianza estratégica que considere la influencia que estas instituciones tiene en la vida de las personas, estableciendo una relación, “que deberá ser la misma que con otras organizaciones de la sociedad civil”.

Otro planteamiento señala que “establecer alianzas con los grupos religiosos abiertos al tema es un valioso recurso para difundirlo, crear conciencia y generar procesos de cambios actitudinales en las personas que los integran: dirigentes y comunidades”.

Se manifiesta también la necesidad de coordinación entre ambas partes para evitar “retroceder en todos avances que hemos obtenido como organizaciones sociales que trabajamos por los derechos sexuales y reproductivos de las personas “.


Estrategias para enfrentar monopolio de religiones como rectores morales

Una primera opinión plantea la necesidad de enfrentarlo desde “el enfoque de los derechos humanos.

Se plante también oponer “la estrategia de la defensa del estado laico”. La misma persona señala la necesidad de “visibilizar los nexos de doble moral y de intereses económicos detrás de las iglesias organizadas”.

Por otra parte se considera que la mejor estrategia, sería “seguir EDUCANDO en forma masiva y continua, sobre nuestros conceptos de moral, sobre nuestros conceptos de amor, tolerancia, diversidad, etc”.

Se señala también la posibilidad de “abrir frentes de alianzas con los movimientos sociales “intercontinentales” consecuentes a nuestra lucha (...). Tener un equipo especializado capaz de construir contra-argumentos a los manifiestos de los fundamentalistas y discursos de las potencias económicas y geopolíticas. (...) RESISTENCIA Y RECUPERACIÓN de lo propio ante la cultura dominante”.

En la misma línea se propone el “énfasis en la asociación con instituciones académicas y movimientos sociales que apoyan los DDSSRR”.

Se manifiesta le necesidad de “usar las alianzas con algunos medios de comunicación y dar a conocer las estadísticas reales de la muerte materna, de los embarazos adolescentes, de las mujeres victimas del abuso del poder que ejercen los hombres”.

Otra persona señala que las estrategias deberían tender a fortalecer el estado como actor principal de las políticas específicas e instar el debate sobre el estado laico en el espacio público. “Es necesario sostener este debate en el tiempo, no permitir que sea solo coyuntural, hacer lobby con los medios que se manifiesten sensibles al tema, movilizar a la sociedad civil en torno a ellos”.

Una opinión manifiesta que debido a que la moral es un referente relativo, ajustado a los cánones de quiénes la esgrimen como marco de control, prefiere “hablar de ética, como principio universal fundamentado en el respeto por los derechos de la persona, sin violentar los de los demás”.

Por último se señala que la estrategia sería “delimitar lo que les corresponde y lo que no, a través de leyes y acciones publicas”.


Libertad religiosa

Para una de las personas participantes en el debate “tiene que ver con una propuesta ecuménica, no dogmática, ni fundamentalista, que asume el tratamiento de las inequidades y desigualdades con objetividad”.

Se considera también que “se refiere al conjunto de garantías constitucionales que preservan el derecho de las y los individuos a profesar o no una religión, al tiempo que norman algunas obligaciones”.

Otra opinión manifiesta que “es vivir la religión respetando las normas sin que estas violen nuestros derechos humanos y de humanas”.

También se cree que es “la facultad de obrar dentro o fuera de la religión o de lo religioso” o como señala otra persona, “la capacidad de escoger la fe que queremos profesar ( opción y oportunidad) libertad que se extiende a la forma como la queremos poner en practica; considerando en todo momento que tal  derecho no vaya en detrimento de la libertad de otras personas”.

Una opinión considera que “ser libre religiosamente hablando debe incluir ser libre de pensamiento, pero también de ejecución”.

Se señala también que es “la creencia de practicar la fe que los Hombres y las Mujeres sientan como parte de su necesidad de quietud espiritual”.

Por último alguien considera que se trata de “otra expresión de la libertad” y de “libertad de culto”.


Igualdad religiosa

Una persona plantea que la igualdad religiosa consiste en que “la teoría y la acción religiosa no tenga connotaciones de ningún tipo de discriminación por género u opción sexual”.
Para otra y en lo relativo a los países sin religión oficial, “corresponde a un grupo de reglamentación que norma la constitución, vida y disolución de las organizaciones religiosas”. La misma opinión considera que “en lo relativo al ámbito individual, hay que referirse a las garantías constitucionales que preservan derechos y obligaciones de personas con creencias diversas”.

Otra opinión señala que en este sentido “es importante resaltar que los Estados deben permitir a cada persona la práctica de su fe sin más restricciones que el respeto al otro(a) a la vida, integridad física y sicológica garantías extendida al sujeto individual y colectivo”.
Para otra persona consiste en “igualdad de derechos, oportunidades y resultados”. En la misma línea se agrega que consiste en la “libertad de las personas a elegir religión o camino espiritual y a tener sus propias creencias”.


Formulación de principios sobre bases éticas y políticas del nuevo contrato social

Una primera opinión señala la necesidad de que “la religión se mantenga al margen de las diferencias”.

Siguiendo otra línea se habla de que debe ser un contrato “ético, equitativo, respetuoso.”
Otra persona señala que dentro de estas bases éticas “los principios deben de ser amplios para poder incluir toda clase de pensamiento y creencia”.

Se manifiesta también que un nuevo contrato debe “partir de la premisa del ser humano (mujeres y hombres) como actores participes de la construcción social y en tema sexual debe erradicar la asignación de la mujer como ser sexualmente subordinado al hombre”.
Se considera que debería darse más visibilidad “a la dimensión de placer y erotismo desde el punto de vista de las mujeres”.

Para otra participante es importante“aceptar que las formas sostenidas hasta el momento no han resultado eficaces en materia de proveer la felicidad y bienestar de las gentes, y esto incluye a los varones y todas las formas posible intersexo”. A lo que agrega que “la ética de la cooperación, de la aceptación de lo diverso son a mi criterio los dos puntales básicos”.

Por último una persona señala su negativa a contestar este punto, ya que está en desacuerdo con la “visión contractualista”. “Defiendo al estado social como ente que tiene como función preservar y garantizar una serie de derechos a la ciudadanía. Por ello en mi propuesta hay que hablar de ciudadanía cruzada por el reconocimiento a la diversidad y todo ello bajo la garantía de la participación democrática”.


Medidas planteadas desde lo jurídico y lo cultural para lograr la igualdad de condición entre hombres y mujeres en un nuevo contrato social

Se plantea la necesidad de “develar la inequidad de género en las leyes y en la aplicación de las mismas”, así como también la de “establecer en los preámbulos constitucionales textos que sustentaran las diversas diferencias sociales”. Esta última persona agrega que “conceptualizar algunas puede ser importante para generar aplicación de la ley, antecedentes jurídicos y finalmente jurisprudencia que vaya en la misma línea”.

En la misma línea se considera la necesidad de plantear estas medidas “en una base de igualdad, equidad y justicia social”. Siguiendo esta línea alguien señala como ejemplo “acceso igualitario al trabajo, salario, ocio y participación política”.

Alguien señala que es pertinente recordar que “las leyes no van a producir los cambios por si solas” y que por lo tanto, se debe trabajarse paralelamente en “sensibilización educación y cambio de la normativa”.

Otra persona coincide con las normas de discriminación positiva “hay que ser audaz y hacer fuerza para extender los límites. No solo desear lo posible”.

Se señala la necesidad de “garantía del control sobre el propio cuerpo y las  decisiones que lo involucran, en especial en cuanto a los derechos reproductivos”. A lo que se suma:
t promoción de una cultura del autocuidado y cuidado del otro/a; promoción del conocimiento y ejercicio de los Derechos Humanos; exigencia de la participación de los estados en los instrumentos internacionales de derechos humanos y promoción de la inclusión de mujeres con conciencia de género en lugares de decisión”.

Una última opinión manifiesta que es necesario “seguir insistiendo en la construcción de ciudadanía, no sólo desde lo jurídico, sino también desde el fortalecimiento a los procesos locales que varias organizaciones de mujeres han venido realizando, en los cuales se recupere que la eficacia y efectividad de una normatividad implica un proceso de ciudadanización, en donde el / la ciudadana /o exija sus derechos y el Estado los garantice a través de mecanismos eficaces y no sólo con leyes enunciativas”.


Qué esperan las mujeres de un nuevo contrato social

“Derechos equitativos, seguridad, libertad, integridad”. A lo que otras personas agregan: “respeto, reconocimiento, igualdad, justicia social, desarrollo sostenible y sustentable, acceso a mejores condiciones de vida, educación, libertad plena y ejercicio pleno de nuestra ciudadanía” y “autonomía”.

También: “reglamentos de aplicación de las leyes constitucionales, la defensa del estado laico, mecanismos de participación en el diseño de política pública y mecanismos para su seguimiento y evaluación”.

Otra persona considera que “muchas mujeres queremos un nuevo contrato social, otras muchas están incómodamente sentadas en “mal, pero acostumbradas” y otras muchísimas no tienen siquiera la oportunidad de considerar estas opciones, hay que trabajar con y para ellas” La misma persona concluye que “independientemente del estado de conciencia, en lo profundo, creo que todas las mujeres queremos ser tomadas en serio”.

Finalmente se señala la aspiración a un nuevo contrato que garantice “vivir sin miedo a ser agredida, violentada” a lo que se agrega “libertad para salir, caminar, convivir, relacionarme y no sentir que no tengo garantías de protección. Vivir en paz, sin guerra. No reproducirme y no sentirme culpable por ello”.