Declaración Cairo + 15

La Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir, es un movimiento autónomo de personas católicas comprometidas con la búsqueda de justicia social y el cambio de patrones culturales y religiosos vigentes en nuestras sociedades. Promovemos los derechos de las mujeres, especialmente los que se refieren a la sexualidad y la reproducción humana; buscamos la igualdad y equidad en las relaciones de género y afirmamos el derecho de las mujeres a la autonomía y el control sobre su propio cuerpo, y la vivencia placentera de su sexualidad, sin distinciones de clase, raza, etnia, credo ni opción sexual. Afirmamos la capacidad moral que mujeres y hombres tienen para tomar decisiones serias y responsables sobre sus vidas y en particular sobre su sexualidad y reproducción. Demandamos la separación de los Estados y las iglesias, e impulsamos la vigencia del principio de laicidad como garantía de la no discriminación, la autonomía y el ejercicio irrestricto de los derechos humanos.

A través de nuestra presencia en diez países y puntos de referencia en toda la región, trabajamos construyendo alianzas, informando y sensibilizando a tomadores de decisiones, aportando al empoderamiento y liderazgo de las mujeres, generando opinión pública y produciendo conocimiento desde una perspectiva católica feminista.


LA ICPD EN AMÉRICA LATINA: LOGROS, RETOS, RETROCESOS

En la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (ICPD) realizada en El Cairo en 1994, los gobiernos de los países del mundo asumieron el compromiso de implementar leyes y políticas públicas  que reflejaran los nuevos paradigmas establecidos en el Programa de Acción relacionados con la salud y los derechos sexuales y reproductivos, estableciendo un vínculo entre el ejercicio de estos derechos y la necesidad de la erradicación de la pobreza y el empoderamiento de las mujeres.

A quince años de dichos acuerdos América Latina continúa siendo la región más desigual del planeta. Y durante muchos años los gobiernos no tuvieron voluntad política para aplicar los consensos de la CIPD y por ello nos encontramos muy lejos de cumplir las grandes metas de Cairo, toda vez que estamos sufriendo con mayor fuerza las consecuencias de la actual crisis económica provocada por los grandes capital y los países más ricos.

En nuestra región los derechos sexuales y reproductivos han entrado en la agenda pública de manera heterogénea ya que, mientras en algunos países se constataron avances significativos, en otros existieron marcados retrocesos. Así mientras en el Cono Sur se promulgaron leyes que favorecen estos derechos y en la región Andina, Bolivia y Ecuador los incluyeron en las nuevas constituciones, en Centroamérica no sólo no se modificaron las prohibiciones sobre educación sexual, anticoncepción y aborto sino que se promulgaron leyes que penalizan inclusive el aborto terapéutico como en Nicaragua, cuyo gobierno actual no solo derogó un derecho vigente casi un siglo sino que persigue a las organizaciones y activistas que lo defienden, acentuando el riesgo para la vida y la salud de las mujeres. Dentro de un mismo país, en el caso de México, frente al avance que significó la sanción de la ley de despenalización del aborto en el D.F. nos encontramos con fuertes intentos de retroceso en varios Estados al interior del país.

Pero aún en aquéllos países en que reconocemos avances importantes estamos revelando algunas fragilidades en esas conquistas a la vez que detectamos numerosos obstáculos para el acceso a servicios amigables y de calidad que permitan a las mujeres ejercer estos derechos.
Uno de los factores que más ha obstaculizado los avances en temas de sexualidad y reproducción es –sin duda– la ideología católica conservadora impulsada por el Vaticano, predominante en nuestros países y que se hace presente a través del accionar de las jerarquías eclesiásticas locales y de los grupos conservadores anti-derechos, mediante la ejecución de diversas estrategias para impedir que el Programa de Acción de Cairo se traduzca en leyes y normas concretas. Pero también estos retrocesos y obstáculos siguen siendo responsabilidad de los gobiernos, que han buscado apoyo y legitimación en las instituciones eclesiásticas renunciando a la laicidad del Estado en detrimento de la vigencia de los derechos humanos.

Los fundamentalismos de mercado, a su vez, constituyen una barrera en la creación de un entorno adecuado para la implementación de la ICPD, y la necesaria e impostergable redistribución de la riqueza aún se hace esperar  en un continente de abundancia.


NUESTRAS DEMANDAS FRENTE A LA 42ª SESION DE LA COMISION DE POBLACION Y DESARROLLO

A partir de esta realidad y en el marco de la revisión de la Plataforma de Acción de Cairo +15, demandamos la renovación de los compromisos con dicho Programa por parte de todos los países de la región y una clara declaración de voluntad política por parte de nuestros gobiernos para el cumplimiento de las metas de Cairo.

De igual manera, la instrumentalización de la agenda integral de la ICPD a través de leyes, políticas y programas para la eliminación de la pobreza, el acceso universal a la educación, el impulso al empoderamiento de las mujeres, la participación de los hombres en las tareas de la reproducción social y la eliminación de la violencia y discriminación contra las mujeres como elementos esenciales para el cumplimiento de las metas acordadas por los países en 1994.

Por ello, en estos días en que la Comisión de Población y Desarrollo evaluará los avances y retrocesos en la agenda de Cairo estaremos, junto a  los movimientos feministas y de mujeres,  reclamando la realización de acciones concretas tales como:

o       Asignar más recursos para América Latina y el Caribe, en el ámbito de los derechos y la salud de las mujeres, dado que en este momento ya no es región prioritaria de los países donantes, lo cual ha creado serios problemas en lo que respecta al acceso a servicios y recursos, especialmente para los sectores más pobres y vulnerables.

o       Promover políticas integrales para reducir la mortalidad y morbilidad maternas.

o       Promover el acceso universal a una educación de calidad que incluya una educación sexual completa.

o       Mejorar las condiciones para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y hombres, garantizando el acceso universal a la todos los métodos anticonceptivos existentes.

o       Garantizar el acceso legal y seguro a servicios de aborto, abogando por un cambio jurídico en nuestros países donde las prohibiciones del aborto siguen causando graves daños a la salud de la mujer y cientos de muertes innecesarias.

o       Implementar medidas eficaces e integrales para erradicar la violencia contra la mujer, particularmente la violencia sexual, posibilitando el acceso a la justicia paras las víctimas.


Todo lo anterior, convencidas que sólo asignándole prioridad política y presupuestaria a estos temas lograremos el pleno e integral respeto a los derechos humanos de las mujeres en nuestro continente.