EN MENDOZA, UNA NENA DE 12 AñOS GRAVE POR UN ABORTO CLANDESTINO
Ilegalidad y consecuencia
Por Mariana Carbajal
Una nena de 12 años está internada en estado crítico en el
Hospital Lagomaggiore de la ciudad de Mendoza, con una infección
abdominal causada por un aborto clandestino realizado en malas
condiciones sanitarias. La niña se encuentra en terapia
intensiva. Fue operada y se le extirparon el útero y un ovario
como consecuencia del grave cuadro, según pudo saber Página/12
de fuentes del hospital. El caso se produce a tres meses de que
un juez de esa provincia le negara a otra niña de 12 años, que
había sido violada, el permiso para un aborto no punible en un
hospital público.
La pequeña, identificada como M., ingresó el domingo al
Lagomaggiore, en la capital provincial, luego de haber sido
sometida a una intervención quirúrgica en el Hospital Pediátrico
Humberto Notti, ubicado en el departamento de Guaymallén. Ayer,
el director del Lagomaggiore, José Moschetti, informó que M. “no
ha empeorado” en las últimas horas, “aunque sigue siendo una
paciente crítica”, según publicó el portal de noticias mendocino MDZ online. El cuadro de M. es por demás delicado, ya que además
de la infección abdominal presentaría una falla multiorgánica
que le habría afectado un riñón, el hígado y las coagulaciones,
informaron fuentes médicas, consultadas por este diario.
El embarazo, que terminó en aborto, sería fruto de un abuso
sexual. Y la familia de la niña habría recurrido al circuito
clandestino para interrumpir la gestación. M. pertenece a una
familia humilde de Guaymallén. Y según trascendió, una médica,
que habría cobrado 600 pesos por la intervención, le habría
realizado el aborto en un consultorio privado. El caso está
siendo investigado por la Oficina Fiscal 9 de Guaymallén, quien
busca identificar a la profesional que la habría atendido.
En la provincia de Mendoza hace apenas tres meses el juez de
Familia Germán Ferrer negó la autorización para un aborto no
punible a una niña de 12 años, también embarazada en una
violación presuntamente cometida por su padrastro. En aquel
caso, el magistrado sentó un grave precedente al no dar curso
velozmente al pedido para interrumpir la gestación forzada,
elevado el 29 de agosto por la madre de la menor. El pedido se
amparaba en el artículo 86 inciso 2º del Código Penal. En las
dos semanas y media que se dilató la decisión del juez, la niña,
que estaba internada en el Hospital Notti, fue expuesta a
presiones de miembros de organizaciones “pro vida” que la
amedrentaron con fotografías de fetos mutilados para que
desistiera en el pedido del aborto no punible. Ferrer, además,
le quitó la guarda a la madre de la chica, y se la dio a su
abuela materna, una mujer de fervorosa práctica religiosa
perteneciente a una congregación evangélica, que se oponía a la
interrupción del embarazo, tal como informó oportunamente este
diario. Finalmente, la niña dijo que quería seguir con el
embarazo. Según trascendió, en abril el mismo juez había
recibido una denuncia de malos tratos contra el mismo hombre
acusado de la violación de la niña, presentada por un tío de la
nena, hermano de su madre, y en todo ese tiempo no habría hecho
nada por protegerla ni a ella ni a sus hermanitos ni a su mamá.
Con ese antecedente, no es de extrañar que, ante casos
similares, familias de pocos recursos que no pueden pagar un
aborto seguro en una clínica privada recurran a consultorios más
precarios antes de reclamar en un hospital público la práctica
de un aborto no punible, donde se suele exigir una autorización
judicial para llevar adelante la práctica médica, a pesar de que
no es un requisito establecido en el Código Penal.
Un protocolo de atención de los abortos no punibles, como ya
existe y se aplica en la provincia de Buenos Aires, llevaría
tranquilidad a los médicos que tienen que intervenir en estos
casos, y evitaría que se produjeran dilaciones en la atención y
que algunas familias opten por ir al circuito clandestino. El
procedimiento de atención de abortos no punibles bonaerense se
aplicó recientemente en el caso de la joven con discapacidad
mental también abusada que fue atendida en el Hospital Penna de
Bahía Blanca.
Desde hace varios años hay distintos proyectos legislativos para
aclarar los alcances de las excepciones previstas en el Código
Penal: algunos habían avanzado en la Cámara de Diputados pero en
2008 terminaron cajoneados. El último, impulsado por tres
diputados del kirchnerismo, tenía amplio consenso entre
distintas fuerzas: finalmente lo mandaron al freezer por pedido
de la presidencia del bloque oficialista. A nivel nacional, en
la última etapa de la gestión del ex ministro de Salud Ginés
González García fue redactada una excelente guía integral de
atención de los abortos no punibles, pero su sucesora, Graciela
Ocaña, no la comparte y nunca la distribuyó a las provincias. La
vida de la niña mendocina, mientras tanto, corre serio riesgo.
Gabriela Adelstein
Buenos Aires
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