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Nicaragua
Reflexiones ante la diaria y grave violación del carácter laico
del Estado
por Onofre Guevara López* (REVISTA ENVIO)
ARGENPRESS.info
Buenos Aires, 9 / 5 / 2008
El laicismo es una de las mayores conquistas en pro de
la libertad de conciencia y los derechos humanos, de
la tolerancia y la democracia. En donde prevalece el
fundamentalismo religioso están ausentes la democracia
y los derechos humanos, en especial los de las
mujeres.
Una función tridimensional
En ningún estadio sociopolítico, ni el fundamentalismo
religioso ni el laicismo han permanecido inmutables.
En la medida en que la clase privilegiada ha ido
haciendo más conservadoras sus ideas, la separación de
las funciones del Estado -como máximo representante
del poder organizado de la sociedad- y las de la
Iglesia -con sus funciones propias y exclusivas en el
reino de lo espiritual- no se ha respetado y el
laicismo ha venido perdiendo su auténtico valor.
El laicismo no es solamente independencia del poder
"temporal" del poder "espiritual". La función del
laicismo en la sociedad es tridimensional. Considerado
el mayor avance "en la conquista de la libertad de los
pueblos", el laicismo tiene también otras funciones
dentro de las actividades políticas e ideológicas.
En la historia, el laicismo expresa el momento en que
la comunidad humana adquiere la capacidad de asumir la
búsqueda de un mundo mejor y de su propia felicidad en
la realidad, aquí en la tierra, con independencia del
plan de Dios para la humanidad" que le ofrecían las
religiones. Con esta concepción liberadora, la
religión quedó ubicada en donde le corresponde: en la
intimidad de los individuos. En su conciencia.
Según esta concepción, al laicismo se le puede
entender en tres dimensiones. Una, la dimensión donde
se separan Estado e Iglesia: aspecto jurídico. Dos, la
dimensión en que se garantiza la libertad de
conciencia: aspecto humano. Tres, la dimensión en
donde lo religioso sale del espacio público para
ocupar el espacio privado: aspecto social e
ideológico.
No siempre ni en todas partes se reconoce ni se
practica el laicismo en las tres dimensiones a la vez,
sino que -por la penetración conservadora en todos los
terrenos- el laicismo se ha visto limitado a las
letras de las Constituciones y de las leyes.
Actualmente, los gobiernos neoliberales han venido
sacando la religión de la dimensión íntima de lo
individual hacia el terreno de lo público dándole una
dimensión política. Se transgrede así el principio del
Estado laico consignado en la Constitución, siendo
esto un reflejo más de la preeminencia de sus
intereses económicos y políticos. Actuando así, están
burlando el sentido del laicismo, una de las vías más
eficaces para crear tolerancia entre las comunidades
humanas de distintas creencias y para construir una
cultura democrática.
Cuatro gobiernos burlando el estado laico diariamente
Es esto lo que sucede en Nicaragua. El laicismo sólo
permanece en el texto constitucional. No se le da su
auténtico valor ni su verdadera importancia para
lograr relaciones humanas democráticas. La
desvalorización del laicismo va a la par del escaso
desarrollo democrático de nuestra sociedad. El
laicismo -presente en la máxima Ley de nuestra
República- ha quedado reducido a un trofeo simbólico,
sin valor real. Nuestras condiciones políticas han
permitido a los gobiernos violarlo impunemente. Ese
trofeo, levantado como un logro del liberalismo
democrático, y recogido en su momento por la
revolución sandinista, es hoy un galardón inmerecido,
porque los gobiernos, siempre complacientes con las
fuerzas conservadoras -con las que coinciden tanto en
los intereses económicos como en los estilos de
gobernar- han dejado de hacerle honor.
Hoy, nuestro gobernante está haciendo coincidir
intereses económicos y políticos con su sospechoso
culto a lo religioso. Esta su contradicción con el
texto constitucional y su también sospechosa práctica
política no son originales. Hay que recordar, por
ejemplo, que -aunque obviamente por otros motivos- en
el acto inaugural de la democracia, cuando se proclamó
la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano, al triunfo de la Revolución francesa
(1789), los revolucionarios que la redactaron dejaron
constancia de que lo hacían "en presencia y bajo el
auspicio del Ser Supremo".
Sin embargo, tal contradicción de vieja data no le da
derecho a los tres gobiernos anteriores al del
presidente Ortega, ni a su actual gobierno, a ignorar
o a burlar el carácter laico de nuestro Estado. Hay
muchos casos puntuales en los que la condición
jurídica de Nicaragua como Estado laico -Nicaragua no
tiene religión oficial, prescribe la Constitución
Política en su artículo 14-, ha sido tratada con sumo
irrespeto. Todos los gobiernos lo han hecho. En el
gobierno actual es más grave la evidencia, ya que sus
líderes aún se autoproclaman revolucionarios de
izquierda.
Con su juego maquiavélico con Dios y la religión, y
con su alianza con las jerarquías religiosas, el
presidente Ortega abrió dos frentes de lucha con la
derecha. En el frente político por la conservación del
poder, y en el frente ideológico por quitarle a la
derecha la preeminencia que tradicionalmente ha tenido
en el terreno religioso, haciendo de este terreno su
coto privado.
El presidente Ortega le está arrebatando a la derecha
su arma ideológica tradicional. Y quitándole a las
funciones de todo el Estado su carácter laico, el
gobernante está actuando en perjuicio de la libertad
de conciencia de los sectores populares. En la prédica
alienante que menosprecia el laicismo ya no es posible
distinguir cuándo ésta es política y cuándo religiosa,
porque se identifican y se complementan.
La mofa del laicismo es cotidiana, unas veces más
obvia que otras. Entre las tantas realizadas, llama la
atención la presencia de jerarcas de la iglesia
católica en los actos oficiales del gobierno. Fue
obvio en la toma de posesión del presidente Ortega en
enero de 2007, cuando el cardenal Miguel Obando, el
arzobispo de Managua Leopoldo Brenes y otro obispo
ocuparon lugares de honor a ambos lados del presidente
del Poder Legislativo, desplazando a los presidentes
de otros Poderes del Estado. Creyendo darle mayor
solemnidad a la sesión, la inclusión de los jerarcas
violó el orden constitucional.
La penalización del aborto terapéutico
Entre las tantas realizadas está también la
manifestación de fieles católicos y evangélicos el 8
de octubre de 2006, reclamando la penalización del
aborto terapéutico, en un acto político concertado
entre el gobierno de Bolaños y las jerarquías de ambas
denominaciones, en el que participaron funcionarios
del gobierno y diputados liberales y del FSLN. Pocos
días después, el Poder Legislativo cumplió la voluntad
eclesiástica de penalizar el aborto terapéutico,
derecho reconocido desde hacía más de un siglo en
nuestro Código Penal cuando el embarazo pone en riesgo
la vida de la madre. En este retroceso al siglo XIII
se hizo presente un espíritu inquisidor, estimulado
por la complacencia del gobierno, abofeteando así la
memoria de los pensadores de la Ilustración que
inspiraron el laicismo y la memoria de la Humanidad
que se ha sacrificado por sus libertades. Todo un
proceso de deshumanización "en nombre" de Dios.
No fueron para repicar campanas las declaraciones del
Cardenal Miguel Obando, que tres meses después de esta
manifestación pública, recomendó que en la polémica
sobre el aborto terapéutico se dejara hablar a la
Ciencia. Sus palabras y la ascendencia que ha
adquirido el Cardenal sobre el matrimonio
Ortega-Murillo -ya entonces en el gobierno- motivaron
a imaginar que habría una salida a la situación
oscurantista en que había metido al país la reforma
del artículo 165 del Código Penal penalizando el
aborto terapéutico.
Pero no hubo salida. Ni entonces ni después se tomó
nunca en cuenta el parecer de los médicos. Así, las
fuerzas mancomunadas de la religión y la política
oficial atentaron contra el derecho de las mujeres a
su vida y a su libertad. Esta agresión doble contra
las mujeres fue resultado de la previa agresión contra
la laicidad del Estado. Después de más de un año no ha
habido señales de rectificación y la Corte Suprema de
Justicia -última vía institucional a la que pueden
recurrir las mujeres- no responde en ningún sentido a
los recursos de inconstitucionalidad introducidos por
organizaciones feministas y de derechos humanos.
Estando todas las instituciones del Estado controladas
y repartidas por cuotas entre orteguistas y
arnoldistas desde su pacto político, el Poder Judicial
se ciega ante ésta y otras violaciones abiertas que
hace el Ejecutivo del precepto constitucional del
Estado laico, en complicidad con las jerarquías
eclesiales.
Contra el aborto terapéutico se juntaron fuerzas
políticas en apariencia disímiles (orteguistas,
liberales, conservadores) en una sola acción
reaccionaria. Los orteguistas olvidaron -como han
venido haciéndolo en toda ocasión- los principios
revolucionarios de varias generaciones de sandinistas,
sólo para conseguir el apoyo de las jerarquías -o al
menos su neutralidad- en asuntos claves para el
orteguismo en carrera hacia la reelección del actual
gobernante, empeño en el que se encontraba en octubre
de 2006. De los conservadores no podía esperarse nada
diferente según sus tradicionales posiciones
reaccionarias. De los llamados liberales, ya hay
suficientes pruebas del olvido deliberado que han
hecho de los principios que originalmente tuvieron su
fuente en los filósofos del Renacimiento y fueron
puntales en los días inaugurales de la Democracia. De
los principios liberales ya ni siquiera asoma el
perfil en los textos partidarios de nuestros
liberales.
Una espera fatalista y pasiva
Otra de las tantas: el presidente Ortega y su esposa
hacen invocaciones a las divinidades y exponen iconos
religiosos en cada acto político partidario y de
gobierno y documentos públicos emitidos por su partido
son facturados de forma muy similar a las homilías. En
diciembre de 2007, el presidente Ortega ordenó a todas
las dependencias del Estado que rezaran y cantaran a
la Concepción de María y él mismo lo hizo en la Plaza
de la Revolución. Días antes, Rosario Murillo -la
señora co-gobernanta al 50%- había pedido públicamente
a sus partidarios, y a nombre del gobierno, "rescatar
la tradición de rezar el Rosario en familia todos los
días", una petición que sólo hacen los sacerdotes a su
feligresía dentro de las iglesias.
Las invocaciones a la divinidad en los actos políticos
del Frente Sandinista, de parte de sacerdotes, obispos
o del propio gobernante y de su esposa, suponen una
burda utilización de las creencias religiosas con
objetivos políticos. De esta forma, alargan la
distancia entre el laicismo como precepto
constitucional y el laicismo como respeto a la
práctica religiosa individual. También pretenden
anular el laicismo como expresión de la libertad de
conciencia, irremplazable en la lucha por la justicia
social y en el ideal de construir un mundo mejor. La
falta de respeto por el laicismo y la interferencia en
la política de ideas y sentimientos religiosos frustra
la lucha por las reivindicaciones sociales.
¿Quiénes ganan? ¿y qué ganan?
Este sabotaje al laicismo no es nada trivial, como
pudiera parecer. Cuando se introducen las ideas
religiosas, dándoles prioridad sobre las ideas de
justicia social y de reivindicación social en la
conciencia de las personas trabajadoras, se las
condiciona para esperar pasivas el resultado de las
oraciones y las promesas a las divinidades en que
creen. Existe una relación -naturalmente, no numérica-
entre las personas alienadas por la religión y las
personas marginadas de la lucha social.
Sin embargo, clérigos y políticos procuran no dejar
completamente pasivas a esas mismas personas atraídas
con sus prédicas. Las incitan a la práctica permanente
de la religión como una vía de escape personal y de
fuga de sus ideales colocándolos en los salones de
espera de los milagros, en que, de hecho, se han
convertido actualmente las iglesias de todas las
denominaciones. Es fácil comprobar esta práctica
alienante observando la multiplicidad de iglesias y
templos que operan en los barrios populares, con
cantos y prédicas ruidosas que aturden a los
participantes y atormentan al vecindario. Está por
verse a una de estas iglesias operando con igual
libertinaje en una zona residencial burguesa. Y jamás
se verán dentro de los repartos exclusivos. No está de
más recordar que los diputados libero-orteguistas
aprobaron una ley contra el ruido, de cuya observancia
exceptuaron a estas iglesias.
¿Quiénes ganan con esto? ¿Y qué ganan? Ganan y por
partida doble. Los sectarios religiosos son
conscientes de que los barrios populares son el
hábitat "natural" de la pobreza y que todas las
carencias humanas y sociales tienen allí un buen clima
para el desarrollo de su labor alienante. Saben que
también los barrios populares son nidos de
inconformidades y de estímulos para la organización de
luchas y protestas. Por intención manifiesta o de
forma indirecta, con sus prédicas y demagogia buscan
quitar presión social y política, atrayendo a los
potencialmente aptos para la lucha social
convirtiéndolos en adeptos y adictos a toda clase de
creencias. Las demandas sociales disminuyen en la
medida en que más personas se refugian en las
iglesias. En esta situación, clérigos y políticos se
ganan la buena voluntad y hasta las simpatías de la
gente sin haber invertido nada más que promesas de
salvación y de bienestar en éste y en el "otro mundo".
En este sentido se entiende la religión como "el opio
de los pueblos". No porque la gente se vuelva
creyente, sino porque se vuelve inactiva y dócil.
También en la enseñanza
Y otra más: en enero de 2008 fuimos testigos de los
firmes reclamos que por medio de comunicados, cartas,
sermones, declaraciones de prensa, televisión y radio
hizo la jerarquía católica al Ministerio de Educación
por los desembolsos retenidos para el pago de maestros
de centros escolares de la Iglesia Católica. Alegaban
que la subvención del Estado a las escuelas católicas
era justa porque impartían enseñanza gratuita, lo que
es cierto, aunque también lo es que estas escuelas les
permiten ampliar su influencia religiosa en niños de
varios niveles de la enseñanza. Se viola así la
Constitución en dos sentidos: el derecho y la
obligación que tiene el Estado de asumir la educación
pública nacional (artículos 58 y 119) y el carácter
laico que debe tener el Estado en sus expresiones
públicas (artículo 14).
Con la Universidad Católica se potencia al máximo la
transgresión constitucional. Esta universidad es
propiedad privada, es la universidad más cara del
país, exclusiva de las clases pudientes, es un negocio
del que participa el Cardenal Obando. Sin embargo,
recibe una subvención anual del Estado de 12 millones
de córdobas. Un escarnio para un Estado que "no tiene
religión oficial". Esta fue la práctica de los tres
gobiernos neoliberales que precedieron al actual, que
dice ser "de izquierda" y que aceptó esta herencia por
interés político.
Constitución de 1987: el nombre de Dios
Se dice que los políticos tradicionales y sus
asimilados del actual gobierno siempre han jugado y
juegan "con el santo y con la limosna", sin haber
dejado de jugar con la gente. En el caso del
presidente Ortega, esto ha significado un retroceso
por lo menos de más de veinte años, dado que durante
la discusión del Prólogo de la Constitución vigente
(1987)-ya bastante remendada, pero en vigencia y
promulgada durante su primer mandato como presidente-,
el gobierno revolucionario dio una respuesta tolerante
y, por ello, también democrática, a la demanda de los
diputados creyentes.
Sucedió entonces que la mayoría de legisladores
sandinistas en la Asamblea Nacional estaban dispuestos
a seguir el ejemplo de tres textos constitucionales
liberales -los de 1893, 1905 y 1939- no invocando a
Dios en el Prólogo de la nueva Constitución que
estaban elaborando y aprobando. No obstante,
comprendieron la posición de la minoría que reclamaba
esa invocación y discutieron el tema. Finalmente, hubo
consenso y se aprobó que no se haría la invocación
como pedían los opositores, pero sí se mencionaría a
Dios en el prólogo de la Carta Magna, que quedó así:
En nombre: Del pueblo nicaragüense; de todos los
partidos y organizaciones democráticas, patrióticas y
revolucionarias del pueblo de Nicaragua; de sus
hombres y mujeres; de sus obreros y campesinos; de su
gloriosa juventud; de sus heroicas madres; de los
cristianos que desde su fe en Dios se han comprometido
e insertado en la lucha por la liberación de los
oprimidos.
Una tolerancia laica que ya no existe
Dos detalles interesantes expresan la tolerancia que
hubo durante la transacción política entre los
sandinistas y la minoría opositora para redactar el
Prólogo. El doctor Clemente Guido Chávez, del Partido
Conservador Demócrata, propuso que el nombre de Dios
se escribiera con mayúsculas en sus cuatro letras. Y
condicionó su firma en la nueva Constitución a que su
propuesta fuera aceptada. Aunque la bancada sandinista
aceptó la demanda del doctor Guido y el nombre de Dios
fue escrito con cuatro letras mayúsculas, la
Constitución de 1987 aún vigente no cuenta con la
firma del ahora difunto doctor Guido. Nunca se supo
que los sandinistas se lo hubiesen reclamado. Otro
detalle. El diputado opositor Luis Sánchez Sancho
-socialista entonces- hizo en el plenario de la
Asamblea Nacional la intervención más radicalmente
atea contra la mención de Dios en el Prólogo,
contrariando lo que exponían en sus discursos los
diputados conservadores. Pero ni a él ni a nadie se le
criticó por expresar sus opiniones.
Nicaragua carece de religión oficial: así quedó
consignado en la Constitución de 1987. Comentando la
parte dogmática de nuestro texto constitucional, y el
gran logro de haber incorporado al texto de la Carta
Magna el trascendental principio del laicismo, el
jurista español Plácido Fernando Viagas Bartolomé
escribió: Ello supone el punto final de una larga
evolución que tanto sufrimiento ha ocasionado. Es
posible que el problema simplemente se encontrara en
que, durante mucho tiempo, el hombre creó a Dios a su
imagen y semejanza y que sus miedos, inseguridad y
desconfianza determinaron un Ser Supremo celoso de sí
mismo e intolerante, que no podía permitir la
libertad.
Muestras de tolerancia no se ven ya de parte del
sandinismo oficialista. Y ahora el presidente Ortega
hace la promesa de ley a sus ministros y funcionarios
en nombre de Dios, al margen del laicismo
constitucional. Paradójicamente, la intolerancia
actual del orteguismo tiene sello religioso y no
"revolucionario". En el proceso de esta "conversión",
el presidente Ortega y su gente comenzaron marginando
a los sacerdotes exponentes de la Teología de la
Liberación, dándole así las espaldas a los miles de
"cristianos que desde su fe en Dios" se habían
"comprometido e insertado en la lucha por la
liberación de de los oprimidos", tal cual reza el
prólogo de nuestra Constitución. Este proceso inició
anulando en la práctica el laicismo y emprendiendo un
viraje hacia la alianza con los clérigos derechistas,
ex-militantes contrarrevolucionarios opositores al
Estado de los años 80.
También la policía
Otra más: en nuestro país no se efectúa ninguna fiesta
patronal religiosa en los municipios -incluso en la
capital- que no cuente con recursos municipales
recolectados a través de los impuestos que pagan los
ciudadanos no católicos o quienes no tienen religión
alguna. Ni alcaldes ni concejales respetan la laicidad
del Estado, haciendo burla a la Carta Magna y a la
ciudadanía.
Especial participación tiene en esta violación la
Policía Nacional. En las fiestas religiosas, unas
veces cumple con su deber de proteger el orden público
y otras participa en actos religiosos expresamente
efectuados por y para la Policía en templos católicos
y evangélicos. Es frecuente ver a comisionados y
oficiales policiales con sus uniformes de reglamento
participando públicamente en ritos que deberían
guardar para su vida privada. Lo incorrecto no es que
demuestren así su religiosidad, sino que haciéndolo
uniformados violentan la Constitución, conducta poco
ejemplar en autoridades encargadas de hacer cumplir
las leyes.
El mensaje no es educativo en el momento en que hoy
vivimos, tan poblado de personajes capaces de no dejar
recurso ocioso cuando se trata de mantener vigente su
ascendencia política sobre los menos avisados. No es
educativo porque se brinda a estos personajes un
recurso más para que mantengan vivo el sistema que les
ha dado poder, riqueza y bienestar. No es poco todo lo
que se protege tras la manipulación
político-ideológica- religiosa al burlar el carácter
laico del Estado.
Daniel ortega: ¿un "convertido"?
Hay quienes piensan que estas actitudes de las
autoridades estatales, violatorias del laicismo
constitucional, son sólo una hábil jugada política.
Por un lado, para favorecer la imagen del orteguismo
ante los cristianos. Por otro, para darse así la
oportunidad de lucir un "cristianismo" que les abre
espacios en la conciencia de las masas influenciadas
por el fundamentalismo religioso, que reciben al
gobernante y a sus funcionarios como se recibe al
"pecador arrepentido", merecedor de un cristiano
perdón por los "pecados" que le atribuyen sus
adversarios de la derecha. En la última campaña
electoral Ortega mostró estas intenciones, plagando su
discurso político de alusiones religiosas, pensando
que en esta oportunidad ganaba, con la presidencia,
tal vez también una indulgencia.
No hay motivos para no creer que lo que hemos visto
hasta aquí en el gobierno del presidente Ortega no
corresponda a un plan bien calculado, dadas sus
radicales contradicciones con la jerarquía católica en
los años 80. Pero tampoco faltan motivos para suponer
que las demostraciones de su fe religiosa en cada una
de sus últimas actuaciones, con la aparente convicción
de un neoconverso, podrían estar causadas por un
cambio ideológico, tan verdadero como radical. Si éste
fuera el caso, habría que lamentar la contradicción de
su nueva fe con el discurso de contenido
revolucionario que no abandona en las circunstancias
nacionales e internacionales en que le corresponde hoy
moverse.
Como nunca antes, el "convertido" presidente Ortega se
ve envuelto en un moño de contradicciones. Sus mejores
amigos, los gobernantes de Irán y Libia, son de
confesión musulmana, el iraní además fundamentalista
y, por eso, con una práctica reaccionaria. Sus amigos
de Cuba no practican ninguna religión de manera
oficial. Su amigo el presidente de Venezuela, al igual
que Ortega, invoca siempre a Dios en sus actos
políticos, pero mantiene contradicciones con la
jerarquía católica. El resto de gobernantes de América
Latina -Brasil, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Argentina,
Chile- mantienen una posición oficialmente laica y de
tolerancia, aunque bajo gran influencia católica. En
todos los países latinoamericanos con gobiernos de
izquierda se practica el aborto terapéutico, a
excepción de Chile y Nicaragua. En Chile, por
imposición de la dictadura de Pinochet, para compensar
el apoyo que la jerarquía católica brindó a sus
crímenes contra el pueblo chileno y contra la
democracia.
Es de esperar que, en esta amalgama de situaciones
relacionadas con el laicismo y el teísmo católico y
musulmán, y aspirando ya a la reelección y a la
permanencia en el poder con el estrecho círculo
político que le acompaña, Ortega seguirá acercándose a
los sectores de la derecha confesional a través del
cardenal Obando.
Para legitimar su poder
¿Cómo encajan los intereses de la Iglesia como
institución dentro de las contradicciones que
caracterizan las acciones gubernamentales y las
políticas del presidente Ortega? Se observan tres
realidades. Primera: no existe dentro de la Iglesia
Católica una posición única en su relación con el
gobierno. Segunda: el Cardenal Miguel Obando es la
única máxima figura de la jerarquía católica que
representa la tendencia más estrechamente aliada del
gobierno de Ortega. Y tercera: aunque no hay
unanimidad de criterios dentro de la jerarquía
católica respecto al gobierno, tampoco le hacen una
oposición sólida.
La jerarquía católica, encabezada hoy por el arzobispo
de Managua, Leopoldo Brenes, mantiene mayor
independencia ante la oligarquía y sus partidos
políticos que la que tuvo Obando siendo arzobispo de
la capital. Obando se distinguió como el más fuerte
baluarte "espiritual" de la contrarrevolución en sus
dos versiones, la armada y la "cívica", por lo cual
fue privilegiado con financiamiento económico de parte
de las agencias gubernamentales de Estados Unidos.
Monseñor Brenes emite opiniones políticas, más que con
críticas, con sugerencias al gobierno sobre problemas
sociales claves, camufladas con el lenguaje sibilino
tradicionalmente utilizado por todas las jerarquías
que le precedieron. Sin embargo, el arzobispo Brenes
está sabiendo utilizar la omisión del gobierno del
mandato constitucional respecto al laicismo para
sacarle provecho, aun conociendo su ilegalidad.
También Brenes respaldó consistentemente la
penalización del aborto terapéutico.
Todo esto se debe a que en la jerárquica católica las
actitudes individuales de uno u otro jerarca no
cambian en los problemas que ellos consideran
esenciales. La Iglesia Católica buscará siempre cómo
legitimar y mantener activo su poder real, no
reparando en si el presidente Ortega es realmente un
converso o si sólo lo es en apariencia. Antes de todo,
el interés es dar continuidad a la influencia eclesial
sobre la sociedad, esté quien esté a la cabeza del
gobierno en Nicaragua o en cualquier otro país.
Los principales responsables
Este juego político-religioso deja en el terreno
varias víctimas. Las leyes democráticas de la
República. El carácter laico de sus instituciones y
las leyes que lo garantizan. El pueblo trabajador, que
por su extrema pobreza es vulnerable a la
manipulación. El desarrollo democrático del país y la
sanidad de la vida social, al faltar el respeto por la
tolerancia.
Cuando falla el laicismo en las relaciones entre las
personas de diferentes creencias se ponen en peligro
de desaparición los principios y las leyes que
protegen las relaciones humanas y sociales. Y se hacen
aún más difíciles las condiciones de vida de los
nicaragüenses. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Hay
causas de origen subjetivo en la población y causas
objetivas y materiales en nuestro desarrollo como
país, pero en este momento la responsabilidad
principal recae en el presidente Daniel Ortega y su
esposa, convertidos en figuras centrales de la
contrarrevolución ideológica dentro del Frente
Sandinista y del gobierno. Son ambos los rostros
visibles de una nueva burguesía económica que, en
busca de una justificación ideológica, se apoyan en
los dogmas católicos.
Ellos comenzaron marginando el análisis marxista de
los fenómenos naturales y sociales, buscándoles
explicación en la astrología y en creencias esotéricas
análogas. Y aunque nunca fueron grandes marxistas, no
pudieron o no quisieron adoptar la teoría marxista
para orientar su actividad política. Se puede ser
revolucionario sin ser marxista, pero sin el método
marxista para el análisis social el revolucionario
estará más cerca del aventurero y más proclive a la
"conversión". Después, cortaron su relación con los
exponentes de la Teología de la Liberación
identificados con el proyecto revolucionario, quienes
utilizaron el marxismo como instrumento de análisis de
la realidad latinoamericana encontrando que entre
cristianismo y revolución no había contradicción y
demostrando con su práctica que no la había.
Finalmente, Ortega y su gente adoptaron las posiciones
político-ideológicas de la tendencia vaticanista de la
Iglesia Católica, aliándose al sector católico más
fundamentalista, comparsa de todas las derechas en
todas las épocas.
Un gobierno de derecha
Rescatar el laicismo en las instituciones nacionales
que dependen del Estado establecería relaciones
personales y sociales más respetuosas. Rescatar el
laicismo, para bien de todos, sería colocar la
religión en el ámbito de la intimidad. Esto es difícil
de lograr en el actual gobierno, porque sin religión
en las calles, plazas y eventos públicos se le haría
más complicada la manipulación política. Por eso,
porque las clases dominantes tienen en el recurso de
la manipulación religiosa un alimento vital para su
existencia, este gobierno es de derecha.
*
Onofre Guevara López es comentarista de prensa, ex
sindicalista.
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