El embarazo de Karen Llontoy

Por Ana Laura Mitidieri BUENOS AIRES
(Reuters)

La joven peruana Karen Llontoy tenía 17 años y un embarazo de 14 semanas cuando los médicos de un hospital público de Lima le diagnosticaron al feto anencefalia, una malformación congénita por la cual su hija, sin cerebro, moriría a las pocas horas de nacer.

Tras meditarlo mucho, Karen había decido poner fin a una historia con un triste y único final anunciado.

Pero el director del hospital donde se atendía, y donde los médicos la habían asesorado sobre la posibilidad concreta de abortar por su situación, le negó ese derecho. Meses después, la beba de apenas cuatro días de vida murió y la salud física y emocional de su madre quedó muy comprometida.

El caso, uno de los tantos que ocurren en toda América Latina, fue presentado con la ayuda de las organizaciones de mujeres DEMUS, CLADEM y Center for Reproductive Law and Policy ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que en el 2005 falló a favor de la joven.

La ONU estableció que el Estado peruano le había negado a Karen varios de sus derechos. Entre ellos, el a decidir sobre su cuerpo y su vida, el a la protección de su salud física y mental y el a un aborto terapéutico.

"Acudimos a la justicia internacional porque en el país no se había hecho justicia," dijo a Reuters Norma Enríquez Riascos, coordinadora regional del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM).

"Lo que nosotras buscamos en estos casos es que se desarrolle una jurisprudencia. No solamente justicia para las víctimas, sino también sentar un precedente," agregó Enríquez.

Falta de recursos y planes de educación sexual adecuados, el irrespeto de los derechos, fuerte resistencia de grupos conservadores y religiosos, retiro de fondos externos a la anticoncepción y escaso acceso al sistema de salud, son parte de un cóctel muchas veces mortal para las latinoamericanas.

Asimismo, en muchos lugares donde las normas y leyes existen, su incumplimiento es preocupante.

"Las mujeres tienen poca accesibilidad a los sistemas de salud, con programas que dicen que existen, pero concretamente a la usuaria que está en el barrio (vecindario) no le llegan," dijo a Reuters la doctora Diana Galimberti, presidenta del Centro Latinoamericano Salud y Mujer (CELSAM).

En todos los lugares lo que hay es una enorme falta de monitoreo del cumplimiento de las normas, señaló Galimberti.

Mientras tanto, miles de mujeres, sobre todo adolescentes, quedan embarazadas sin desearlo. Muchas llevan adelante la gestación y partos de riesgo, mientras otras tantas recurren a un aborto clandestino, poniendo en serio peligro sus vidas.


CONTRACARA

La contracara de la falta de planes nacionales y regionales eficientes de planificación familiar y salud sexual y reproductiva es la elevada mortalidad materna.

Según datos actualizados al 2005 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las tasas de mortalidad materna de los países latinoamericanos y del Caribe fluctúan entre 16 y 670 muertes por cada 100.000 nacidos vivos.

En Irlanda, el país con la menor tasa del mundo, la cifra apenas llega a una muerte materna cada 100.000 nacidos vivos.

Por otra parte, en muchos países de la región todavía se efectúan gran cantidad de partos fuera de las instituciones médicas, alcanzando hasta el 80 por ciento en Haití.

Pero aún en los lugares donde la cobertura del sistema de salud público es alta, las tasas de mortalidad materna son elevadas, porque la escasa accesibilidad en las zonas más periféricas hace que muchas mujeres nunca lleguen a los centros médicos o lo hagan tarde.

"El problema no requiere una iniciativa sola, sino que se trata de una serie de cuestiones que van más allá de lo médico. Están involucradas cuestiones socioeconómicas y socioculturales también," dijo a Reuters el doctor Guillermo Carroli, director del Centro Rosarino de Estudios Perinatales (CREP), entidad colaboradora de la OMS desde 1994.

Según la OMS, en Latinoamérica el 17 por ciento de las muertes maternas se debe a la realización de abortos inseguros. En la mayoría de los estados de la zona, la práctica está permitida sólo cuando corre riesgo de vida la madre o existe una violación, pero pocas veces se respeta ese derecho.


SANTA BARRERA

La oposición de las agrupaciones conservadoras y de algunos sectores de las iglesias católica y evangélicas, que en América Latina tiene la mayor cantidad de fieles del mundo, es una traba difícil de sortear para los grupos de defensa de los derechos de la mujer y, sobre todo, para los distintos gobiernos de la región.

La negativa al uso de métodos anticonceptivos estándar y de emergencia, desde contraceptivos orales hasta condones y la "píldora del día después," así como la oposición al aborto, son obstáculos muy complejos de sortear.

"No diría que es una influencia de toda la Iglesia (Católica), pero hay grupos que están claramente haciendo una presentación de que los anticonceptivos son dañinos, que tienen efectos adversos, que la anticoncepción de emergencia es abortiva," señaló Galimberti.

"Hay toda una estrategia para hacer que se violen los derechos de las personas," añadió la experta.

La coordinadora regional de CLADEM coincidió respecto de la barrera que implican grupos religiosos y conservadores.

Según Enríquez Riascos, la región necesita un proceso de reflexión serio para "que no sean ni los estados, ni los gobiernos, ni las iglesias, ni ningún otro tipo de instancias, las que tomen decisiones por las mujeres."

Con todo, la Encuesta Latinoamericana sobre Tendencias en Anticoncepción 2007, difundida este mes por el CELSAM, señaló que el uso de anticonceptivos en Latinoamérica es limitado, pese a que las mujeres conocen los diversos métodos existentes.

¿El motivo? En un sistema social que las excluye, para muchas latinoamericanas el único proyecto de vida es el embarazo y la maternidad, señalan los especialistas.


EJEMPLO A SEGUIR

Pero no todas son malas noticias y no siempre hay que mirar muy lejos para encontrar el ejemplo a seguir.

Chile y Uruguay son, según coinciden los expertos, los países de la región que más han evolucionado en los últimos años en cuanto a salud materna.

En Chile, se logró reducir a la mitad la mortalidad materna en 10 años y en Uruguay un plan técnico permitió terminar con los fallecimientos producidos como consecuencia de abortos clandestinos e inseguros.

"Chile es un ejemplo. Lo que hicieron fue un programa de planificación familiar donde dieron amplísima cobertura dentro del sistema y además salieron a buscar a lugares de mayor riesgo, a zonas emergentes, a todas las mujeres que quisieran buscar un método anticonceptivo," señaló Galimberti.

Se trató de una política pública proactiva, con continuidad en el tiempo, más allá del paso de diferentes gobiernos.

En otros países, en tanto, a medida que cambian las autoridades fluctúan las decisiones, explicó la presidenta de CELSAM.

"Es bien concreto. Está cerca nuestro y no es un país desarrollado. Pero para esto hay que atacar desde diferentes frentes," añadió, por su parte, Carroli.


(Por Ana Laura Mitidieri; Editada en español por Paulina Modiano)