NICARAGUA:

CENTRO NICARAGUENSE DE DERECHOS HUMANOS (CENIDH)
COMISION PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS (CPDH)

Nosotras, Ana María Pizarro Jiménez, médica ginecóloga, soltera, Juana Antonia Jiménez Martínez, Abogada, casada, Martha María Blandón Gadea, Psicóloga, soltera, Martha Munguía Alvarado, Socióloga, soltera, Mayra Sirias, educadora, soltera, Yamilet Mejía Palma, Psicóloga, casada y Violeta Delgado Sarmiento, matemática, soltera, todas mayores de edad y con domicilio en la ciudad de Managua, integrantes de la Red de Mujeres contra la Violencia y de otros movimientos de mujeres y sociedad civil. Comparecemos ante prestigioso organismo defensor de derechos humanos para exponer la denuncia que a continuación detallamos:

Resulta que hemos tenido conocimiento de hechos que confirman la intencionalidad de iniciar una represalia y persecución política de parte del gobierno de Daniel Ortega Saavedra, mediante la deliberada intención de someternos por la vía judicial a un juicio montado en complicidad con la Asociación Nicaraguense Pro Derechos de Humanos (ANPDH), queriendo manipular hechos relacionados con el juicio de violación de la niña Rosita y acciones de defensa que junto a miles de mujeres hemos dado en defensa d elos derechos de las mujeres nicaraguenses como es la restitución del Aborto Terapéutico abolido ilegítimamente del Código Penal.

La pretendida denuncia carece de legitimidad y de consistencia jurídica por cuanto el año 2003 la Fiscalía General de la República cerró el caso y la Procuraduría de Derechos Humanos emitió resolución que confirmó que todo lo actuado estaba dentro del marco de la Ley.

Esta acción representa un acto de revancha y pase de cuentas del actual gobierno contra nosotras en lo persona y con la intencionalidad de descabezar y desmovilizar al Movimiento de Mujeres de Nicaragua, representado por sus líderes y organizaciones que hemos sido las que en las últimas décadas hemos denunciado, acompañando, movilizando a la sociedad nicaraguense en la defensa de los derechos de las mujeres, la justicia y la democracia real que restituya la institucionalidad democrática en nuestro país y elimine toda expresión de autoritarismo y abuso de poder tanto del ámbito público como privado.

No nos queda duda de que estamos siendo víctimas de persecución política como un castigo por haber acompañado de forma incondicional en su denuncia a Zoilamérica Narváez contra el ahora presidente de la República, Daniel Ortega en Marzo de 1998. Tampoco nos queda duda que de instaurarse legalmente esta persecución hacia el Movimiento de Mujeres, seguirá la persecución a otros espacios democráticos de la sociedad civil organizada, con el fin de neutralizar y desarticular sus acciones e instaurar el Régimen totalitario y dictatorial Ortega-Murillo.

Responsabilizamos al actual gobierno y la Asociación Nicaraguense Pro Derechos Humanos (ANPDH) de cualquier acto que atente contra nuestra integridad física, psíquica o moral.

Solicitamos de los Organismos Defensores de los Derechos Humanos para que haga pública esta denuncia y realicen las medidas jurídicas necesarias y el uso de los mecanismos legítimos del Sistema Interamericano y Mundial de Protección de los Derechos Humanos.

Managua, veintiocho de Noviembre del año dos mil siete.