Impunidad generalizada ante casos de violencia contra mujeres

Por Lourdes Godínez Leal
México DF, 22 nov 07 (CIMAC)

Por primera vez en México se realizó un diagnóstico sobre los derechos humanos de las mujeres, avalado por un organismo internacional como las Naciones Unidas (ONU), que en reiteradas ocasiones ha exigido al gobierno mexicano actuar con políticas de gobierno para erradicar la violencia contra las mujeres y terminar con la impunidad en casos como Ciudad Juárez, Atenco y las violaciones sexuales cometidas por militares.

Así lo señaló la académica y feminista Marcela Lagarde y de los Ríos, quien refirió que el diagnóstico presentado ayer por el representante en México de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Amerigo Incalcaterra, fue actualizado en el tema específico de derechos humanos de las mujeres y complementado con recomendaciones hechas por la misma ONU.

La feminista y ex legisladora agregó que el diagnóstico replantea casos de impunidad recientes de violencia contra las mujeres, como los sucesos de Atenco, el caso de Ernestina Ascencio en Veracruz, el de las menores de edad violadas por militares en Michoacán, el de Castaños, Coahuila, donde la constante ha sido la violencia feminicida y la institucional.

En todos ellos, además del irrespeto a los derechos humanos y al acceso a la justicia de los familiares de las víctimas, prevalece la impunidad.

"Hay un gravísimo problema de impunidad generalizado en el país en los casos de atención a la violencia que viven las mujeres", señaló Lagarde.


VIOLENCIA, MÁS ALLÁ DE LO FAMILIAR

Y es que el problema de la violencia contra las mujeres en el país es un fenómeno que no ha acabado de entenderse y al cual se le ha restado gravedad e importancia porque se insiste en ubicarlo como violencia familiar.

Por ello, cuando las mujeres acuden a denunciar ante las instituciones, éstas "desvalorizan" sus dichos y las discriminan, en particular, añadió Lagarde, las encargadas de impartir justicia.

De ahí que se impulsara la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, "que plantea una política de Estado para que asuma que es parte del problema y que puede empezar a ser parte de la solución", siempre y cuando se reforme a sí mismo, a sus instituciones y la política del Gobierno federal, local y municipal.

La académica enfatizó la necesidad de contar con una política para prevenir la violencia de género, ya que actualmente no hay ninguna y por ello destaca que la columna vertebral de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es la prevención.

E insistió en las otras formas de violencia: la cotidiana, la pública, la que las mujeres padecen en la calle, en el transporte público, la escolar dirigida contra niñas, jóvenes y universitarias en los centros educativos por ser mujeres, la violencia de las comunidades sobre las mujeres.


MIRADA CRÍTICA A LA LEY

Cuestionada sobre las leyes para vivir sin violencia que se están trabajando en las entidades federativas a partir de la Ley General, la feminista enfatizó: "cada quien ha interpretado la Ley General de acuerdo con sus propias convicciones" y afirmó que algunos estados no han respetado el sentido que tiene como sujetas de derecho a las mujeres.

"En algunos lugares querían cambiarlo, finalmente se ha logrado mantener esta perspectiva en todas las leyes aprobadas".

Aún más, en muchos lugares, aseveró la feminista, ni han leído la Ley, ni la conocen "y se ponen a trabajarla sin tener conocimientos con perspectiva de género", lo que ha provocado que se tenga la "falsa idea" de que se avanza en las leyes que hay de violencia familiar.

No es así, ya que la violencia familiar, sentenció Lagarde y de los Ríos, queda contemplada en la Ley, por lo que compete a la violencia contra las mujeres, pero aquí avanzamos mucho más.


NUMERALIA

-- El 67 por ciento de mexicanas ha sufrido algún tipo de violencia.

-- La violencia de pareja ha crecido en los últimos 17 años hasta 72 por ciento.

-- En una década, no ha habido ningún cambio legislativo en las entidades federativas en el tema de violencia de género.