Ingravidez progresista

por Rafael Sanseviero


“Entre la pena y la nada, la pena”. El poeta hablaba de desamores, pero bien podría estar definiendo el lugar que tiene la libertad sexual y reproductiva de las mujeres en el derecho positivo uruguayo. Así quedó ratificado después de la discusión sobre la despenalización del aborto en el Senado de la República.

“Insoportable levedad” del liberalismo uruguayo que ni una mayoría de izquierda hace más denso.

Pena, penar, penalizar. Castigar. Aparentemente sin mortificación institucionalizada no hay orden social posible. El 15 de octubre un manifestante contra la legalización del aborto dijo textualmente: “…si se despenaliza el aborto se pierde el sentido reproductivo de la sexualidad y solo queda el placer [lo cuál es] intolerable”. El 17 de octubre el Senado acató: empate de votos a favor y en contra, y la penalización sigue vigente.

La pena sigue de acuerdo a una siempre recreada modalidad de ‘no ha lugar’ al cambio. En 1985 dos Diputados del Partido Colorado propusieron despenalizar el aborto pero ni siquiera fueron oídos en la Cámara. En 1994 la Comisión Especial de Bioética aprobó por unanimidad (¿o por una distracción?), una despenalización que tampoco ingresó al Pleno de la Cámara de Diputados. En 2002 esa Cámara aprobó por mayoría otra despenalización, que sucumbió dos años después bajo la amenaza del veto presidencial, en las vísperas de la “era progresista”. Era un “año electoral” y mediaba un antiguo compromiso, también electoral…

Ahora, en 2007 ¿será posible situar esta nueva negativa del sistema político a revisar la legislación punitiva dentro de un marco de referencia progresista? Tal vez elogiando el aliento de las senadoras y senadores que sostuvieron el proyecto de ley contra la presión del Presidente (de la ¿República?). Se celebraría entonces la consagración de un republicanismo de baja intensidad donde los actos de independencia entre agentes de diferentes poderes (cuando acontecen) deben destacarse.

¿Debería agradecerse el “sacrificio de su personalidad” a oficialistas y opositores que fundaron su (no) voto en la economía política de no confrontar la “convicción” presidencial sobre el tema? Se trataría de una “estimulante” pedagogía desde las elites para la construcción de ciudadanías críticas…

Pese a la resolución adoptada por el Senado, el ejercicio del “poder del estado para castigar” reclama una “justificación” basada en razones de “moralidad pública”. Desde esta perspectiva nadie puede justificar el mantenimiento de las normas destinadas a “infligir pena” en la mujer que aborta, porque la moral pública ya ha despenalizado el aborto de hecho. La evidencia empírica, el sentido común y las prácticas institucionales pertinentes lo demuestran, y desde junio de este año, hay una declaración personal y pública de casi 9000 ciudadanas y ciudadanos que lo certifican.

Aunque el sistema político reafirmó su voluntad de penalizar a la mujer que aborta, esa legislación carece de legitimidad social; seguirá siendo una norma legal leve, ingrávida, aunque no por ello menos ofensiva de los derechos de las personas. Por el contrario, los ofende más aún, porque expresa una racionalidad política voluntariamente ciega a los datos de la convivencia social real.