ATROPELLO DE UN DERECHO CONSTITUCIONAL

La triple violación de Carmen


Florence Thomas. Columnista de EL TIEMPO.
Martes 12 de Junio de 2007


Sabíamos que hacer efectiva la sentencia C-355/2006 de la Corte Constitucional sobre el aborto en Colombia iba a tomar tiempo, pero no sospechábamos el empeño por obstaculizar el acceso de las mujeres al procedimiento hoy autorizado.


Por ello quiero contar la historia de Carmen, una joven valluna, cuyo embarazo fue producto de una violación en un bus entre Dagua y Cali. Ella se presenta con la denuncia en una IPS adscrita a la EPS Coomeva, donde le hacen una primera valoración, que confirma un embarazo de 12 semanas; le dicen que vuelva mes y medio después, cuando ya tendría 18 semanas de embarazo. En la segunda consulta la remiten a valoración por ginecología en forma prioritaria, pero le dicen que hay citas para solo dentro de un mes. Ella pide la intervención del coordinador médico de la IPS, que se niega a prestarle el servicio y le habla de la ilegalidad del aborto, aduciendo, entre otros, motivos religiosos. También le dice que debe buscar una orden del fiscal porque no todo el cuerpo médico está de acuerdo con el procedimiento. Además, en la EPS se pierden los documentos de la denuncia y cuando Carmen va a la Fiscalía a pedir copia, le informan que su caso fue remitido a Dagua, donde debía solicitar la copia.

Por medio de una organización de mujeres de Cali, Carmen entra en contacto con Ximena Castilla, una de las abogadas encargadas de estos casos en la Mesa por la Salud y la Vida de las Mujeres. El tiempo pasa: casi dos meses desde la primera consulta. Carmen presenta un nivel muy alto de angustia, acompañado de llantos y desesperanza. La abogada Castilla lleva el caso al Secretario Departamental de Salud. Este no atiende la solicitud por razones culturales, religiosas y sociales. Ni siquiera quiso enterarse de los detalles de la historia. El caso llega entonces al Gobernador del Valle y a la Secretaria Departamental de la Mujer, lo que obliga a que al fin se cite a Carmen a las 7 de la mañana del día siguiente en el Hospital Duarte Cancino; pero a las 4 de la tarde aún no ha sido atendida y cuando ella pregunta por qué, el médico responde que no está seguro de la veracidad de la violación.

Finalmente, luego de varios días más, Carmen es atendida. Para ello fue necesaria, además de todo lo anterior, la denuncia pública en radio y un escrito dirigido al Procurador General de la Nación. Cuando está recuperándose en la habitación, le colocan al lado una bolsa con el feto y le dicen que no puede salir del hospital sin el producto del procedimiento.

Todos los derechos de Carmen fueron vulnerados: la violaron junto con otra mujer y del violador no se sabe nada; dudaron de su palabra y pusieron diversos obstáculos para no cumplir la sentencia de la Corte y la reglamentación del Ministerio de la Protección Social; la sometieron a torturas psicológicas y secuestro al impedirle la salida del hospital si no se llevaba el producto del procedimiento. Carmen vivió en carne propia los efectos más perversos de una cultura misógina. Historias como la de ella hay muchas hoy en Colombia. Corresponde a los organismos del Ministerio Público hacer la debida veeduría y sancionar a quienes entorpecen la sentencia de la Corte.


Florence Thomas - Coordinadora del grupo Mujer y Sociedad