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28 de Setiembre Día por la
Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe
Relato de las horas más dolorosas de una joven
En Uruguay, seis mujeres al día optan por el aborto
22 Sep (CIMAC/SEM) Patricia tiene 22 años y unos
cuatro mil pesos
prestados hechos una bolita en el bolsillo de su pantalón,
sentada en un
ómnibus pierde la mirada a través de la ventanilla empañada,
mientras piensa
qué excusa dará en su casa por las horas de ausencia, ella
decidió junto con
su novio, interrumpir su embarazo.
Patricia no está acostumbrada a las mentiras ni a las coartadas
de la
clandestinidad, en el camión va junto a Nacho, su novio, quien
controla la
ruta. Tienen que bajar en el poste que marca el kilómetro 22, ni
un metro
más, ni un metro menos. Así le dijeron cuando acordaron el
operativo con la
voz anónima de un teléfono móvil cuyo número cambia todas las
semanas.
Un auto blanco esperaba, sólo ella podía subir en el asiento
trasero debe
bajar la cabeza y mirar sólo al piso para no reconocer el
destino. Apenas
sabe que se dirige a una casa de playa, en uno de los balnearios
cercanos a
la capital.
Ahí está instalada una de las clínicas de abortos consideradas
"seguras":
la atiende un médico, lo realiza por el método de aspiración,
usa anestesia
para "sacarla de ambiente" y prescribe antibióticos.
La intervención dura menos de una hora. Pocas palabras. Apenas
para
cerciorarse de que todo anduvo bien. Unos pocos consejos y
recomendaciones.
Una vez recuperada, el mismo auto la devuelve a la ruta. No
espera a que
llegue el ómnibus. Rápidamente desaparece sin dejar rastro.
Nacho la mira
sin saber qué decir. Un hijo no estaba en sus planes.
Como Patricia, otras cinco mujeres harán ese día el mismo viaje.
Ricas y pobres
Este relato no es ficción, es parte de la nueva realidad de un
Uruguay donde
el aborto es ilegal y penado con cárcel. La persecución policial
a clínicas
clandestinas apostadas en diferentes puntos de la ciudad creó
una nueva
modalidad de atención suburbana.
Las personas interesadas se contactan a un teléfono móvil, cuyo
número va
cambiando periódicamente, se solicita una consulta médica, se
marca un lugar
de encuentro y se establece como condición que, por seguridad,
la mujer no
vaya acompañada.
No obstante, esta modalidad está reservada a quien disponga de
un promedio
de cuatro mil pesos para solventar el acto médico de realizar un
aborto por
aspiración en condiciones seguras.
No se conocen cifras exactas de cuántos abortos se realizan en
Uruguay, pero
según Rafael Sanseviero, ex diputado de la coalición de
izquierda Encuentro
Progresista-Frente Amplio y autor en 1993 de un proyecto de ley
de
despenalización del aborto que murió en el olvido, sólo en una
clínica de
Montevideo se realizan un promedio de seis abortos diarios.
Datos de un estudio efectuado entre el primero de enero y el 30
de
septiembre de 2001 registran 1.605 abortos en esa clínica. De
ellos, 13 por
ciento fue a mujeres menores de 20 años, 27 por ciento tenían
entre 20 y 24
años, 44 por ciento de 25 a 35 años, 12 por ciento de 36 a 40
años y 4 por
ciento entre 41 y 47 años.
Por la propia clandestinidad, no se sabe a ciencia cierta
cuántas clínicas
realizan abortos en condiciones seguras. Pero se estima que
existen por lo
menos otras cuatro, además de la revelada por Sanseviero, con
condiciones
higiénicas aptas, así como un número impreciso de lugares
igualmente
clandestinos, pero de dudosa salubridad.
Las mujeres pobres, en tanto, recurren a infusiones de té de
ruda y de una
hierba conocida como carachipitá, a maniobras abortivas con
tallos de
perejil, agujas de tejer, sondas vesicales o a pastillas de
permanganato de
potasio que se colocan en la vagina.
El doctor Leonel Briozzo, catedrático adjunto de una de las
clínicas
ginecológicas de la Facultad de Medicina que funcionan en el
Hospital
Pereira Rossell (la mayor maternidad pública del país), informó
en
septiembre de 2003 ante la Comisión de Salud Pública del Senado
de la
República que en Uruguay se practican anualmente unos 150 mil
abortos.
Iniciativas médicas
En Uruguay, el aborto realizado en condiciones inseguras
constituye la
primera causa de muerte materna, el 27,7 por ciento de los
fallecimientos
registrados en el período 1995-1999 se deben a prácticas
abortivas, un
porcentaje muy superior al registrado a nivel mundial (13 por
ciento) y en
América Latina (21 por ciento).
En los primeros meses de 2001, cuando los médicos del Pereira
Rossell
constataron perplejos la instalación de lo que definieron como
"epidemia",
con la muerte de cinco mujeres como consecuencia de maniobras
abortivas
cruentas, lanzaron una inusual iniciativa.
Dado que, pese a ser ilegal y castigado con prisión, el aborto
igualmente se
sigue practicando, era preciso ofrecer medidas de protección a
aquellas
mujeres decididas a practicarlo y que no tienen medios para
realizárselo sin
riesgos.
El plan "Iniciativas Médicas contra el aborto inseguro", que
agrupa a una
veintena de ginecólogos, parteras y asistentes sociales, incluye
consultas
de asesoramiento en forma confidencial a aquellas mujeres que
expresen su
voluntad de interrumpir el embarazo.
La información alude a las consecuencias de un aborto hecho por
personas no
idóneas; control del embarazo y edad gestacional; prescripción
de
antibióticos antes y después de la intervención si la mujer
decide
efectivamente abortar y apoyo psicológico, entre otros aspectos.
Dos años después, en ese centro hospitalario ya se recibían diez
consultas
semanales de mujeres que consideraban la posibilidad de abortar,
aunque de
ellas 40 por ciento desistían finalmente de su intención
original.
"Lo que hacemos es un equilibrio difícil, porque por un lado
tenemos que
respetar la voluntad de la paciente, pero a su vez estamos en
contra del
aborto, por lo que ayudamos a reflexionar para que pueda ver
otras
perspectivas (...) porque a veces hay problemas que se pueden
arreglar",
informó Briozzo en una entrevista al semanario local Búsqueda.
Destacó que si la mujer está decidida a abortar se le alerta
respecto a las
prácticas de mayor riesgo y se le informa de la existencia del
medicamento
misoprostol, cuyas pastillas -si bien se prescriben para otros
usos- cuando
se lo colocan en la vagina provocan contracciones uterinas y la
expulsión
del embrión "de manera eficaz, segura y privada", antes de las
nueve semanas
de gestación.
"Lo que hacemos es difundir los reportes científicos a nivel
internacional.
Hay una iniquidad muy grande respecto a que una mujer que tiene
acceso a la
información pueda optar por ese método que es seguro, barato y
eficaz y una
mujer que no tiene esa información no sabe ni siquiera que
existe esa
posibilidad", dijo Briozzo al semanario uruguayo.
El 6 de agosto pasado, tres años después de que las Iniciativas
Médicas
contra el Aborto se estuvieran aplicando en la mayor maternidad
del Estado,
el Ministerio de Salud Pública decidió finalmente extender a
todas las
maternidades y hospitales del país el servicio de asesoramiento
a mujeres
que deciden interrumpir el embarazo.
La norma, avalada por la Sociedad de Ginecotocología, la
Facultad de
Medicina y el Sindicato Médico del Uruguay prevé crear un
"servicio
accesible a toda mujer, en todo momento y en todo el país". Cada
grupo
asesor, que mantendrá la total confidencialidad, está integrado
por un
ginecólogo, un especialista en salud mental, un asistente
social, un médico
legislador y un sociólogo.
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