Suspenden programa nacional de salud sexual y reproductiva

En provincia argentina


Argentina, 21 jun (CIMAC)

El gobierno de la provincia argentina de San Juan decidió suspender el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, denunció hoy el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM).

Pasando de largo a la Corte Suprema del país austral que aún no decide nada respecto a suspender o no el programa, la medida que ya se implementó en esa provincia interrumpe la entrega de información y métodos anticonceptivos en hospitales públicos y salas de primeros auxilios a las mujeres que los reclaman .

La organización feminista señala que es un acto injusto , cuya puesta en práctica incide directamente en el aumento de los embarazos no deseados, la práctica del aborto clandestino, el incremento del contagio de HIV/sida y las infecciones de transmisión sexual.

Argumentando que La libertad de decidir los métodos anticonceptivos y de planificación familiar está protegida por un principio constitucional a través de nuestra adhesión a la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Por estas razones exigimos la plena vigencia en todo el país del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable como lo indica la Ley 25.673 y su reglamentación: es responsabilidad de los funcionarios de gobierno cuidar la salud y defender la vida, derechos y dignidad de las y los ciudadanos representados, garantizando el cumplimiento de la ley, finaliza CLADEM.

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA
Su más honda preocupación y desagrado frente a la decisión plasmada en la resolución 1159 dictada por la Secretaría de Salud Pública del Gobierno de la Provincia de San Juan, mediante la cual se dispone la suspensión del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en el ámbito provincial.
Manifiesta asimismo su voluntad de que los poderes provinciales constituidos reimplanten en el más breve lapso, y en la forma que determina el artículo 3º de la ley 25.673, el programa suspendido.


FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

La ley 25.673, sancionada en el año 2002, vino a dar cumplimiento con los derechos consagrados en Tratados Internacionales que adquirieron rango constitucional mediante la reforma de la Carta Magna de 1994, como la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, entre otros.

En el plano estricto de lo que es la planificación familiar se adoptó el criterio de la Organización Mundial de la Salud cuando la define como "...un modo de pensar y vivir adoptado voluntariamente por individuos y parejas, que se basa en conocimientos, actitudes y decisiones tomadas con sentido de responsabilidad, con el objeto de promover la salud y el bienestar de la familia y contribuir así en forma eficaz al desarrollo del país". La ley 25.673 define explícitamente en su artículo Nº 3 "El programa está destinado a la población en general, sin discriminación alguna." Con ello está señalando, sin ningún tipo de eufemismo, el derecho de todas las personas a tener fácil acceso a la información, educación y servicios vinculados a su salud y comportamiento reproductivo.

En la provincia de San Juan, y ante una presentación judicial de un partido provincial, antes del pronunciamiento del fuero, el Secretario de Salud provincial dispuso el 6 de junio pasado, a través de la resolución 1159, la suspensión del Plan Mujer que era la forma que había adoptado en la provincia cuyana el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Plan que, cabe decirlo, era sólo una aplicación restringida de lo dispuesto por la ley 25.673.

La prescindencia respecto de la ley referida, en cualquier jurisdicción de la República, es motivo de severa preocupación toda vez que la misma se inscribe en la ampliación de la noción de ciudadanía y favorece, sin duda alguna, a los sectores más postergados y vulnerables de nuestra sociedad.

Es por ello que entendemos que esta Cámara debe dar una señal fuerte de su preocupación así como instar a que las instituciones sanjuaninas reparen esta desafortunada decisión gubernamental y reimplanten prontamente en su provincia la posibilidad de acceso al ejercicio de un derecho básico.

 

COMUNICADO DEL MOVIMIENTO DE MUJERES

El Movimiento de Mujeres de San Juan, denuncia ante la ciudadanía de nuestra provincia y nuestro país, el atropello a los derechos ciudadanos de las mujeres sanjuaninas mediante la suspensión del "Plan Mujer".

Este medida afecta de manera discriminatoria a las mujeres de los sectores populares, quienes cada vez más acuden a recibir este servicio en los Centros de Salud Pública de la Provincia.

El PROGRAMA se implementaba -a pesar de la resistencia de sectores del Gobierno provincial- a través de charlas, jornadas y la distribución de anticonceptivos que brindaban profesionales responsables y comprometidos con su trabajo, la participación de las mujeres implicadas y el aporte del Movimiento de Mujeres Sanjuanino que ampliaban la información sobre dicho programa.

El día 10 de junio el Subsecretario de Salud Pública de la Provincia Dr. Roberto Correa a sugerencia del Fiscal de Estado Adjunto: Dr. Emilio Daneri, emite una circular interna a todos los Servicios de Salud suspendiendo la distribución de Diu y Anticonceptivos, perjudicando la salud de las mujeres pobres beneficiadas por este Plan.

Las consecuencias de la suspensión de este plan son preocupantes: la obstaculización de la procreación responsable incrementa en nuestra provincia el índice de morbi-mortalidad materna debido a sepsis por abortos mal realizados de embarazos no deseados. Así mismo demuestra la insensibilidad e incoherencia de los que se dicen "responsables de la salud en nuestra provincia" ya que de esta manera eluden las condiciones sociales, educativas y de salud de las mujeres y niños pobres.

Por otra lado violan el principio máximo de la OMS-UNICEF de que la salud es un bien social, que el Estado debe garantizarlo a través de la prevención y promoción de la salud. En una provincia pobre como la nuestra el Plan Mujer y otros planes sociales garantizan una utilización más equitativa e igualitaria de los escasos recursos de salud.

Por último repudiamos la actitud autoritaria de quienes se erigen en contralores del cuerpo y la voluntad reproductora de las mujeres y su pareja.

La decisión de la procreación responsable garantizada a través del Plan Mujer, debiera mantenerse en el ámbito privado del hogar como una responsabilidad de la pareja, y el gobierno tiene el deber de garantizar este derecho a todos los sectores sociales.

Queda en evidencia que la actitud del Subsecretario de Salud Dr. Correa, el recurso presentado por el Dr. Alberto Sánchez y quienes acompañan ideológicamente este proyecto demuestran una actitud irresponsable en el marco de la crisis socioeconómica de nuestro país y especialmente de nuestra provincia, afectando a las mujeres y niños pobres desde una actitud de jerarquía y desprecio.

Por ello reclamamos la urgente restitución del Plan Mujer en San Juan, garantizando información, asesoramiento y acceso igualitario a los diferentes métodos anticonceptivos disponibles.