RIMA - Red Informativa de Mujeres de Argentina del Diario Rosario/12. 1ro. de noviembre de 2003

Contra el programa de procreación responsable

La Justicia volvió a fallar

El juez Ariel Ariza suspendió el programa municipal destinado a la la entrega de la llamada "pastilla del día después" a mujeres fundamentalmente de barrios pobres de la ciudad.


por Alicia Simeoni

"La pastilla no es abortiva", dijo el secretario de salud de la
Municipalidad.

Una resolución del juez en lo Civil y Comercial Ariel Ariza, que hizo lugar a la presentación de un abogado del foro local, Nicolás Mayoraz, decidió una semana atrás la suspensión de la ordenanza municipal 7282 que modifica y amplía los alcances del Programa de Procreación Responsable de la Municipalidad de Rosario. Por esa ordenanza se prevé la información sobre métodos de anticoncepción, el suministro de los mismos a las pacientes carenciadas y la información y posible prescripción de la anticoncepción de emergencia. Mayoraz planteó que "el método es abortivo". Desde la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad se sostiene que la resolución contradice, entre otros planteos, a lo que sostiene la Organización Mundial de la Salud (OMS). De todos modos la Municipalidad planteó un recurso de nulidad de la cautelar de Mayoraz y expuso el cometido público en lo que hace a la salud integral de la población y el consiguiente perjuicio que traería la suspensión de la ordenanza relacionada con la salud reproductiva. "La ordenanza está vigente a partir de esta presentación", dijo Aldo Gómez, director de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad (ver aparte). Las organizaciones rosarinas que integran el comité asesor del Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción de Emergencia están en estado de alerta.

El juez Civil y Comercial Ariel Ariza hizo lugar la semana pasada a la medida cautelar presentada por el abogado Nicolás Mayoraz contra la Municipalidad de Rosario y por la que resolvió suspender la aplicación de la ordenanza Nº 7282. Por esa norma se modifica otra, la 6244 del Programa de Procreación Responsable y se faculta a la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad para que incorpore al menú de métodos anticonceptivos otros métodos, investigados y probados, para entregar de manera gratuita a las pacientes carenciadas los anticonceptivos y a informar sobre la anticoncepción de emergencia, su mecanismo de acción y formas de uso y a prescribirla si es solicitado en la consulta médica.

Ayer el secretario de Salud Pública de la Municipalidad, Miguel Capiello, explicó que la llamada "píldora del día después", en base a hormonas, estrógenos sobre todo, se toma después de una relación sexual en una época de fertilidad de la mujer y de esa forma "se impide la anidación del huevo" en el útero.

Desde la secretaría se decía ayer que la "pastilla" no se usa ni se requiere en forma masiva en el marco del Programa de Procreación Responsable que comprende a más de 23.000 mujeres a quienes se les da información y se les suministra anticonceptivos por vía oral, inyectables o dispositivos intrauterinos "como parte de la educación que se busca".

El Programa no ha sido objetado en esta oportunidad sino la ordenanza que lo modificó y que es del 6 de diciembre del 2001. El proyecto fue presentado por la concejala Silvana Svatetz y permitió no sólo la incorporación de la "pastilla" sino que prevé la gratuidad en la entrega de anticonceptivos y la información en todos los casos.

Capiello fijó su punto de vista contrario a la presentación de Mayoraz que sostiene que la que se conoce como la píldora del día después "es abortiva": "Lo que hace es impedir la unión del espermatozoide con el óvulo y científicamente ha sido demostrado que no es abortivo", dijo.

La resolución del juez Ariza contempló la presentación realizada por un particular, el abogado Mayoraz, quien integra el equipo del conocido estudio de Iván Cullen que ganó no pocos juicios a la Municipalidad. Mayoraz dijo a Rosario/12 que su presentación "no va contra los métodos anticonceptivos en general sino contra la metodología conocida como la píldora del día después ya que hay evidencia médico-científica comprobada de que estos fármacos son abortivos", dijo.

- Su presentación va contra las mujeres pobres a quienes le quita una posibilidad que tienen quienes no sólo cuentan con el acceso a la información sino con la capacidad de comprar la píldora en la farmacia, dijo esta cronista a Mayoraz.

- Sí pero yo me baso en la Constitución Nacional y en los Pactos Internacionales que protegen la vida y el Estado, en este caso la Municipalidad tiene que cumplir con las leyes. Además de esta forma a esas mujeres, como yo pretendo, no se las va a engañar. Nadie quiere cargar en su conciencia con un aborto.

- Es decir que para quien puede pagar una prescripción médica y comprar la píldora está la posibilidad de decidir sobre su uso.

- Esto ya depende del Estado nacional y yo litigo en Rosario.

Mayoraz hizo su presentación ante el juzgado Nº 4 en lo Civil y Comercial que en el 2002 estaba sin juez y el magistrado Jorge Scavone, quien firmó en suplencia, no concedió la medida cautelar sino que la difirió hasta que la Municipalidad hiciera su descargo. Después fue recusada la jueza nombrada en ese juzgado y así la medida fue al juzgado de Ariza que hizo lugar a la cautelar.

Por su parte, la concejal Mónica Fein, quien se hará cargo de la secretaría de Salud Pública de la Municipalidad a partir del 10 de diciembre, planteó su "total desacuerdo" con el planteo de Mayoraz y con la resolución judicial. "Creo que una vez más estos posicionamientos de la Justicia profundizan la inequidad entre quienes tienen y no tienen, las mujeres que tienen recursos y acceso a la información y al método y quienes no pueden. Lo que hace el municipio es algo que está permitido, poner al alcance de todos la información y los métodos para impedir los embarazos no deseados o actuar en casos en que a partir de una relación ocasional o de una violación la mujer pueda decidir tomar el fármaco".

Al conocerse la resolución del juez se generó un estado de alerta en las organizaciones de Rosario que integran el Consorcio Argentino de Anticoncepción de Emergencia que se propone pensar estrategias y pedir el apoyo tanto "nacional como internacional de sectores fundamentalistas", tal como lo expresa un comunicado que firma la psicóloga Liliana Pauluzzi, coordinadora del CAAE.
 

RIMA del diario El Ciudadano, Rosario, Santa Fe.
1ro de noviembre de 2003

DECISIÓN POLÉMICA

Un fallo suspendió la entrega de la "píldora del día después"

Las ONGs vinculadas al tema de género calificaron de
"nefasta" la medida judicial

El juez Ariza hizo lugar al pedido de un abogado rosarino que considera "abortivo" el uso de esa medicina.

Si el fallo del juez Civil de la Quinta Nominación de Rosario, Ariel Ariza, se mantiene firme pese a haber sido ya apelado, uno de los principales avances que había logrado la Secretaría de Salud municipal al introducir en la red sanitaria pública la oferta del método de anticoncepción de emergencia, también conocido como "píldora del día después", que actúa en la prevención de embarazos no deseados, habrá vuelto a foja cero. El fallo es consecuencia de una presentación realizada hace varios meses por el abogado Fernando Mayoraz, socio del estudio del constitucionalista Iván Cullen, quien amparándose en la ley 10.000 de intereses difusos solicitó la suspensión del servicio del Programa de Salud Reproductiva Municipal, creado en 2001 por la ordenanza 7.282, por considerarlo "abortivo". Tanto la presentación de Mayoraz como el fallo de Ariza provocaron la reacción de todas las organizaciones de defensa del género de la ciudad y del propio municipio, que de inmediato presentó una apelación a la medida judicial a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos, aunque hasta tanto no haya una resolución al tema de fondo ­si la ordenanza es inconstitucional­, la entrega de la medicación quedó suspendida.

Uno de los principales destinos que se le da a esta droga es el uso en pacientes que llegan a las guardias de los hospitales municipales denunciando haber sido víctimas de una violación, casos en los que se practica una prevención de contagio de VIH, con tratamiento de un mes de cóctel antiretroviral, y la prevención de embarazo, con anticoncepción de emergencia.

El fallo fue calificado de "nefasto" por las organizaciones no gubernamentales que trabajan en pro de los derechos de la mujer, desde donde señalaron que la medida afecta directamente a las mujeres pobres, ya que las de clase media pueden proveerse la pastilla por otros medios y no este grupo (que las recibe del municipio), que a su vez siempre está más expuesto a situaciones de violencia sexual o carencia de métodos de anticoncepción.

Miguel Capiello, secretario de Salud municipal, informó que el dictamen fue recibido hace ya algunos días en la secretaría y contestado anteayer.

"Somos tan amplios que a quien cita como fuente argumental Mayoraz en su presentación es al médico Rafael Pineda, jefe de servicio de Obstetricia del Hospital Clemente Álvarez", contó Capiello.

Susana Chiarotti, abogada y miembro del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo, afirma que el dictamen "afecta derechos constitucionales ya consagrados que dan derecho a acceder a todos los medios de planificación familiar. Esto afecta de manera mayoritaria a mujeres pobres ya que las de clase media pueden acceder por su cuenta a ese tipo de prevenciones", aseguró.

Chiarotti adjudicó la presentación y el fallo a "un sector religioso que adhiere a principios fundamentalistas y conservadores, que está actuando en todo el país y ahora pretende boicotear las políticas del Estado municipal".

Incluso, Chiarotti recordó que el argumento defendido por el juez y que tilda a las píldoras de abortivas, está refutado por la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) que ha considerado como no abortivas a las pastillas ya que "impiden la anidación del huevo, es decir no pueden interrumpir lo que no ha comenzado".

Capiello, por su parte, se mostró confiado en que el fallo se revertirá ya que, dijo, "el servicio representa un claro avance para la salud de las mujeres". "Hay que recordar que esto es hasta una prevención para evitar embarazos producto de una violación", dijo.

La concejala socialista Silvia Augsburguer, autora de un proyecto aprobado que propone la entrega de anticoncepción de emergencia a víctimas de delitos sexuales, consideró que "se trata de una nueva discriminación a mujeres sin recursos ya que impide que accedan a un derecho que las mujeres de mayores recursos tienen cubiertos".

El dictamen de Ariza ordena suspender la aplicación de la "ordenanza Nº 7.282 de diciembre de 2001", en virtud del "artículo 8º de la ley 10 mil", lo que de acuerdo a las ONGs que trabajan el tema de genero aumentará los embarazo no deseados en mujeres pobres que en caso de terminar en un aborto, acceden al mismo en las peores condiciones.