Mujeres hoy, 24 de octubre

EEUU a un paso de restituir penalización del aborto

El congreso del país del norte aprobó prohibir el aborto a los tres meses de gestación: una de las "metas" de la administración que Bush, que ya quitado el aporte a diversas ONG vinculadas con los derechos reproductivos.
Organizaciones acusarán el proyecto de inconstitucional, ya que aseguran atenta contra la salud y los derechos de las mujeres.


Diversos grupos partidarios de la interrupción voluntaria del embarazo han anunciado que desafiarán la constitucionalidad de un proyecto aprobado por el Congreso de EE.UU. que prohíbe el llamado "aborto de gestación avanzada".

La medida fue aprobada, por 64 votos a favor y 34 en contra, el martes 21 de octubre por la noche en el Senado después de recibir vía libre de la Cámara de Representantes y el presidente de EE.UU., George W. Bush, ha dicho que la promulgará en cuanto llegue a sus manos. La restitución de la ilegalidad del aborto sería un gran logro para la actual administración, que se ha caracterizado por un discurso conservador en materia de derechos reproductivos.

El mismo Congreso frustró en abril pasado una ley que hubiera garantizado una cobertura más equitativa del seguro médico de los anticonceptivos y expandido el acceso a los anticonceptivos de emergencia.

Tres meses después, el 15 de julio, negó al Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP, por las siglas de su nombre en inglés), el aporte previsto para los años 2004 y 2005, de 100 millones de dólares. Dicho organismo internacional es la principal fuente de financiamiento de gobiernos pobres y ONG para programas de salud materna y planificación familiar en 140 países.

La Conferencia Episcopal católica de Estados Unidos aplaudió las resoluciones y ahora instó al presidente Bush a promulgar de inmediato la ley "tal como ha prometido hacerlo".

En Estados Unidos la gestación avanzada se considera como tal cuando el feto ha cumplido los tres meses. De ser promulgado el proyecto, un médico o médica podrá ser condenado a penas de hasta dos años de cárcel por realizar un aborto de gestación avanzada. Las mujeres que se someten a estos procedimientos no serían procesadas.

Tras conocer el dictamen del Senado, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) señaló que el proyecto es una medida "engañosa y peligrosa" que sacrifica la salud y los derechos de las mujeres con fines políticos.

La ACLU declaró que cuestionará la constitucionalidad del proyecto con el fin de proteger no sólo a las mujeres que se someten a ese tipo de aborto, sino también a los médicos y médicas ue lo practican

"Los legisladores que se oponen al aborto han utilizado una retórica inexacta e inflamatoria para ocultar el hecho de que esta medida prohibirá procedimientos seguros de aborto utilizados mucho antes de la viabilidad fetal", dijo Laura Murphy a agencias internacionales, directora de la oficina en Washington de ACLU.

"Los legisladores no deberían estar jugando a la política con la salud de las mujeres", agregó Murphy.

Añadió que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ya estableció que una prohibición de ese tipo pone en peligro la salud de la mujer y constituye una violación de sus derechos, sin embargo el dictamen no ha detenido la avalancha conservadora en el Congreso norteamericano.

"Es criticable que aprueben leyes que dañarán a las mujeres y convertirán a sus médicos en criminales", añadió.

Por su parte, la senadora demócrata Barbara Boxer calificó la decisión del Senado como una medida radical y respaldó las denuncias que aseguran que "los verdaderos motivos de quienes propusieron la prohibición fue ganar puntos políticos".

Las políticas de retroceso para los derechos de las mujeres han avanzado mucho durante estos últimos años, como es el caso del estado de Virginia, donde la Cámara de Delegados aprobó una ley que permite a los/as médicos/as y trabajadores/as de la salud oponerse realizar un aborto por razones de conciencia.

Al respecto, la senadora demócrata Janet D. Howell comentó al diario The Washington Post: "Nunca se había visto algo así, esta ola de legislación" contra el aborto.

El aborto en el primer trimestre de gestación rige en la legislación de Estados Unidos desde 1973, pero el precedente jurídico que lo permitió ha sido tema de una amarga controversia entre los sectores conservadores que buscan eliminarlo y los grupos liberales, gremios de la salud y organizaciones de mujeres que lo defienden.

Según NARAL Pro-Choice América, una organización dedicada a promover la salud reproductiva; la Asociación Médica Americana; el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos; la Asociación Médica Americana de las Mujeres; la Asociación Americana de Enfermeros y la Asociación Americana de Salud Pública, apoyan a este procedimiento en casos selectos.

Su presidenta, Kate Michelman, ha advertido: "Esto sólo es el principio de una estrategia coordinada para revocar el derecho de las mujeres a elegir...".

En 1992 el Senado y la Cámara de Representantes aprobaron un proyecto que prohibía el aborto de gestación avanzada, pero el entonces presidente Bill Clinton lo vetó porque no contenía una excepción que protegiera explícitamente la salud de las mujeres.