Mujeres Hoy, agosto 2003

Campaña contra el aborto

por Ricardo Grassi

Activistas que abogan por el aborto legal alertaron sobre la existencia de una campaña mundial de organizaciones católicas conservadoras de Estados Unidos, en sintonía con el protestante presidente de ese país, George W. Bush, y con la diplomacia del Vaticano. El aborto inseguro provoca anualmente la muerte de 78 mil mujeres.
 

La campaña acusa de promover el aborto a las instituciones que defienden el derecho de la mujer a decidir cuántos hijos procrear, y éstas replican que buscan, por el contrario, reducir el número de abortos, ayudando a evitar embarazos no deseados.

El comisario para Desarrollo y Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (organismo ejecutivo de la Unión Europea), Poul Nielson, reafirmó en mayo su apoyo a la creación de servicios de salud sexual y reproductiva para prevenir la necesidad de recurrir al aborto.

La Comisión "reconoce que el aborto inseguro es una realidad que provoca la muerte innecesaria de muchas mujeres", señaló.

"Más de medio millón de mujeres muere cada año durante el embarazo o el parto, casi todas en países en desarrollo", añadió Nielson.

La Organización Mundial de la Salud calcula que se practican anualmente 20 millones de abortos clandestinos o en condiciones precarias, por los cuales mueren unas 78.000 mujeres, la mitad de ellas en América Latina. Según la misma agencia, los abortos legales son alrededor de 25 millones.

El ataque de los antiabortistas se concentra, en particular y con éxito, contra el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP, por las siglas de su nombre en inglés), la principal fuente de financiación a gobiernos y organizaciones no gubernamentales (ONG) para programas de salud materna y planificación familiar en 140 países.

El Congreso de Estados Unidos decidió el 15 de julio negar al FNUAP el aporte previsto para los años 2004 y 2005, de 100 millones de dólares.

Eso confirmó que "la política pública está cada vez más teñida por la desinformación emanada de la Casa Blanca", opinó la teóloga y activista Frances Kissling, presidenta de la ONG internacional Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), originada en Estados Unidos.

El objetivo declarado de la CDD es contribuir "al discurso público internacional y a la educación en materia de salud y derechos reproductivos, políticas de población, igualdad de género y sexualidad".

Según esa organización, "la ley de la Iglesia afirma que tanto el derecho como la responsabilidad de las católicas y los católicos es seguir a su propia conciencia en asuntos morales, aun cuando ésta entre en conflicto con la enseñanza de la Iglesia". "Es inconcebible que nuestro gobierno sacrifique la salud y las vidas de mujeres y familias en países de bajos recursos, sólo para satisfacer a una minoría extremista", afirmó a fines de julio la presidenta de la ONG estadounidense Centro de Derechos Reproductivos, Nancy Northup.

"Los programas del FNUAP salvan vidas, al aportar equipos modernos a los hospitales y mejorar el cuidado prenatal y maternal", agregó.

La "minoría extremista" aludida por Northup está representada principalmente por tres poderosas instituciones católicas conservadoras de Estados Unidos, que acusan a las integrantes de grupos como CDD de ser falsas católicas y "proveedoras de abortos".

Esas tres instituciones son el Instituto de Estudios de Población (PRI, por sus siglas en inglés), el Instituto de la Familia Católica y los Derechos Humanos, y Vida Humana Internacional, esta última fundada por el monje benedictino Paul Marx, autor, entre otros libros, de uno titulado Hegemonía: El plan de China para dominar Asia y el resto del mundo.

En octubre de 2000, el PRI acusó al FNUAP de financiar la política china de aborto coercitivo y esterilización, y eso fue determinante para que en julio del año siguiente Bush anulase la entrega a esa agencia de una contribución de 34 millones de dólares que había sido aprobada por el Congreso legislativo.

Bush se valió de la enmienda Kemp-Kasten, de 1985, que prohíbe a Washington entregar dinero a "cualquier organización que, a criterio del presidente de Estados Unidos, colabore o participe en programas de abortos coercitivos o esterilización involuntaria".

Aquella acusación fue "una falsedad descarada, como demostraron tres investigaciones independientes realizadas en China, una de ellas encabezada por Estados Unidos", dijo a IPS la presidenta de la Asociación Italiana Mujeres para el Desarrollo (Aidos), Daniela Colombo.

Investigadores del Departamento de Estado (cancillería) estadounidense informaron sobre "fuerte oposición" del FNUAP a las políticas chinas que se le había acusado de apoyar, agregó Colombo.

El FNUAP destina a China sólo 3,5 millones de dólares de su presupuesto anual de 350 millones.

Funcionarios de esa agencia señalaron que la falta de aporte financiero de Estados Unidos dificulta la prevención anual de unos dos millones de embarazos no deseados en el mundo y la creación de servicios de salud materna e infantil adecuados.

"Como siempre, son las mujeres pobres las principales afectadas", comentó Colombo.

La actual campaña "derechista" y "fundamentalista" cuestiona logros "que habíamos considerado definitivamente conquistados después de El Cairo y Beijing. No podemos permitirnos perder", dijo a IPS Wendy Harcourt, de la ONG Sociedad para el Desarrollo Internacional.

En 1994, representantes de gobiernos de 179 países participaron en El Cairo en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. Al año siguiente, se realizó en Beijing la Conferencia Internacional sobre la Plataforma de Acción de las Mujeres.

En síntesis, esas conferencias afirmaron que la salud reproductiva implica que las personas tengan una vida sexual satisfactoria y segura, la capacidad de reproducirse y la libertad de elegir hacerlo, cuándo y cuán seguido.

El programa de acción aprobado en El Cairo buscó crear, sobre todo en el mundo en desarrollo, centros de salud pública eficaces, facilitar el acceso a información preventiva y la planificación familiar, y evitar el aborto clandestino o inseguro.

Además de la batalla ideológica en curso, el éxito del programa de acción ha sido minado por políticas neoliberales que imponen la privatización de la salud y el debilitamiento del poder estatal, según las organizaciones empeñadas en llevarlo adelante.

Después de los ataques terroristas en Nueva York y Washington del 11 de septiembre de 2001, "el retroceso es peor, y ahora cuestionan incluso lo que llaman el lenguaje de Beijing", según Harcourt.

El Vaticano editó un libro de 900 páginas titulado Lexicon - Términos ambiguos y discutidos sobre familia, vida y cuestiones sociales, en el cual se alega que el lenguaje utilizado desde la conferencia de Beijing es un camuflaje para promover el uso de anticonceptivos y el aborto, contra mandatos de la jerarquía católica.

"En definitiva, insisten en proponer sólo la abstinencia para evitar embarazos y enfermedades sexuales tan terribles como el sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), lo cual es simplemente monstruoso", opinó la responsable de prensa de Aidos, Cristiana Scoppa.

El gobierno de Bush coincide con esa política del Vaticano, según la investigadora brasileña Sonia Correa.

"Ni bien asumió, en 2001, dispuso que el organismo de cooperación internacional estadounidense, USAID, suspendiese el aporte de dinero a ONG que incluyen en sus programas la legalización del aborto. Después, decidió destinar fondos para promover la abstinencia", explicó.

Pero Washington no podría recortar los fondos destinados a salud reproductiva dentro de Estados Unidos pues sería una medida inconstitucional, ha destacado el Centro de Derechos Reproductivos.

"Me siento enfrentada a una realidad que parece salida de un libro de texto feminista de los años 70: un imperio capitalista dominado por los hombres y motivado por la ambición, que toca los tambores de guerra contra las agencias de mujeres sobre sexualidad y reproducción", concluyó Correa.


Fuente: IPS