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España por 3
Sanidad asumirá abortos que se hacían en
clínicas privadas
CCOO asegura que las mujeres quedarán desatendidas
Valencia, julio de 2003
Pilar G. del Burgo/Levante/Tertulia La conselleria de Sanidad ha
anunciado una inminente reestructuración en los servicios de
ginecología de los hospitales
públicos para asumir "la prestación de las interrupciones
voluntarias del embarazo (IVE) siempre
que sea posible y respetando la libertad de objeción de conciencia
de los profesionales". En un comunicado oficial, la Administración sanitaria indica que el
plan de reestructuración
permitirá aumentar los niveles de calidad de las intervenciones de
aborto en los supuestos
legales del primer y segundo trimestre de gestación. Y que,
asimismo, los centros públicos darán
a la paciente asistencia psicológica que será paralela a la
operación y que se recomienda en la
mayoría de los casos. La Conselleria indica también que "cuando sea necesario" colaborará
con las clínicas privadas de
abortos, que han sido prácticamente las únicas que han realizado
estas intervenciones en los
últimos 10 años. Optimizar los recursos. Desde la institución sanitaria se resalta
que lo que se pretende con esta
reorganización es "incrementar las garantías para nuestras
pacientes y optimizar los recursos
sanitarios", y que el plan "se enmarca en el proceso de
humanización de la sanidad y de la
puesta decidida por la sanidad pública de la Comunidad Valenciana". Sin atención sanitaria. Por su parte, la Confederació Sindical de
CCOO-PV [Comisiones Obreras
del País Valenciano] ha manifestado que se trata de una maniobra
para rescindir el concierto
con los centros privados que realizan los abortos y que con esta
medida la Conselleria deja sin
atención sanitaria a las mujeres que precisen una interrupción de
embarazo. Asimismo, desde CCOO-PV se recuerda que la concertación de este
servicio sanitario "era el
único mecanismo previsto por la Conselleria para dar esta
prestación a la que por ley está
obligada". La elevada objeción de conciencia de los profesionales sanitarios
de la red pública, donde
durante esta última década no se ha realizado ni el uno por ciento
de los abortos legales, obligó
a la Conselleria a concertar el servicio con centros privados. El retraso en el pago que estas clínicas han sufrido los últimos
meses las llevaron a anunciar un
plante, que finalmente se paralizó ante el compromiso de Sanidad de
abonar la deuda en un
plazo razonable. Y mientras que CCOO acusa a la Conselleria de haber sido incapaz,
hasta la fecha, de tomar las
medidas necesarias para que la prestación se ofertara en el sistema
sanitario público, el director
de Mediterrànea Médica -el primer centro concertado que hizo
abortos-, Josep Lluis Carbonell,
ha declarado que quien tiene que asumir esta prestación es el
Estado y ha denunciado que
España es el único país del mundo donde la Administración ha
endosado la realización de los
abortos legales a los centros privados. CCOO ha informado que el concierto actual con las clínicas, que
data de 1993, se rescindirá el 1
de agosto y que la decisión "dejará a las mujeres con dificultades
sociales en un auténtico
desamparo, al no poder desembolsar los 420 euros que cuesta la
intervención". En la Comunidad
abortan entre 6,000 y 7,000 mujeres al año y Sanidad cubre el coste
del 40 por ciento, unos
tres millones de euros.
Mayoría de médicos valencianos se niega a practicar abortos en hospitales públicos
Valencia, julio del 2003
Gracia Rovira/Diario Las Provincias/Tertulia Las clínicas privadas
valencianas practican la mayoría de abortos voluntarios previstos
por la ley porque la mayoría
de los médicos que ejercen su labor en los hospitales valencianos
se adhiere a la cláusula de
conciencia que les permite negarse a realizar este tipo de
intervenciones por motivos
ideológicos y personales. El elevado número de médicos que se declaran objetores de
conciencia para practicar abortos
voluntarios supone una dificultad importante para la aplicación del
plan anunciado el pasado
viernes por el Consell. La Administración autonómica anunció la puesta en marcha de un plan
de reestructuración de
los departamentos de ginecología de los diferentes hospitales
públicos valencianos con la
finalidad de asumir la mayoría de las interrupciones voluntarias
del embarazo previstas por la ley
que, en la actualidad, se realizan en centros privados. La responsable de Sanidad de Comisiones Obreras (CCOO), Teresa
Conca, afirmó que
prácticamente la totalidad de los ginecólogos y personal sanitario
que ha de intervenir en las
operaciones de interrupción de la gestación se opone a realizar
esta intervención por motivos
de conciencia. El sindicato asegura que sus datos proceden de la
propia Conselleria de Sanidad
y que ese alto porcentaje de médicos que se niega a interrumpir
embarazos obligó a concertar
este servicio con 13 clínicas privadas de la Comunidad Valenciana. Más personal. CCOO apuntó la necesidad de incrementar la plantilla
del personal sanitario para
hacer frente a la puesta en marcha de este servicio en la red
pública. Teresa Conca explicó que
si la Conselleria "tiene intención de llevar a cabo esta prestación
en los hospitales públicos
valencianos, se necesita más personal, pero este extremo no se ha
planteado en la Mesa
Sectorial de Sanidad". En este sentido, fuentes del departamento que dirige Vicente Rambla
afirmaron ayer que son
muchos los facultativos valencianos que se oponen a practicar esta
operación por su ideología,
aunque aseguraron que no se puede precisar un porcentaje exacto. Colegio de Médicos. Aunque sin aportar datos concretos, el decano
de Colegio de Médicos de
Valencia, Vicente Alapont, reconoció también la elevada objeción de
conciencia de los
profesionales sanitarios. Manifestó que la nueva medida de Sanidad
"debe respetar siempre" la
elección personal del médico y su derecho a declararse objetor de
conciencia. Por su parte, el secretario general del Sindicato Médico, Andrés
Cánovas, señaló a este
respecto que es "muy habitual" que en los hospitales públicos el
personal sanitario alegue
motivos de conciencia para evitar la práctica de interrupciones del
embarazo. "Es una opción voluntaria de cada médico y en estas circunstancias
muchos facultativos
consideran que su trabajo es curar enfermedades", explicó Cánovas.
Señaló que la inclusión de
este nuevo servicio en la sanidad pública "provocará un problema
grave" porque "generará
mayores listas de espera". Cánovas cree que con la plantilla actual
se deberán cubrir más
servicios.
Salud sexual y reproductiva
de las mujeres:
La gran desconocida
Tere Mollà *
Tertulia (Guatemala), 16-VII-2003
El sábado 12 de julio leía una noticia en los diarios de ámbito
autonómico que me dejó la sangre
helada en las venas: "La Consejería de Sanidad favorecerá que los
hospitales públicos
practiquen la mayoría de los abortos legales". Esta noticia, que a priori puede parece estupenda porque potencia
la sanidad pública frente a la
privada, lleva trampas de un calibre todavía por valorar. Trampas de carácter moral, puesto que "la mayoría de médicos
valencianos se niega a practicar
abortos en los hospitales públicos", tal como expone el titular de
una publicación. Esto viene a
anteponer el derecho a la objeción de conciencia de los médicos a
la hora de practicar abortos
(hemos de recordar que sólo los pueden practicar en los tres casos
DESPENALIZADOS por ley)
frente al derecho de las mujeres de interrumpir voluntariamente su
propio embarazo. Trampas de carácter social, porque nadie ha explicado que para
poder realizar en condiciones
este servicio en la red pública, hay que dotarla de unos medios que
en estos momentos no
tiene. Medios técnicos, personales... Trampas de carácter económico, ya que seguramente esta medida
conlleva implícito un recorte
en el gasto sanitario, que una vez más pagan las mujeres. Y digo
esto porque en la actualidad,
dentro de la red de clínicas concertadas, la administración
autonómica corre con el 40 por
ciento de los gastos de la intervención, y si se eliminan los
conciertos, se elimina el gasto. Trampas de carácter ético, puesto que con las excelentes relaciones
del actual partido en el
gobierno y la iglesia católica, se hace evidente la coincidencia de
los planteamientos
eclesiásticos con las medidas a tomar. El aborto es una prestación urgente que no admite demora, ya que la
actual Ley, que
despenaliza en tres casos la interrupción voluntaria del embarazo,
impone plazos que se han de
cumplir. Estaremos en acuerdo o desacuerdo con esos plazos, pero
son los establecidos
legalmente. Una vez más aparecen las trampas económicas, puesto que ante la
urgencia de las mujeres que
así lo decidan por realizar la intervenciones, habrán de ir a parar
de nuevo a manos de clínicas
privadas y pagar los aproximadamente 420 euros que cuesta
actualmente la realización de esta
intervención. De nuevo la pregunta: ¿En manos de quién está la
mayoría de clínicas privadas? Y de nuevo las trampas sociales, porque ¿quién podrá pagar
íntegramente el precio de este tipo
de intervenciones? Me recuerda el tiempo en que las mujeres, sólo
aquéllas que
económicamente se lo podían permitir, habían de ir a Londres,
mientras que el resto se jugaban
la vida o no podían ser libres a la hora de decidir su propia
maternidad. Una vez más el cuerpo de la mujer, ligado a la maternidad, es
objeto de polémica. Una vez más
la opinión de las mujeres es silenciada o sencillamente no se las
pregunta nada. Una vez más los
derechos de las mujeres puestos en tela de juicio en aras de
motivos de conciencia, motivos
sociales, económicos, religiosos, etc. Una vez más los medios (o mejor dicho la falta de medios) para
llevar a cabo las reformas en
sanidad serán a costa de la salud sexual y reproductiva de las
mujeres y de los derechos que se
han conquistado. Una vez más la sociedad nos demuestra a las mujeres lo que nuestra
salud sexual y
reproductiva le importa: NADA.
* La autora es concejala en Ontinyent, Valencia,
España.
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