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Página 12, 12/06/03
Se podrá adelantar el parto en casos de
anencefalia
Una ley para frenar el dolor
La Legislatura porteña aprobará un proyecto que autoriza a provocar
el parto cuando el feto padece patologías incompatibles con la
vida. Ahora, los médicos requieren permisos judiciales.
Las patologías serán "fehacientemente comprobadas" y el parto no
puede ser antes de las 24 semanas.
La Legislatura porteña podría aprobar hoy un proyecto de ley que
permite a las mujeres embarazadas decidir, sin necesidad de pedir
una autorización judicial, la provocación del parto prematuro
cuando el feto padezca anencefalia u otras patologías que "se
comprueben fehacientemente" que sean incompatibles con la vida
extrauterina. Aunque promotores y detractores de la ley dan por
sentado que será aprobada -la mayoría de los diputados ya le dieron
su apoyo, unos y otros prevén que el debate será duro. La polémica
ya se inició vía e-mail con una lluvia de correos a favor y en
contra de la normativa, llegados a la Legislatura, y varios de sus
opositores ya prepararon planteos judiciales para presentar en el
caso de que no sea vetada por el jefe de Gobierno. Al frente de los
que se oponen está el Arzobispado de Buenos Aires, que expresó ayer
su total rechazo y consideró que la provocación de un parto
prematuro es un hecho "moralmente ilícito". El proyecto, que unifica dos proyectos de los diputados Marcela
Larrosa (UCR) y Eduardo Peduto (ARI), cuenta con dictámenes de
mayoría en las comisiones de Salud y de la Mujer, regiría tanto
para los hospitales públicos como para todo el sistema de salud
privado de la ciudad. "Se trata de crear un marco legal, de regular
el procedimiento para cualquier embarazo en el que se compruebe que
el feto padece una patología incompatible con la vida", explicó
Larrosa a Página/12. En tanto, Peduto aclaró que "este proyecto le
otorga el derecho a cada mujer de elegir qué hacer ante una
situación tan tremenda, sin tener que pasar por la tortura de
recurrir a la Justicia y teniendo en cuenta lo terrible que puede
ser llevar la muerte en el vientre. Es también una tranquilidad
para los médicos, porque ellos también tenían que recurrir a la
justicia, siempre con el temor a un juicio posterior por mala
praxis". La normativa que la Legislatura tiene previsto tratar hoy establece
tres condiciones para que un médico autorice la provocación de un
parto antes de su término normal. La primera es la realización de
dos ecografías obstétricas que demuestren la existencia de una
patología incompatible con la vida -malformaciones que provocan la
muerte intrauterina del feto o a las pocas horas del nacimiento- y
un certificado firmado por el médico que trata a la mujer
embarazada, el ecografista y el director del hospital
correspondiente. También se requiere el consentimiento por escrito
de la paciente y un mínimo de 24 semanas de gestación, "ya que
antes de ese plazo sería un aborto, porque el bebé todavía no está
en condiciones de sobrevivir fuera del útero", explicó Larrosa. "Los médicos que no estén de acuerdo con realizar un parto
prematuro pueden presentar una objeción de conciencia y no hacerlo,
pero sí están obligados a informar a la mujer dentro de las 72
horas de obtenidos los resultados de las ecografías. Cuando haya
objeción de conciencia, las autoridades del establecimiento de
salud deberán reemplazar a ese profesional por otro", remarcó la
diputada. La ley obliga además a la prestación de asistencia
psicoterapéutica a la mujer desde el momento en que es informada
del diagnóstico de su embarazo. Tanto Larrosa como Peduto se mostraron seguros de la aprobación de
su proyecto esta noche y salieron al cruce de lo que calificaron
como una "campaña iniciada por los sectores más conservadores y
cercanos a la Iglesia en contra de esta ley". Así, el diputado del
ARI rechazó "cualquier argumento que compare el adelantamiento de
un parto en estos casos con un aborto o con una suerte de
eutanasia. No tiene fundamentos, es una confusión absurda", señaló.
Uno de los principales opositores dentro del recinto, el diputado
Ricardo Busacca (Partido Popular Cristiano), reconoció que, hoy o
el jueves próximo, su batalla está perdida: "Ya sabemos que se va a
aprobar. Después quedan dos posibilidades: si Aníbal Ibarra no la
veta, le van a llover los planteos judiciales, entre ellos los
míos", anunció. El legislador adelantó su voto en contra, lo mismo
que su par radical, Jorge Enríquez. Busacca fue más allá: manifestó
a Página/12 su oposición a la Ley de Salud Reproductiva y su
acuerdo con la jueza cordobesa, Graciela Garzón de Lascano, quien
hace unos días prohibió la fabricación y venta de anticonceptivos
en todo el país.
Producción: Paula Bistagnino
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