Diario Clarín, Buenos Aires a través de RIMA
22 de julio de 2004

Un "Nunca más" para la mortalidad materna

La Ley de Salud Reproductiva es un giro copernicano sobre el tema, pero hay que avanzar en la garantía de tales derechos.


por Silvina Ramos. (Socióloga, especialista en salud reproductiva - CEDES)

Cada minuto muere una mujer por complicaciones del embarazo, parto y puerperio en el mundo. Entre todas, alcanzan a 529.000 muertes evitables al año.

Este es el mensaje principal con el que se acaba de conmemorar el 11 de julio, Día Mundial de la Población, que este año coincidió con el décimo aniversario de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo, cuyo programa de acción fue suscripto por 179 países.

Como resultado de la aplicación de este Programa de Acción, muchos países, entre ellos el nuestro, promulgaron leyes y diseñaron políticas dirigidas a garantizar los derechos reproductivos de la población a través del acceso a servicios de salud reproductiva como parte de la atención primaria básica de salud, promover la protección de los derechos de las mujeres y las niñas violencia basada en el género y también contribuir a la prevención del VIH/SIDA.

El objetivo central del Programa de Acción de El Cairo es salvar y garantizar la vida . Sin embargo, es frecuentemente distorsionado en su presentación ante la opinión pública, especialmente en aquellos países que la jerga internacional llama "menos desarrollados". Una interesada e irresponsable ligazón entre los objetivos del Programa de Acción de El Cairo y la promoción del aborto tiene por objeto oscurecer el hecho de que el acceso a los derechos reproductivos es parte imprescindible de los derechos humanos para garantizar que mujeres y varones puedan decidir libremente cuándo y cuántos hijos tener.

Otra forma de oscurecerlo es vincular el ejercicio de estos derechos personalísimos con cuestiones de soberanía y dinámica de población que anteponen las proyecciones demográficas al ejercicio de los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas.

Digamos también que la década de implementación del programa arrojado importantes logros en materia de mejoramiento de las condiciones de vida muy especialmente de los pobres del mundo y, entre ellos particularmente de las niñas y mujeres no se desarrolló en un contexto internacional favorable para estas causas. Por el contrario, los fundamentalismos religiosos y políticos se han ensañado con su puesta en marcha y con los organismos internacionales que tienen a su cargo la vigilancia de su seguimiento.

Según el editorial del New York Times del 5 de julio, el gobierno de Estados Unidos retiró el financiamiento gubernamental que el país le proporcionaba al FNUAP este año reitere el bloqueo de los 34 millones de dólares que le asignó el Congreso. Aún más, amenaza con retirarle el financiamiento a otras agencias como la OMS y UNICEF si continúan sus planes de trabajo con el FNUAP. Agrega el diario que también se ha cortado el financiamiento para una conferencia internacional de salud, como represalia por la inclusión de oradores de este organismo de Naciones Unidas y de la IPPF (International Planned Parenthood Federation). Una vez más, el leit motiv de la defensa de la familia y la
lucha contra el aborto se utiliza para bloquear las acciones y políticas que han probado ser las más eficaces para atender las necesidades de salud reproductiva y para respetar los derechos humanos de la población.

Aunque la presión fundamentalista se hace notar, las voces que abogan en la dirección contraria se escuchan cada vez con mayor energía. Este año se ha revisado el cumplimiento del Programa de Acción de El Cairo y todas las regiones del mundo han endosado su importancia.

En la reunión del Trigésimo Período de Sesiones de la CEPAL, realizada semanas atrás en San Juan de Puerto Rico, las delegaciones oficiales de todos los países del continente hicieron propio el consenso de Santiago de Chile, de seguimiento de El Cairo, previamente elaborado en el marco de la Comisión de Población y Desarrollo de ese organismo. Este acuerdo significa redoblar los esfuerzos por dar cumplimiento a los compromisos asumidos a mediados de los noventa, respetando los derechos reproductivos de la población a través de la implementación de políticas y programas de salud reproductiva. Por otra parte, en el año 2000, los organismos del sistema de Naciones Unidas y los gobiernos destacaron la centralidad de la agenda de El Cairo al incorporar sus objetivos a las Metas de Desarrollo del Milenio, incluyendo la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, la educación básica universal, la igualdad de género, la reducción de la mortalidad infantil y materna, y el combate al VIH/SIDA, entre otras enfermedades infecciosas.

Aunque en nuestro país la implementación de la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable constituyó un giro copernicano y se han comprometido esfuerzos sistemáticos para garantizar el acceso de la población a servicios de salud reproductiva, dos semanas atrás en el Gran Buenos Aires murieron dos jóvenes de 24 y 25 años por complicaciones derivadas de abortos clandestinos y por ello inseguros. Alrededor de 100 mujeres mueren por complicaciones de abortos anualmente en nuestro país. Una de ellas, confirmando lo que ya sabemos acerca del aborto como alternativa de control de la fecundidad, especialmente cuando no hay acceso a métodos anticonceptivos, estaba llevando adelante su cuarto embarazo. Estas muertes maternas eran evitables.

Reforcemos entonces nuestro compromiso para seguir trabajando en dirección a garantizar los derechos reproductivos . Este es el camino seguro para decir "nunca más" a la mortalidad materna. Las mujeres de nuestro país, especialmente las mujeres pobres, lo necesitan, lo merecen y tienen derecho a la vida.


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