Las sociedades de convivencia y sus varias lecciones

por Alejandra Sardá

El proyecto de Sociedades de Convivencia fue presentado por la diputada independiente y abiertamente lesbiana Enoé Uranga a la Legislatura del Distrito Federal de México en febrero de 2001. Desde el comienzo mismo, el proyecto contó con el apoyo de más de 180 organizaciones que trabajan en temas de diversidad sexual, mujeres, salud, jóvenes, VIH/SIDA, etcétera. El proyecto fue analizado exhaustivamente por la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura (que preside la propia Enoé). El dictamen final de la Comisión -en el que se decía que el proyecto estaba en condiciones de ser debatido por el plenario de la Legislatura y votado - fue firmado por integrantes de todos los partidos con representación parlamentaria en el distrito (PRI, PVEM, PT) salvo el PAN (el partido del presidente Fox) que se pronunció siempre activamente en contra del proyecto de ley.

En su versión final, el proyecto de Sociedades de Convivencia crea una nueva figura jurídica que genera derechos de:

v alimentos (casa, vestido, comida y gastos médicos)
v Sucesión legítima
v Tutela legítima
v Permite regular los bienes patrimoniales como las/os integrantes de la sociedad elijan hacerlo.

Las sociedades se pueden conformar entre cualesquiera dos personas adultas (del mismo sexo o de distintos) que no estén casadas ni sean parientes entre sí y que tengan capacidad jurídica plena. Se requiere que hayan decidido vivir en un hogar común con voluntad de permanencia y ayuda mutua. El trato sexual entre ellas no es requisito.

La actividad a favor y en contra del proyecto fue muy intensa desde el comienzo mismo. La iglesia católica y los grupos Pro-Vida se aliaron con el PAN para acusar a las/os proponentes de la idea de cuanta depravación fuera posible. El cardenal de la ciudad, Norberto Rivera Carrera, llegó a decir que el proyecto permitía que una persona "se casara con su perro" si así le placía. Referencias al proyecto como un atentado a la familia y como el primer paso de una escalada gay que no se detendría hasta la adopción fueron elementos comunes a los discursos de los grupos mencionados desde febrero de 2001 hasta el presente.

En la vereda opuesta se ubicaron las constantes manifestaciones de apoyo por parte de los elementos progresistas de la sociedad del DF. Desde las comunidades de la diversidad sexual que este año dedicaron su Marcha del Orgullo a demostrar públicamente su apoyo a la iniciativa, hasta las y los casi 170 artistas de todas las disciplinas, escritoras/es, figuras de la ciencia y la academia que el día antes de la fecha fijada para la votación publicaron una solicitada en los diarios pidiendo que se aprobara la propuesta. En este campo hay que sumar a los jueces del Supremo Tribunal de Justicia del DF que -llamados por la Legislatura para analizar el contenido de la propuesta y estudiar sus implicancias jurídicas- expresaron su rotundo apoyo y felicitaron a quienes la habían redactado. El presidente del Tribunal estuvo presente en la Legislatura para brindar su apoyo el día de la votación. También revistan en este "bando" el Ombudsman actual y el pasado del DF, que firmaron la solicitada y estuvieron presentes en el recinto.

La presión de la iglesia fue -según refieren la diputada Uranga y sus aliadas/os- enorme, incluyendo amenazas y extorsiones a legisladoras y legisladores que pensaban votar a favor de la propuesta o que estaban indecisas/os. Es importante recordar aquí que en México existe la división entre iglesia y estado, al menos en el texto de la Constitución (y, lo que es más importante, en las firmes convicciones de muchas/os de sus habitantes). Sin embargo, un representante del arzobispo de la ciudad siguió el debate parlamentario por circuito cerrado desde las oficinas del bloque del PAN. Horas antes del inicio de la sesión, Pro-Vida y el PAN ofrecieron una conferencia de prensa en la que reiteraron sus epitetos contra el proyecto y la diputada Uranga.

Casi 200 personas provenientes de organizaciones de la diversidad sexual, de mujeres, feministas y de VIH/SIDA observaron la sesión, que se realizó el día 4 de julio. Desgraciadamente, la cobardía de las y los políticos frustró lo que pudo haber sido un debate movilizador para la sociedad mexicana. Apenas iniciada la sesión, un diputado del PAN y otro del PRI presentaron una "moción suspensiva", pidiendo que volviera a enviarse el proyecto a comisión ya que este adolecía de "fallas jurídicas" y requería de mayor estudio. Los argumentos eran insostenibles, dado que el proyecto había sido desmenuzado por integrantes de sus propios partidos durante más de un año, para no hablar de la aprobación del Tribunal Supremo ya mencionada. El diputado Armando Quinteros (PRD) los exhortó a "que sea el debate y no el escabullirse y esconder la cabeza", y les recordó aquel poema de la primavera de Praga("podrán cortar todas las flores pero lo que no podrán hacer es evitar que llegue la primavera"). La diputada Enoé Uranga les recordó que el mundo "ya cambió" y que de poco sirve insistir en ignorarlo. "Cuánto miedo, cuánta iglesia dentro de este recinto donde el constituyente hizo la separación estricta entre iglesia y estado", repitió en varios tramos de este discurso. El también diputado independiente Jaime Guerrero pidió a las diputadas y diputados que votaran en contra de la moción suspensiva -aun cuando después también votaran en contra de la ley de Sociedades de Convivencia- porque de lo que allí se trataba era de preservar la idea de que la Legislatura es un lugar donde el debate de ideas triunfa por sobre las componendas y los temores.

Pero desgraciadamente, la mayoría de diputadas y diputados demostraron una vez más que -como sucede en la mayoría de democracias representativas del mundo- los dichos del diputado Guerrero son más una bella aspiración que una realidad. Llegado el momento de votar, diputadas y diputados del PAN y del PRI inclinaron la balanza a favor de la moción suspensiva, contra los votos de la mayoría del PRD, PVEM, PT e independientes, que se pronunciaron por dar el debate. Entre quienes votaron a favor había una interesante variedad (según refirieron las y los integrantes de la Coalición que apoya la iniciativa de Sociedades de Convivencia): las y los que habían aprobado el proyecto en la Comisión de Derechos Humanos, que cedieron a las presiones y se contradijeron a sí mismas y a sí mismos; alguna persona homosexual (que por supuesto jamás hará pública su condición por temor a perder privilegios como figura política); algún familiar de persona homosexual, que sufrió el fuego cruzado de las presiones directas de su bancada y de la mirada de su familiar, ubicado entre el público (y terminó siéndole leal al partido). Pero el rol más triste lo jugaron tres diputadas del PRD -partido progresista que incluye en su plataforma la defensa de los derechos de la diversidad sexual- que según versiones se habrían reunido esa misma mañana con delegados del arzobispo y que al momento de votar huyeron del recinto. Si hubieran estado presentes y hubieran votado como su partido les reclamaba que lo hicieran (al menos públicamente), la iniciativa se habría debatido. Un cuarto diputado del PRD también se ausentó, pero en su caso al menos había tenido la honestidad desde un primer momento de expresar su rechazo al proyecto, por más que su partido opinara lo contrario.

El proyecto vuelve entonces a la comisión. La Legislatura ha concluido su período de sesiones extraordinarias y volverá a congregarse en septiembre. La situación se presenta más complicada para la iniciativa ya que: a) el próximo es un año electoral y ya se sabe que las y los representantes del pueblo tienen ocupaciones más interesantes que legislar durante esos períodos; b) la comisión de Gobierno -que es la que decide sobre qué proyectos entran o no a debate- será presidida a partir de septiembre por la diputada Patricia Garduño (PAN) que está abiertamente en contra de la iniciativa. De todas maneras, Enoé Uranga y sus aliadas/os han dicho que no se sienten derrotadas, porque el debate se instaló con mucha fuerza en la sociedad y por el apoyo que recibieron de todos los sectores menos los que representan al "autoritarismo que no se atreve a decir su nombre", como lo calificó Claudia Hinojosa -asesora de Uranga y una de las activistas lesbianas de mayor trayectoria en el país- en conferencia de prensa. Arturo Díaz -coordinador de la Comisión Ciudadana Contra Crímenes de Odio por Homofobia y diputado suplente de Uranga- afirmó en la misma conferencia que "no nos vamos a cansar. Esta iniciativa es producto de un movimiento que lleva 23 años trabajando en las calles. El proceso de democratización de la sociedad mexicana es largo pero también es irreversible".

Este proceso -fascinante por el grado de movilización social conseguido y por la riqueza de las propuestas y de los argumentos exhibidos- debería hacernos reflexionar (una vez más) sobre la relación entre los movimientos sociales y los partidos políticos, tanto los tradicionales como aquellos que se dicen progresistas. También sobre cuál es el verdadero poder de las iglesias y grupos como Pro-Vida que les permite tener tamaña influencia sobre los políticos y las políticas.