Desigual aplicación en los derechos reproductivos
Bogotá, Colombia, 14 de noviembre del 2001 (CRLP/Tertulia)
El 20 de noviembre, el Centro Legal para Derechos Reproductivos
y Políticas Públicas (CRLP) y la Facultad de Derecho de la
Universidad de los Andes (UNIANDES) e investigadoras de cinco
países de Latinoamérica presentarán el reporte "Cuerpo y
derecho: Legislación y jurisprudencia en América Latina".
"Éste es el primer proyecto regional en estudiar conjuntamente
la legislación, aplicación e interpretación de los derechos de
la mujer y, en particular, los derechos del cuerpo en la
sexualidad y la reproducción", dice Julieta Lemaitre, profesora
de la Universidad de los Andes y coordinadora regional del
proyecto.
El estudio se realizó en cinco países representativos de la
región: Argentina, Chile, Colombia, México y Perú. Revela los
enormes progresos de los últimos años en el reconocimiento de
los derechos de la mujer en el ámbito nacional e internacional
que se vio plasmado en las conferencias mundiales y en las
reformas constitucionales y legales en los países del área.
Señala, sin embargo, que no hay correspondencia entre las normas
y su aplicación debido a la tendencia judicial a tomar
decisiones e interpretar la ley a través de filtros morales y
religiosos, manteniendo la discriminación y la inequidad de las
mujeres.
"La autonomía reproductiva continúa siendo el derecho que se
viola de manera sistemática", dice Luisa Cabal, coordinadora
para América Latina del programa internacional del CRLP. "El
cuerpo de la mujer es todavía un territorio dominado en el que
se manifiesta de manera explícita su discriminación y
subordinación dentro de la sociedad".
Avances y temas pendientes para el sistema judicial
La autonomía de las mujeres y las adolescentes. En general las
cortes protegen a las mujeres que deciden tener hijos, aunque en
muchos casos asumen un rol paternalista y las ven como madres
antes que como sujetos de derechos. Frente a la decisión de no
tener hijos la situación es crítica en toda la región,
particularmente debido a la penalización del aborto y al
cuestionamiento de la anticoncepción de emergencia como método
de planificación familiar. Las mujeres están desprotegidas
cualquiera sea su decisión reproductiva. Los tribunales ven en
el aborto una violación a la Constitución incluso bajo
circunstancias de violación, incesto o extrema malformación, y
la anticoncepción de emergencia empieza a ser acusada de
abortiva. De otra parte, las mujeres que deciden llevar a cabo
su embarazo deben enfrentar la discriminación y correr con los
costos sociales de la reproducción. En estos casos las cortes
han desprotegido, entre múltiples ejemplos, a las adolescentes
embarazadas expulsadas del sistema educativo en todos los países
excepto Colombia, y las trabajadoras que deben presentar una
prueba negativa de embarazo para obtener o permanecer en un
empleo.
La anticoncepción. En Chile los tribunales declararon
inconstitucional la anticoncepción de emergencia por ser una
práctica abortiva, contradiciendo las conclusiones del
establecimiento médico. En Perú se han documentado casos de
esterilización forzada en una campaña estatal contra la pobreza,
mientras en Argentina la esterilización es prohibida.
Divorcio y esfera de la familia. En toda la región las cortes
continúan promoviendo los estereotipos de género a pesar de
existir reformas en la legislación como la eliminación de las
disposiciones penales que exoneraban de responsabilidad al
violador que contrajera matrimonio con la persona agredida, la
creación de leyes que hicieron visible la violencia que tiene
lugar en los espacios privados y la construcción de las bases de
un sistema que respeta la dignidad e integridad de la persona
humana. El divorcio tiene diversos tratamientos en los países
estudiados. Mientras en Chile las cortes usan la nulidad del
matrimonio para dar salida a la inexistencia del divorcio, en
Perú, aunque es legal, las cortes no lo conceden fácilmente. Por
ejemplo, no se considera que un hombre que había partido hace
diez años a otra ciudad a buscar trabajo y de quien no se han
tenido noticias desde entonces, incurra en la causal de divorcio
por abandono de hogar. En Argentina el divorcio es permitido por
la separación del Estado y la iglesia.
El estudio termina afirmando que el poder judicial es uno de los
pilares de la democracia y el garante de la efectividad de los
principios que sustentan los sistemas políticos
latinoamericanos. En este sentido, establece que sólo en la
medida en que los tribunales protejan y garanticen la plena
vigencia de los derechos humanos nacionales e internacionales,
incluidos los derechos sexuales y reproductivos, de manera
eficaz e independiente, puede realmente hablarse de una
democracia viable y sostenible.
Para leer una versión completa del reporte o contactar a las
investigadoras participantes, contactar a UNIANDES al Tel.
339-4949, extensión 2367. Asimismo a Julieta Lemaitre:
jlemaitr@uniandes.edu.co
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