Aborto: ¿un problema de salud pública?

Otra vez la desincriminalización del aborto se transformó en tema de atención pública en Uruguay, aunque quizás por corto tiempo. En algo más de quince años, éste es el tercer intento de realizar modificaciones a la legislación actual, que data de 1938. El tema ha sido planteado desde distintos ángulos, uno de los cuales fue el de la salud, por los problemas que implica el aborto para las mujeres que se lo practican. Tratamos de iniciar hoy una reflexión que no quede aquí, puntualmente planteada.

Por Nea Filgueira

Empecemos por decir que hay problemas de salud pública que se advierten, como las epidemias de gripe en estas épocas y que merecen la adecuada atención de las autoridades correspondientes, de la prensa, del público; y hay problemas permanentes que se esconden y que excepcionalmente despiertan el reclamo de la ciudadanía, incluyendo a las personas directamente involucradas, como es el caso del aborto inseguro (por realizarse en condiciones de clandestinidad, por los costos que involucra, porque las mujeres --porfiadas-- insisten en recurrir a él desde los comienzos de los tiempos, incluso autopracticándoselo en las formas más primitivas). 
Esto marca una notoria diferencia entre el tratamiento dado a problemas de distinto tipo y, especialmente, entre aquellos que impactan indistintamente en mujeres y hombres y los que sólo afectan a las primeras. 


El debate que falta 

Los problemas que suscita el aborto marcan un punto extremo en esa historia de invisibilidad de las cuestiones de salud relacionadas con nuestras capacidades reproductivas. No es que la medicina o los sistemas de salud no estén en condiciones de tomar en cuenta y tratar los casos, cuando las mujeres se enferman, sino que parece haber una notoria dificultad para considerar y comprender esas enfermedades desde nuestro punto de vista, desde nuestra experiencia. ¡Qué caso más claro que el de la violencia contra las mujeres! Casi hasta hoy día, los sistemas de salud, salvo excepciones, tratan el síntoma --golpes, lastimaduras, lesiones-- pero no la causa, ni siquiera a nivel de las especialidades "de la mente"; simplemente, no hay servicios destinados a atender este cuantioso problema de salud pública, como los hay destinados a otros (gastroenterología, neurología, ginecología, etc.). 

¿Por qué, entonces, nos va a extrañar que los intentos por evitar que las mujeres se practiquen abortos en las formas menos adecuadas y más "vergonzantes" no encuentren el eco necesario en los círculos en que se toman las decisiones? ¿Por qué nos va a extrañar que no existan políticas de salud pública destinadas especialmente a prevenirlos y atenderlos?, ya que no podemos pedirle al Estado todavía --ley mediante-- que disponga de servicios que los practiquen en forma segura y responsable.

Es cierto que involucrarse con el tema del aborto siempre deriva en "encendidos" debates, que rara vez permiten un real diálogo entre opiniones disidentes. Pero también es cierto en este caso que los especialistas de distintas disciplinas no contribuyen en forma adecuada a ese diálogo, porque no se han dedicado a indagar en las causas del fenómeno en forma sistemática y científica, al menos en nuestra sociedad; y, en cambio, cuando se producen esos debates, muchos tienden a pontificar como cualquier hijo de vecino, de acuerdo con sus creencias, valores, filosofías, más que a realizar esfuerzos de clarificación. ¡Si habrá caminos por recorrer todavía! Tratemos, entonces, de plantear algunas "pastillitas" polémicas para incentivar esa tarea clarificadora.


Las pobres "cuentan"

Primero, empecemos por sincerarnos: la falta de importancia otorgada por los que toman las decisiones --y por buena parte de los grupos sociales "que cuentan"-- se debe en gran medida al hecho de que en este país cualquier mujer con cierto nivel de recursos puede practicarse un aborto en clínicas atendidas por profesionales, con cierto grado de garantías; y si resulta más complicado, algunas pueden, incluso, recurrir a clínicas del exterior. De modo que los problemas más numerosos e importantes de salud que involucran el aborto inseguro se concentran, fundamentalmente, en las mujeres de los sectores más vulnerables de la población que, simultáneamente, son los que menos "cuentan" (¿o no?). 

Si es así, en realidad, que evaluamos el problema, ¿para qué meternos en camisa de once varas a enfrentar sectores de opinión e instituciones que sí "cuentan", como la Iglesia Católica? ¿Para qué plantear asuntos que, al estar íntimamente conectados con el ejercicio de la sexualidad, sacan a relucir todos los tabúes que impiden sinceramientos varios? Sigamos guardándolos bajo la alfombra. ¿No sería interesante que psicólogos, sociólogos, antropólogos, analizaran las valoraciones y las actitudes existentes en los círculos "que cuentan", así como también sus raíces, para conocer mejor su variación, la importancia numérica real de cada una y si ellas coinciden con las predominantes en el conjunto de la sociedad? ¿No nos serviría, acaso, mirarnos en el espejo de vez en cuando y tomar impulso para hacer más creíble nuestra democracia y nuestro sentido de la justicia? 


El "bien" tutelado

Segundo: ¿alguien duda de que deberíamos tratar de que las normas que nos damos para nuestra convivencia común reflejen los valores que subyacen en nuestras prácticas reales? ¿Qué papel cumple una ley que nadie parece respetar, ni siquiera muchos que se afilian a doctrinas que sancionan el recurso al aborto? ¿Acaso la gran mayoría de las personas cuya posición las obligaría a hacerlo, realizan acciones para hacer caer el peso de la ley sobre quienes la violan? ¿O esa actitud prescindente tiene que ver con el hecho de que son conscientes de que no están libres de enfrentar, alguna vez, la necesidad imperiosa de recurrir al aborto, pensando en su hija, su hijo, su mujer, su amante, su hermana, su vecina o en sí misma/o? ¿No será que esas personas están poniendo por delante del cumplimiento de la ley un bien que consideran superior al que plantea la norma? ¿Cómo podemos clarificar todas estas cuestiones siendo el aborto inducido ilegal, lo que plantea serias dificultades para lograr opiniones valiosas y sinceras al respecto?


Sociedad plural

Tercero: desde la década de los ´60 las encuestas de opinión pública muestran que la mayoría de nuestra población está acorde con despenalizar el aborto inducido en variadas circunstancias. En una sociedad pluralista, donde existen varias concepciones de la moral, donde conviven múltiples creencias, donde se consagra el libre albedrío de las personas en tanto seres morales responsables, la legitimación de una única moral, de una única manera de pensar, impuesta a todos sería, en cuestiones tan delicadas, una expresión totali-taria en franca oposición con nuestras aspiraciones democráticas. Esa es la realidad que enfrentamos actualmente con la ley que sanciona el aborto y es por eso, básicamente, que no cuenta con la legitimidad necesaria para ser respetada --como lo es la inmensa mayoría de las que establecen delitos--. De modo que tenemos que pensar en soluciones más acordes con la realidad, que admitan la pluralidad de posturas. La despenalización del aborto inducido no obliga a nadie a abortar, permite sí la convivencia de distintas creencias sin perjuicios para nadie. Insistir en la apelación a principios que están por encima de los aceptados por la gente en su práctica social sólo ha promovido, hasta ahora, el incumplimiento y ha hecho recaer los mayores perjuicios sobre las personas más vulnerables. 


Una cuestión de derechos

Cuarto --y último por hoy--: el aborto crea problemas de salud específicos, pero para el movimiento de mujeres, el acceso al aborto seguro es una cuestión de derechos, o sea un asunto político, en tanto el control que ejerce la ley sobre las decisiones de las mujeres supone una inequidad básica y fundamental. Los hombres no "sufren" de forma directa los problemas que un embarazo les genera a las mujeres; ellos siempre tienen la posibilidad de desentenderse, mientras que son ellas las que deben enfrentarse a tomar decisiones al respecto. Y es esa realidad la que genera una inequidad básica, sólo superable si ambos pueden gozar del mismo nivel de libertad para decidir, si a las mujeres se les asegura el derecho a tomar sus propias decisiones en tanto personas moralmente responsables. Leí hace poco que los hombres también abortan, aunque de una manera diferente. Enfrentados a la posibilidad de ser papás pueden resolver "abortar" de dos maneras: acordar con su pareja la realización de un aborto o "borrarse", negándose a asumir su parte de responsabilidad (caso frecuente, desgraciadamente; lo curioso es que cuando se culpabiliza a las mujeres por recurrir al aborto, simultáneamente no se responsabiliza a los hombres como causantes de muchos de ellos).


Responsabilidad del estado 

Es esa búsqueda de equidad la que también lleva a reclamar al Estado que asuma toda la responsabilidad que le corresponde para asegurar la salud reproductiva de la población femenina y, especialmente, de los grupos sociales que sus servicios atienden. Necesitamos conocer la importancia del problema para tomar las decisiones "públicas" adecuadas: cuántas mujeres en edad fértil atienden los servicios de salud pública (además del Ministerio, los de militares y policías) y cuál es la incidencia del aborto inducido entre ellas. Sólo plantear la pregunta nos permite presumir que son una mayoría las que hoy día dependen de esos servicios públicos, dadas las carencias en buena parte de los hogares uruguayos. También nos lleva a constatar que las desigualdades no sólo están planteadas en esta cuestión entre mujeres y hombres, sino además entre las propias mujeres, generando múltiples formas de inequidad que nuestro sentido de justicia debería tender a solucionar.

¿Saltaremos a este nuevo siglo de una buena vez o seguiremos, como en otros temas, anclados a una sociedad que fue?

Publicado en el diario La República
24-05-2001
Uruguay

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