POR LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE
CAMPAÑA 28 DE SETIEMBRE - BOLIVIA
Solidaridad con la lucha por la despenalización del aborto es, antes que nada, tener solidaridad con la mujer que, en su mismo país, mientras usted lee esta frase, está interrumpiendo su embarazo en las peores condiciones.
Solidaridad es respetar el derecho a elegir.
Despertar la solidaridad es reunir el apoyo de amplios sectores: parlamentarios, juristas, profesionales del área médica, militantes de otros movimientos y el de la opinión pública en general.
Actuar con solidaridad es reflexionar respecto a las penalizaciones que caen sobre las mujeres que deciden abortar. Es luchar para liberar a las que están presas por esas causas.
Solidaridad es reflexionar con generosidad sobre la difícil ecuación en que leyes y compromisos internacionales no cumplidos resultan en muerte, mutilación y enfermedad para miles de mujeres, en franco irrespeto a sus derechos humanos y su ciudadanía.
El aborto inseguro como problema de Salud Pública
El aborto inseguro o el aborto practicado en condiciones de riesgo, es un importante problema de salud pública debido a su:
MAGNITUD: puesto que en la mayor parte de nuestros países la legislación relativa al aborto es restrictiva y aún en los casos permitidos por ley los servicios no son accesibles, un gran número de mujeres que recurren al aborto deben hacerlo en condiciones de riesgo.
GRAVEDAD: en América Latina y el Caribe el 21% de las muertes relacionadas con el embarazo, parto o posparto, tienen como causa las complicaciones del aborto inseguro (OMS, 1998).
El total de mujeres que muere anualmente en América Latina y el Caribe a raíz de las complicaciones de abortos practicados en condiciones de riesgo es de 6.000 (UNFPA, 1997). Es decir, que en nuestra región cada día mueren 16 mujeres y adolescentes por esta razón.
En cuanto al número de mujeres que son hospitalizadas debido a infecciones, hemorragias, perforación del útero, entre otras complicaciones, se ha calculado conservadoramente en 800.000 (Sing, Susheela/ Sedgh, Gilda, 1997). Es decir, que cada día, por lo menos, 2.191 mujeres y adolescentes son hospitalizadas en la región debido al aborto inseguro.
El aborto inseguro es un problema de Justicia Social
Las mujeres que tienen los medios económicos y quieren interrumpir un embarazo no deseado tienen la posibilidad de hacerlo en condiciones seguras. Sin embargo, muchas mujeres pobres pagarán una cantidad de dinero para que algún practicante les cause una hemorragia y una infección que justificarán la hospitalización en la misma institución pública que no proporciona abortos seguros, ni siquiera a las mujeres que cumplen con los requisitos señalados por ley. (Pinotti, Aristodemo/Faúndes, Anibal, 1989).
El principio ético de la Justicia
José Barzelato, médico de The Center for Health and Social Policy de EE.UU., analiza los cuatro principios de la bioética como perspectivas útiles para legislar sobre aborto. Los cuatro principios mencionados son: el respeto a las personas, la no maleficiencia, la beneficiencia y la justicia.
En el plano del legislador, cuya función es decidir qué acciones deben ser penadas por ley, los principios que deben tener mayor preponderancia son los de justicia y beneficencia. "La comunidad o un individuo pueden juzgar un acto como no ajustado a la ética, pero ello no significa necesariamente que tales actos deben ser penados por ley".
El principio ético de justicia tendría que llevar al reconocimiento de que en la práctica las legislaciones restrictivas sobre aborto dejan caer "sus efectos negativos sobre los sectores más desvalidos de la sociedad. Son las familias de peor situación socioeconómica las que sufren los rigores de la ley y las complicaciones de abortos de alto riesgo. (...) Más aún, estas legislaciones restrictivas habitualmente penalizan a la mujer y no al hombre que compartió la responsabilidad del origen del embarazo, con lo que implícitamente se disculpa el rol del varón en el embarazo no deseado". Esta situación se agrava cuando es el hombre quien presiona o crea las condiciones que llevan a la mujer a realizarse un aborto.
El derecho a elegir voluntaria y libremente la maternidad -el derecho a tener hijos o no tenerlos y por lo tanto a interrumpir un embarazo en un momento dado- se fundamenta en una serie de derechos humanos ya reconocidos. Estos derechos forman parte de la Declaración Universal de los DD.HH. y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Como principios éticos que subyacen a los derechos sexuales y reproductivos Rosalind Petchesky y Sonia Correa proponen los 4 siguientes:
INTEGRIDAD CORPORAL: el derecho a la seguridad y control del propio cuerpo es quizás el aspecto que más peso tiene en el concepto de libertad sexual y reproductiva. Y aunque este principio surge de las ideas muy propias de la cultura política occidental, trasciende cualquier cultura o región, en la medida en que constituye actualmente el fundamento para toda oposición a la esclavitud, la tortura y la violación, entre otros.
LA INDIVIDUALIDAD: el respeto a la capacidad moral y legal de las personas implica el respeto a su autodeterminación. En lo que se refiere a las mujeres y sus decisiones reproductivas, el concepto de autonomía en la toma de decisiones implica el respeto por la manera en que las mujeres toman decisiones, por los valores que tienen peso para ellas y las redes de otras personas a las que eligen consultar.
LA IGUALDAD: este principio se aplica en dos campos: las relaciones entre mujeres y mujeres y las relaciones entre hombres y mujeres. el fundamento histórico de los derechos reproductivos es la búsqueda de un remedio para el desequilibrio social que significa el que las mujeres no tengan control sobre su fecundidad y la asignación de papeles principalmente reproductivos dentro de la división del trabajo. La igualdad referida a cuestiones reproductivas implica la promoción de anticonceptivos para los hombres, pero no sólo eso. Idealmente comprendería también sistemas educativos y laborales que incentivaran la participación de los hombres en el cuidado y crianza de los/as hijos/as.
LA DIVERSIDAD: mientras el principios de igualdad requiere la mitigación de inequidades entre las mujeres, en cuanto a su acceso a servicios o al tratamiento que reciben de prestadores de servicios y de quienes definen políticas y programas, el principio de la diversidad se refiere al respecto por las diferencias entre mujeres: sus valores, cultura, orientación sexual, condición familiar o médica. Al mismo tiempo que se defiende la universalidad de los derechos sexuales y reproductivos, debe reconocerse que tales derechos a menudo tienen significados diferentes, o diferentes prioridades, en contextos sociales y culturales diversos.
Definir el derecho al aborto como un derecho a la privacidad es reconocer la 'diferencia' de las mujeres y, simultáneamente, conferir a cada una de ellas la posibilidad de definir esa diferencia. Al mismo tiempo el reconocimiento legal de la competencia ética de las mujeres en relación a la reproducción, la sexualidad y la asociación íntima, equivale al reconocimiento de su igualdad.
Aunque las mujeres en cuanto tales adquieran 'protección especial' para sus capacidades exclusivas (el derecho al aborto es, sin duda, un derecho de las mujeres), su 'diferencia' no queda cosificada; más bien, es a un tiempo reconocida y puesta en manos de ella para su construcción". Cohen
Mantener la problemática del aborto inseguro en las agendas sociales y públicas como un problema de salud pública y de justicia social es hacerlo resaltar como una cuestión que toca al ideal de democracia moderna, verdaderamente pluralista y respetuosa de los derechos humanos. Defender como una de sus dimensiones necesarias el derecho de cada cual a elegir su "propio camino de salvación" implica la defensa de la sexualidad libre, de la maternidad voluntaria, de la autodeterminación de la propia vida, el derecho a la interrupción de un embarazo no deseado o no planeado, pero también el derecho de toda niña y todo niño a ser deseado/a y querido/a. Una sociedad que obliga a las mujeres que han interrumpido un embarazo a sentirse pecadoras o delincuentes o a procrear hijos no deseados, una sociedad que pareciera fomentar la culpabilidad y el rechazo, no permitirá que las personas individuales se den el tiempo o el espacio para elegir y decidir, ni se preocupará por facilitar el camino descentralizando el manejo del poder y los recursos. Por todas estas razones el derecho a elegir sobre la interrupción de un embarazo es una cuestión de democracia.
"Ningún derecho es más básico que el derecho a la vida, pero nada es más devastador que la vida sin libertad. Y eso es una vida en la que una se ve forzada a una maternidad que no quiere. La violación es una negación profunda de la libertad, y obligar a una mujer a gestar al hijo del violador es un asalto a su humanidad... Si es inadmisible a forzar a una mujer a continuar un embarazo que ciertamente le va a arrebatar la vida, también lo es obligarla a continuar un embarazo que le va a desbaratar la vida" (Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos de América).
El movimiento por los derechos civiles, políticos y humanos de las mujeres, derechos que sean iguales a los que tienen los hombres, es una lucha por el reconocimiento de que las mujeres y los hombres son inherentemente iguales porque son personas. Los derechos se conceden a las personas. Las evidencias científicas, legales y filosóficas, así como la historia, establecen que los fetos no son personas. En los Estados Unidos, la ley ha negado repetidamente los derechos de las personas a los fetos in útero.
Hay que considerar si el feto es una persona y, de ser así, concederle derechos. El caso es que el feto no es una persona, según los criterios legales, científicos y religiosos. Ni siquiera el Catolicismo pretende saber el momento en que el feto se convierte en persona. Sería una medida discriminatoria concederle al feto, que no es una persona, derechos que limitarían los derechos de las mujeres, que sí lo son.
Las mujeres y los fetos no son seres comparables. Mientras que toda vida, incluso la vida fetal, tiene valor, solamente las personas, incluyendo a las mujeres, tienen derechos. Concederle a los fetos un derecho absoluto a la vida en todas sus etapas de desarrollo, desde la simple célula a la viabilidad, es denigrar la vida de las mujeres, su salud y sus capacidades.
Podríamos mostrar imágenes perturbadoras de violencia real que se le hace a gente real: mujeres que han muerto porque el aborto está penalizado y tiene riesgos o criaturas que han quedado sin madres porque éstas han muerto por un aborto. Las imágenes del horror de la guerra no nos llevan a prohibir todas las guerras, aunque nos recuerden que solamente tendríamos que entrar en guerra en casos excepcionales de profunda injusticia. El mostrar esa clase de imágenes es una estrategia común a las personas que se oponen a la despenalización del aborto. Es una manipulación de la falta de poder que siente mucha gente en nuestra sociedad. Algunas personas ven en el feto un símbolo de la vulnerabilidad humana en un mundo donde la mayoría tiene escaso control sobre aspectos significativos de sus vidas. La gente que se identifica con el feto de esta manera se opone a que las mujeres estén en condiciones de controlar su fertilidad.
Católicas por el derecho a decidir
Créditos
– Coordinación Regional Campaña 28 de Septiembre: Red Nacional Feminista de Saúde e Direitos Reproductivos. Brasil, 2000.
– Campaña 28 de Septiembre: La Despenalización del Aborto. CIDEM, Bolivia, 1999.
– Catholics For a Free Choice: Cómo hablar del aborto inducido, México DF, 2000.
Producción
Patricia Brañez Cortez
Ximena Machicao Barbery
CIDEM
6 de marzo del 2001
La Paz-Bolivia
Arriba
|
