Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos: una Agenda pendiente

Católicas por el Derechos a Decidir A. C.

En nuestro país existen tres disposiciones constitucionales incluidas en el Artículo Cuarto, que respaldan, desde hace muchos años, los derechos reproductivos. Nos referimos a la igualdad entre mujeres y hombres, al derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos, y al derecho a la protección de la salud. Este instrumento legal, que le corresponde al Estado Mexicano garantizar, respalda la defensa de los derechos reproductivos. 

No se puede decir lo mismo de los derechos sexuales, sobre los cuales no hay ninguna mención directa ni en las Conferencias Internacionales ni en las leyes o programas nacionales. El concepto, más no el término fue acordado en la Conferencia de Beijing, al decir: "Los derechos humanos de las mujeres incluyen su derecho a tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y a decidir libremente respecto de estas cuestiones sin verse sujetas a la coerción, la discriminación y la violencia. Las relaciones igualitarias entre las mujeres y los hombres respecto de las relaciones sexuales y la reproducción, incluyen el pleno respeto a la integridad de la persona, exigen el respeto y el consentimiento recíprocos y la voluntad de asumir conjuntamente la responsabilidad de las consecuencias del comportamiento sexual". En México, la única medida relacionada con este tema fue la inclusión de la no discriminación por orientación sexual en la reforma de 1999 al Código Penal del Distrito Federal. 

Después de las Conferencias de El Cairo y Bejing, en las cuales estos conceptos adquirieron legitimidad universal como derechos humanos, el gobierno mexicano ha instrumentado algunas políticas y programas dirigidas a mejorar las condiciones de posibilidad para el ejercicio de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos de sus ciudadanas y ciudadanos. Destacan, el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1995-2000, los programas que han adelantado CONAPO y el DIF y algunos adelantos en materia de educación sexual. 

Aunque ha habido avances innegables en el discurso y se han instrumentado medidas tendientes a cambiar las actitudes de los funcionarios públicos encargados de proveer los servicios necesarios para garantizar estos derechos, todavía falta mucha voluntad política para que su ejercicio sea una realidad. Más aún si tomamos en cuenta que para ello se requiere impulsar un profundo cambio de actitudes y valores. Los casos de Paulina y la todavía vigente violación a los derechos reproductivos, así lo demuestran. 

Lo mismo puede decirse si pensamos en la carencia de un programa nacional de educación sexual, o en la falta de acceso de un número todavía muy significativo de mexicanas y mexicanos, sobre todo de las y los más pobres y de las y los adolescentes a servicios de salud reproductiva con un enfoque humanista e integral. O en la falta de una reglamentación que garantice el derecho de las mujeres al aborto legal, al que tienen derecho de acuerdo con las diversas legislaciones estatales. O en las muertes maternas prevenibles por causas relacionadas con la reproducción y el aborto clandestino e inseguro. También las escandalosas cifras de violencia y discriminación contra las mujeres nos hablan de un ejercicio precario de los derechos sexuales y los derechos reproductivos en México.

Para enfrentar estos retos se requiere además de una voluntad política férrea, instrumentar al menos las siguientes medidas:

1. Garatizar recursos etiquetados del presupuesto público destinados a ampliar con calidad y prontitud, la cobertura y el desarrollo de programas, campañas, servicios y acciones dirigidos a promover las dimensiones positivas de la sexualidad, el cambio de los estereotipos de género y el respeto a los derechos de las y los ciudadanos.

2. Garantizar y defender -como lo marca la Constitución Mexicana- la continuidad del Estado laico, que permita legitimar el poder en la soberanía popular, y no en creencias religiosas o poderes "sagrados" que puedan oponerse al ejercicio de los derechos humanos, y promover desde todos sus ámbitos la tolerancia, la no discriminación y el respeto a la diversidad.

3. Impulsar campañas informativas en los medios de comunicación acerca de la importancia del ejercicio y respeto de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población, con el fin de promover el cambio de patrones culturales y combatir la desigualdad entre mujeres y hombres.

4. Promover una reforma integral a la ley de educación que garantice la incorporación de la educación sexual, con perspectiva de género, desde los niveles básicos de enseñanza, que incluya un programa de capacitación intensiva para maestras y maestros y que incorpore a las madres y padres de familia.

5. Elevar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios de salud sexual y reproductiva con un enfoque humanista e integral basado en los derechos de usuarias y usuarios, para que incluyan la consejería y el consentimiento informado, provean toda la gama de métodos anticonceptivos disponibles, promuevan el uso del condón e incorporen todas las alternativas para la disminución de la morbimortalidad materna, la expansión de las ETS y el VIH-SIDA, y el grave problema de salud pública que constituye el cáncer cérvico-uterino y mamario. Destinar los recursos necesarios para contar con los insumos que requiere una prestación de servicios con estas características.

6. Intensificar y garantizar la continuidad de la capacitación de los prestadores de servicios de salud en perspectiva de género y derechos de usuarias y usuarios, tendiente a la eliminación de la coerción en la prestación de estos servicios, como una manera de hacer real el giro en las políticas de población acordado en El Cairo y ratificado en Beijing.

7. Erradicar las prácticas de solicitud de prueba de embarazo para conseguir un empleo y de despido por embarazo en escuelas y centros de trabajo; así mismo, garantizar servicios de guardería y permisos necesarios para la crianza de hijas e hijos. 

8. Crear los mecanismos necesarios para promover los cambios legislativos que permitan homologar las causales de no punibilidad del aborto en todos los estados de la República a las existentes en el Estado de Yucatán. Reglamentar e instrumentar los procedimientos que se requieren para hacer efectivo el derecho de las mujeres al aborto legal. 


México, D.F., octubre de 2000

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