El aborto en Latinoamérica y los acuerdos de la CIPD y Beijing desde la mirada de Católicas por el Derecho a Decidir

Marta Alanís

América Latina fue marcada desde su origen por la conquista y colonización por los imperios español y portugués, uno de cuyos elementos indisociables fue la evangelización católica.

La gesta de la conquista ha sido y sigue siendo analizada en su carácter de expropiación de territorios y riquezas, de aculturación de la población autóctona y fundación de sociedades nuevas. Pero sólo una perspectiva feminista empieza a restituir el lugar relevante que en ella cumplió, muy especialmente sobre el cuerpo de las mujeres, la imposición violenta de la moral católica, una moral "de abstención y negación" que "a través de la represión del erotismo indígena"¹ desquició las culturas autóctonas. La asimilación del sexo a lo pecaminoso, y de las mujeres a ese sexo pecaminoso, la maternidad y la servidumbre como la única redención posible para las mujeres, sustentan la característica y persistente doble moral latinoamericana, que celebra la promiscuidad sexual en el varón y su prepotencia sobre la mujer, obligada en cambio a la fidelidad y a la abnegación.

En nuestra región existen diferentes grados de relación entre los gobiernos y la Iglesia católica, desde Constituciones laicas, como la de Uruguay, cuyo artículo 5 dice: "Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El estado no sostiene religión alguna...", o como la de Brasil, que en su artículo 19 inciso 1 dice que "la Unión, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios tienen prohibido... establecer cultos religiosos o iglesias, subvencionarlos, impedir su funcionamiento o mantener con ellos o sus representantes relaciones de dependencia o alianza..."; hasta casos como el de Colombia, regida hasta 1991 por un Concordato entre el Estado y el Vaticano, revisado en 1992 cuando se eliminó el derecho de la Iglesia católica a imponer conductas morales a los colombianos, y en 1997 cuando el Estado estableció también un Concordato con 16 iglesias cristianas. La Constitución argentina en su artículo 2 establece que "el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano", lo mismo que el artículo 3 de la Constitución boliviana. La Revolución Mexicana de 1910 culminó en la instauración de un gobierno que constituye una excepción en la historia de América Latina por su activo anticlericalismo, pero recién en 1988 se consagra la separación entre Estado e Iglesia.

De hecho, en las sociedades latinoamericanas, la Iglesia ha mantenido y mantiene un rol de interlocutor privilegiado de los gobiernos y un destacado protagonismo en las áreas claves de educación, acción social y en todo lo referente a la sexualidad y reproducción, a pesar de que en el Concilio Vaticano II se reconoce la libertad religiosa y la separación entre Iglesia y Estado, asumiendo de este modo actitudes que van en contra de sus propias enseñanzas.

Desde que Juan Pablo II inició su gestión en octubre de 1978, llevó al poder al Opus Dei, organización integrista nacida en la España franquista y principal herramienta de este Papa en su campaña restauradora, resuelta a aniquilar las corrientes modernizadoras de la Iglesia. Esta ofensiva se hace sentir en América Latina, continente católico por excelencia (un 87 por ciento de su población total se reconoce católica, sumando aproximadamente 400 millones de los casi 976 millones de católicos del planeta).

En América Latina, la cruzada del Vaticano se manifiesta en oposición permanente al aborto, multiplicando los movimientos Pro-Vida. Estos movimientos sostienen posiciones antiabortistas pero extienden su condena a los métodos anticonceptivos no naturales, al divorcio, a las parejas homosexuales, en una defensa a ultranza de la familia tradicional, bajo autoridad masculina, donde la mujer se define ante todo como madre transmisora de esos valores tradicionales. Una de las principales consecuencias del accionar de estos grupos son los decretos del día del niño por nacer en Argentina durante el gobierno de Menem, que luego se decreta en Nicaragua y recientemente en República Dominicana y está en proceso de aprobarse en varios países de la región, entre ellos Perú, haciendo evidente también la alianza de los gobiernos locales con el Vaticano. Es de destacar la hipocresía en estos casos, porque no se trata de personas convencidas de una posición determinada. Es necesario recordar que Zulema Yoma, ex esposa de Carlos Menem, (iniciador de esta campaña), declaró en conferencia de prensa que su entonces esposo aprobó, la acompañó y sufragó los gastos de un aborto que ambos decidieron en 1960. La Conferencia Episcopal Argentina reaccionó a tal información expresando que "en aquel momento Menen no era presidente..." Habrá que preguntarse entonces si hay pecados para presidentes y pecados para civiles en la Iglesia católica.²

A excepción de Puerto Rico, que legalizó el aborto decidido por la mujer, y Cuba, que actualizó la ley sobre aborto que databa de 1940, los restantes países latinoamericanos cuentan con legislaciones que datan de comienzos del siglo XX. En ellas el aborto es materia de código penal, y la prohibición que pesa sobre él se suspende sólo en circunstancias extremas: riesgo de vida para la madre, malformaciones del feto, embarazos que resulten de violación o incesto. Las presiones ejercidas por la Iglesia católica, combinadas en muchos casos con los criterios ultraconservadores de las dictaduras militares, resultaron en que Colombia, Chile y El Salvador derogaran incluso las disposiciones que habilitaban el aborto terapéutico, de modo que en ellos, lo mismo que en Haití, República Dominicana y Honduras, rige una prohibición absoluta del aborto. En países como Argentina o Brasil, las disposiciones legales que permiten el aborto en ciertas circunstancias son de implementación casi nula en los hechos cuando se trata de niñas y mujeres de sectores pobres, precisamente las que necesitan de los servicios públicos para resolver sus problemas de salud y aun de supervivencia.

En una región donde por razones culturales las relaciones sexuales impuestas están naturalizadas en grandes sectores sociales y desde la pubertad, y donde predomina el doble discurso, especialmente cuando se trata de la moral sexual, existe una altísima tasa de embarazos no deseados y por consiguiente de abortos clandestinos. Existe también una alta tasa de embarazo y maternidad adolescente. La clandestinidad relativiza todas las cifras, pero como la mayoría numérica de esos abortos clandestinos se realizan en condiciones sépticas, se calcula que sobre los alrededor de cuatro millones de abortos anuales en la región se registran 6000 muertes. El aborto inducido figura como una de las principales causas de muerte materna: ocupa el primer lugar en Argentina, Paraguay y Chile, el segundo en Colombia y Perú, el tercero en Brasil, Panamá y México. De manera que la mayor parte de los debates sobre aborto en la región parten de la evidencia del grave problema de salud pública que plantea, antes que de los derechos personales de las mujeres: en efecto, se calcula que entre el 10 y el 30 por ciento de las camas de los servicios de ginecología y obstetricia de los hospitales públicos de la región están ocupadas por mujeres que padecen las consecuencias de un aborto realizado en malas condiciones.

En este panorama, donde las débiles democracia coexisten con las turbulencias sociales y económicas de la era de la globalización dominada por la economía financiera, con la cruzada restauradora del Vaticano y con la emergencia de movimientos de mujeres y de grupos feministas en América Latina, CDD/AL se propone, en el marco de la lucha por la promoción de los derechos de las mujeres con vistas a una sociedad justa e igualitaria, dar a conocer el derecho a decidir de las mujeres como agentes morales capaces y el derecho a disentir con las posiciones de la Iglesia que no han sido declaradas infalibles, como una opción ética; defendemos el acceso a métodos anticonceptivos seguros y eficaces y al aborto como expresiones de la libertad de conciencia y como derechos humanos fundamentales de las personas.

Enfatizamos el valor de la libertad de conciencia en las decisiones porque si se actúa bajo coerción no existe libertad y no puede hablarse de responsabilidad moral. Si la libertad moral no existe, no existe la posibilidad de la ética. Sólo cuando las personas tienen diferentes opciones y pueden elegir, hay lugar para tomar una decisión ética.

Nos apoyamos en la Iglesia del Concilio Ecuménico Vaticano II, convocado por Juan XXIII en 1962, entendida no ya como "estructura jerárquica, piramidal y monolítica", sino como "pueblo de Dios, formado por todos los bautizados".³ Las mujeres, con sus opiniones y sus prácticas, incluidas las que recurren a anticonceptivos y las que abortan, que en su abrumadora mayoría se reconocen católicas, forman pues parte de ese pueblo de Dios. Constatamos la fuerza del doble discurso en nuestras sociedades: las mismas personas que recurren a anticonceptivos y aun al aborto suelen sostener en público un discurso que adhiere a las imposiciones del conservadurismo católico. Sostenemos que la profunda misoginia de la Iglesia no es inherente al Nuevo Testamento, sino resultado del análisis patriarcal. Es esa misoginia, y no la supuesta "defensa de la vida", lo que sostiene la oposición al derecho de las mujeres a una maternidad voluntaria.

Hay casos donde la Iglesia católica jerárquica y las comunidades de fieles coinciden, cuando hablamos de la pobreza, la solidaridad, la justicia social y los derechos humanos. Pero al hablar del aborto, la realidad es otra. La Iglesia intenta imponer al mundo su propia visión de la moral en sexualidad y reproducción, ejerciendo poder y con una visión alejada de los derechos humanos.

Las doctrinas de la Iglesia católica cambian. Y hoy, luego del Concilio Vaticano II, se considera que la conciencia individual es inviolable y debe ser seguida incluso en los casos de desacuerdo con la enseñanza de la Iglesia. La primacía de la conciencia es de tal modo central, que debe seguirse aun en casos de amenaza de excomunión.

La primacía de la conciencia bien formada posibilita la toma de una decisión moral enmarcada en una realidad de confianza, seguridad personal y contención social. El teólogo Richard McBrien escribe: "Si después del estudio apropiado, reflexión y la oración, una persona está convencida de que su conciencia está en lo correcto, a pesar de estar en conflicto con las enseñanzas morales de la iglesia, la persona no sólo puede sino debe seguir lo que le indica su conciencia, en lugar de la doctrina de la Iglesia".

La posición de la Iglesia en relación a temas como sexualidad y reproducción no es monolítica; hay una gran cantidad de matices. La posición de la jerarquía es una posición más y la que menos consenso tiene entre católicas y católicos. Concretamente refiriéndose al tema del aborto, el teólogo uruguayo y sacerdote católico Luis Pérez Aguirre nos decía:

«No estamos simplemente ante un problema legal sino ante una realidad enorme por su extensión y complejísima por sus connotaciones filosóficas, teológicas, culturales, biológicas, antropológicas, etc. Lo polémico del tema hace que inmediatamente irrumpan en nosotros mil prejuicios y tendamos a polarizar la posición en torno a si nos encontramos ante un crimen o no, si hay que penalizar o despenalizar el aborto, si la vida humana empieza en tal o cual momento, si el feto es una persona, etc.

«Todo nos lleva a sospechar que el problema se sitúa a un nivel mucho más profundo que el de legislar o penalizar. Que la fuente del drama del aborto inducido no es la ley ni la solución será exclusivamente legal parece obvio. Con ley o sin ella, la estabilidad de las mujeres ante un embarazo no deseado siempre estará amenazada; además la mayoría de ellas seguirá abortando y el sufrimiento de tantos será irremediable.

«...Difícilmente encontraremos mujeres que estén a favor del aborto, que sean abortistas a secas. Lo que sí existe, como es obvio, son numerosísimas mujeres que abortan todos los días y en todas nuestras sociedades, cosa que no es lo mismo. La otra evidencia es que cuanto más presión se ejerce sobre la mujer que tiene un embarazo no deseado, en lugar de disuadirla para evitarlo, más clandestino y más peligroso se vuelve el aborto.

«...La Iglesia Católica siempre se ha decantado a lo largo de la historia a favor de la vida. Hoy día "no se compromete expresamente con una afirmación de naturaleza filosófica sobre la animación y el momento de la misma, pero define de modo constante el derecho inviolable de todo ser humano inocente a la vida. Puesta la premisa de que el embrión humano es un ser humano, no parcial o potencial, sino una vida hecha y derecha, si bien con potencialidades que se irán actualizando, en consecuencia, la valoración se desarrolla con lógica sencilla e implacable.

«...Más allá del respeto debido en toda circunstancia a la vida humana desde sus orígenes, no podemos obviar que existen siempre situaciones límites y conflicto de derechos, de deberes y de valores. No existe valor moral tan absoluto que no pueda en ciertos casos entrar en colisión con otro valor, y menos en situaciones estructuralmente injustas, como es la que generalmente contextualiza los abortos inducidos. Como alguien dijo una vez, sólo Dios es absolutamente absoluto. Pretender que los valores morales humanos son tan absolutos como el mismo Dios acaba por desembocar en los fundamentalismos más contradictorios y violentos.

«Es común que las normas morales entren en conflicto entre ellas y por eso mismo nunca podrán aplicarse de manera deductiva. Siempre necesitarán de gran ponderación y discernimiento. No en vano el principio del "mal menor" en una disyuntiva determinada adquiere toda su fuerza. Puesto que se trata de reducir al mínimo los perjuicios o las consecuencias menos aceptables de un acto humano. ... La defensa de la vida humana no es absoluta en todos los casos, sabemos que siempre hubo excepciones. ... El aborto es un excelente ejemplo de la insuficiencia de los imperativos categóricos para resolver casos concretos, y también un ejemplo de la autonomía de la persona como última instancia decisoria. Aquí el problema es muy complejo y doloroso porque lo que está en juego no sólo es el derecho a la vida del feto, sino también la vida de la madre que cuando llega a pensar en un aborto se encuentra generalmente en una situación límite. En el extremo de la duda, a lo más la ética nos dirá que donde existe duda, el individuo tiene libre derecho a actuar según su conciencia porque "donde hay duda, hay libertad".»

El escándalo que generaron las recientes denuncias de violaciones a religiosas por parte de sacerdotes en diferentes países del mundo pone al descubierto una vez más la doble moral de la Iglesia: los mismos que predican en los púlpitos en contra de la anticoncepción, a favor de la familia estable, monogámica, heterosexual y con autoridad masculina, que ven en el condón al peor enemigo, que condenan al infierno a homosexuales y lesbianas, ellos mismos violan a las religiosas, las embarazan y las obligan a abortar. Por supuesto y por suerte, no todos los sacerdotes son iguales y hay dignidad y solidaridad en muchos, pero esta lamentable realidad debería hacer reflexionar al Vaticano y ver cómo su insistencia en reprimir la sexualidad se le vuelve en su contra y en contra del bienestar de la humanidad.

Desde hace dos décadas las mujeres latinoamericanas y caribeñas nos venimos reuniendo en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos y fue en el V Encuentro Feminista de Latinoamérica y El Caribe, realizado en Argentina en 1990, que se creó el Día 28 de Septiembre como jornada de lucha por la Despenalización del Aborto y desde entonces Católicas por el Derecho a Decidir es parte de "La Campaña 28 de Septiembre".

Apoyamos la despenalización del aborto porque el aborto inseguro es un grave problema de salud pública por su magnitud, debido a que en la mayor parte de nuestros países la legislación es restrictiva y aun en los casos permitidos por la ley los servicios no son accesibles.

Se calcula que por cada 1000 mujeres en edad reproductiva (15-49 años) se practican 30 abortos inseguros y se estiman por año cuatro millones de abortos inseguros en la región de América Latina y el Caribe. El 21% de las muertes relacionadas con el embarazo, parto o posparto tiene como causa las complicaciones del aborto inseguro (OMS). Anualmente mueren 6000 mujeres por complicaciones de aborto practicados en condiciones de riesgos. Se calcula también que, cada día, por lo menos 2191 mujeres y adolescentes son hospitalizadas en la región debido al aborto inseguro.

Mientras que el aborto practicado en condiciones adecuadas es un procedimiento seguro y que una parte importante de la prevención de los abortos inseguros consiste en la prevención del embarazo no deseado.

Apoyamos la despenalización del aborto porque el aborto inseguro es un problema de justicia social. El resultado práctico de las legislaciones restrictivas viola el principio de justicia en términos de equidad, género y estado socioeconómico. La legislación es doblemente restrictiva con las mujeres pobres ya que no sólo deben sortear las dificultades de la clandestinidad sino que asumen los riesgos de la mutilación, el dolor, el rechazo social y el de su propia vida.

Apoyamos la despenalización del aborto porque el derecho al aborto es una cuestión de derechos humanos. "El derecho a la igualdad y la no discriminación, a la autodeterminación, a la vida, a no ser sometido a torturas, a la libertad y seguridad personales, a no ser objeto de injerencias arbitrarias en la vida y la familia, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión". (Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)

Apoyamos la despenalización del aborto porque el derecho a la decisión sobre un aborto es una cuestión de democracia. En el caso del aborto se ha comprobado que las legislaciones prohibitivas o restrictivas no reducen el número de abortos y sí incrementan la mortalidad y la morbilidad, a la vez que refuerzan los dictados sobre la minoría moral de las mujeres. Afirmamos la capacidad moral de las mujeres para tomar decisiones sobre sus vidas y sus destinos, aspirando a una convivencia armoniosa de personas y grupos que no necesariamente tengan los mismos puntos de vista. La maternidad debe comprenderse como expresión de libertad, como decisión voluntaria de la conciencia, del deseo y de la responsabilidad. La maternidad no es concebible racionalmente si se establece por obligación o por equivocación.

Y porque defender la salud, la justicia social, los derechos humanos y la democracia es absolutamente coherente con las enseñanzas católicas y con el Evangelio.

Debates en Naciones Unidas

Durante los años 90 el aborto inseguro fue objeto de grandes debates en Naciones Unidas. A pesar de las tensiones y de las presiones conservadoras, el resultado final fue positivo, con un creciente reconocimiento de la despenalización del aborto como una cuestión legítima de derechos humanos:

En 1994, en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, realizada en El Cairo, por primera vez en un documento intergubernamental al aborto inseguro se lo reconoce como un problema de salud pública (párrafo 825), haciendo cuatro afirmaciones sobre este tema:

– No debe promoverse el aborto como un método de planificación familiar. 
– Debería reducirse la incidencia del aborto mediante el acceso a la planificación familiar. 
– Donde es legal, el aborto debería ser seguro. 
– Donde es ilegal, deberían tratarse las consecuencias de los abortos ilegales/inseguros.

En 1995, el documento firmado en la Conferencia Internacional sobre la Mujer en Beijing reafirmó el contenido del artículo 825 de El Cairo, agregando la recomendación de que los países revisasen las leyes que penalizan a las mujeres cuando se someten a abortos ilegales.

En 1999, en la revisión de Cairo+5, el texto aprobado recomienda el entrenamiento de profesionales para atender a las mujeres en los casos en que el aborto sea legal, pese a que aún no se pudo incluir en el documento final la recomendación sobre la revisión de las leyes punitivas.

En el 2000, el documento final de Beijing+5 incorpora integralmente el texto del párrafo 106K de la Plataforma de Acción de Beijing, mencionando la necesidad de revisar las leyes que penalizan la práctica del aborto inseguro, y recomienda, también, que los gobiernos implementen la indicación acordada en Cairo+5, acerca de que los profesionales sean entrenados y los servicios equipados debidamente.

En noviembre del 2000, el Comité Internacional de Derechos Humanos, en oportunidad del análisis de los informes presentados por Argentina y Perú, recomienda a estos Estados que se dicten leyes que permitan el aborto en casos de violación.

El marco que nos brindan los acuerdos internacionales es favorable pero insuficiente para cambiar la realidad de nuestra región. La coyuntura regional en el período pos-Beijing y Cairo+5 nos coloca frente a nuevos desafíos porque tenemos también que resistir a la "Gag Rule", o regla global de la mordaza, política impuesta por el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, durante su primer día de gobierno. La política "Gag Rule" impide a todas las organizaciones que reciben fondos de los Estados Unidos destinados a la planificación familiar, utilizar sus propios fondos (que no provienen de Estados Unidos) en los siguientes casos:

• La provisión de servicios de aborto.
• La consejería sobre aborto.
• La remisión de pacientes para aborto.

El lobby [cabildeo] a los gobiernos orientado a la legalización o despenalización del aborto.

Esta situación impide abordar el tema con fines de influencia política y obra en contra de la soberanía propia de cada país. Esta regla prohibe entregar dinero proveniente de los Estados Unidos a organizaciones que trabajan por la legalización o despenalización del aborto, pero no prohibe la transferencia de recursos hacia aquéllas que luchan en contra del aborto, los grupos fundamentalistas Pro-Vida, haciendo que se fortalezcan todas aquellas actividades que están en contra del derecho a decidir de las mujeres con respecto a su sexualidad imponiendo una concepción antidemocrática y moralista.

Cada año Estados Unidos entrega 425 millones de dólares para programas de planificación familiar en 52 países, de los cuales en 29 el aborto es legal o es posible en ciertas circunstancias, correspondiendo a más del 40% del total de la ayuda de los países ricos a la promoción de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Estas restricciones significan una reducción concreta que condiciona aún más el limitado cumplimiento de los compromisos acordados en las Conferencias Internacionales.

La aplicación de las políticas de ajuste estructural, como condición necesaria para la adaptación de este modelo económico neoliberal, implica una reducción de las condiciones y calidad de vida de las grandes mayorías en la región y en el mundo. Las brechas entre los países desarrollados y los del tercer mundo aumenta progresiva y escandalosamente. El 86% de la riqueza está concentrado en el 14% de la población, o sea que el 86% de la población sólo tiene el 14% de la riqueza, y si a estas cifras les aplicamos una mirada de género, los porcentajes serían aún más escandalosos.⁴ Mientras avanzamos en conquistar leyes en favor de las mujeres, se desmontan progresivamente los sistemas de protección, especialmente aquéllos vinculados a los derechos económicos, sociales y culturales: la flexibilización laboral, la privatización de la sociedad y la deserción de los Estados en lo referente a asegurar justicia y bien común.

¿Cuáles serían entonces nuestros desafíos pendientes?

Creo que éste será el tema que trabajaremos todas juntas. Me atrevo a proponer algunos para que luego podamos profundizarlos:

– Trabajar incansablemente por una sociedad no represiva, con equidad y justicia para todos y todas.

– Denunciar en los espacios internacionales la política conservadora de Estados Unidos como antidemocrática que viola los derechos humanos de las mujeres y el derecho a la soberanía de los países en desarrollo.

– Los acuerdos internacionales y los derechos conquistados en el plano internacional, muchos de ellos parte de nuestras Constituciones nacionales, deben ser más difundidos.

– Exigir el acceso a los servicios en los casos que el aborto sea permitido.

– Denunciar a los gobiernos que no cumplen los acuerdos internacionales.

– Difundir los debates en torno a la legislación sobre el aborto que se den en cada país de la región.

– Impulsar acciones urgentes en los niveles legislativos, ejecutivos y judiciales, así como en los medios de comunicación.

– Elaborar estrategias que despierten la solidaridad de la sociedad y una visión más humanitaria sobre la práctica del aborto en cada país; el derecho a decidir tiene que llegar a ser una demanda explícita de las mayorías.

– Es urgente que desde el movimiento de mujeres se promueva la separación Iglesia-Estado y se trabaje para erradicar la doble moral que existe en nuestras sociedades.

Como Católicas queremos que se escuche nuestra voz y otras voces dentro y fuera de la Iglesia, voces que no tengan la dureza inmisericorde de la jerarquía, voces aprendidas al calor del compromiso y la inserción social; y apostamos a seguir en la tarea de ser y hacer Iglesia liberadora desde la perspectiva de Jesús, al mismo tiempo que reconocemos que para el cumplimiento de esta misión es indispensable que se operen cambios en la estructura actual de la Iglesia católica.

Notas

1. Sylvia Marcos, "Curas, diosas y erotismo: El catolicismo frente a los indios", en «Mujeres e iglesia». Edición a cargo de Ana María Portugal. Catholics for a Free Choice, Washington, Estados Unidos, 1989. (volver)
2. Del artículo "Metafísica y Políticas de Población". Ana María Pizarro. Revista Confidencial. Nicaragua. (volver)
3. Católicas por el Derecho a Decidir, "Somos Iglesia". Presentación, México, 1996. (volver)
4. Kim Boulduc. (volver)

Bibliografía consultada

· Publicaciones de la Campaña 28 de Septiembre.
· "Feminismo y catolicismo", Marta Vassallo, Argentina.
· "Somos Iglesia", CDD México, 1996.

Marta Alanís es coordinadora regional de Católicas por el Derecho a Decidir - América Latina.
Correo-e: cddal@catolicas.org

Esta ponencia fue presentada en el Taller Centroamericano "Salud, Derechos Sexuales y Reproductivos. Una mirada desde la Sociedad Civil", realizado en Managua el 4 y 5 de abril del 2001, organizado por SI Mujer con el patrocinio de HIVOS.


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