La sexualidad y la reproducción son derechos humanos

Una vez aprobada la "píldora del día después" por el Ministerio de Salud, continúa un debate que ha sido saludable, porque muestra una creciente apertura de la sociedad chilena a entablar un diálogo sobre los derechos de las personas relativos a la sexualidad y la reproducción. No tan saludable es que la discusión se reduzca a posturas polarizadas sobre si la píldora es abortiva o no fuera del contexto de una discusión más amplia y con la debida información.

La intención de algunos sectores de imponer su visión a toda la sociedad oculta las realidades cotidianas de miles de personas y hace el debate excluyente y tendencioso. No están sobre la mesa las opiniones de diversos sectores sociales y la realidad de las mujeres y hombres concretos, sino que se habla en abstracto de "la familia". No se reconocen las necesidades y opiniones de mujeres, adolescentes, homosexuales o portadores del virus del sida y se oculta el fondo del conflicto que es la negación de autonomía de las personas sobre su propio cuerpo, sobre su sexualidad e identidad y la falta de derechos en ese ámbito.

Un diálogo democrático debe reconocer el protagonismo y las demandas de las mujeres en los temas de sexualidad y reproducción así como considerar el deseo creciente de chilenas y chilenos de participar en la construcción de nuevos valores y principios éticos en esos ámbitos. Una muestra de esto es el Proyecto Ley Marco sobre Derechos Sexuales y Reproductivos elaborado por entidades de la sociedad civil y presentado al Congreso el año pasado.

Argumentos para el cambio quiere llamar la atención sobre la oportunidad de profundizar un debate y avanzar en los derechos de ciudadanía, propiciados por el proyecto mencionado. Allí se replantean preguntas que debemos enfrentar con franqueza: ¿qué papel tienen la sexualidad y la reproducción en nuestras formas actuales de relaciones sociales y nuestro mundo subjetivo? ¿cómo influencian la manera en que las personas son aceptadas o rechazadas socialmente? ¿cómo se relacionan los derechos sexuales y reproductivos con un sistema de valores democrático y con la ética de la solidaridad?

La ciudadanía, como un conjunto de derechos y deberes que rigen la relación entre los individuos y el Estado, no nace de un día para otro. La propiedad, el sufragio y la representación política, el derecho al trabajo, a la participación en la riqueza social y a la educación son temas sobre los cuales fue avanzando poco a poco la idea de derechos de las personas. El derecho de las mujeres "a tener derechos" tardó muchos siglos en ser aceptado. Los primeros movimientos de mujeres que exigieron el derecho a regular su fecundidad, a la salud, al control de sus propios cuerpos y su sexualidad, surgieron en el siglo XIX y abrieron un nuevo frente de lucha en la construcción de la ciudadanía moderna. Con la formulación más reciente del concepto Derechos Sexuales y Reproductivos por parte de los movimientos feministas contemporáneos, prácticamente todas las sociedades modernas debaten el tema de la sexualidad y la reproducción y sus vinculaciones con la democracia, la igualdad, el bienestar, el desarrollo y la justicia social.

La sexualidad y el cuerpo son dimensiones fundamentales de la vida humana y en el desarrollo del potencial político y moral de los individuos. La experiencia sobre el propio cuerpo enseña a tomar decisiones, a elaborar y manifestar opiniones, a construir valores y a participar en la construcción colectiva de una ética de solidaridad y responsabilidad. También juegan un papel muy importante en la vida social, porque no hay sociedad ni política sin rituales y no hay ritual que no se exprese a través del cuerpo.

En las distintas sociedades patriarcales, la sexualidad y el cuerpo de la mujer son materia prima de los discursos, creencias y prácticas que promueven su privación de derechos: sea a la participación política, al bienestar, a la integridad, a la autodeterminación o a la autorealización. La modernidad reproduce el modelo de dominación entre los sexos y entra en contradicción con el propio discurso de igualdad y libertad. El Estado moderno, el empresariado, el discurso religioso y el poder biomédico tratan de sustituir a los antiguos soberanos respecto a la sexualidad de las mujeres, al arrogarse el derecho a decidir por ellas.

En Chile, durante los años de dictadura se produjo un enorme retroceso en este campo. Los médicos y matronas en los consultorios quitaron muchas veces el DIU a mujeres de sectores populares sin informarles, negaron la información y el acceso a los anticonceptivos, y en el discurso público se estigmatizó a los homosexuales y se alabó la maternidad como único fin en la vida de la mujer.

Se reconoce que las personas tienen derecho a:

– Disfrutar de la sexualidad como fuente de desarrollo personal y felicidad.

– Tener autonomía y control sobre su cuerpo; ejercer su sexualidad separada de la reproducción y a elegir con quien. 

– Decidir libremente sobre su sexualidad sin ser sometidas a ninguna forma de abuso, tortura, violencia o mutilación sexual.

– Decidir de manera libre si quieren o no tener hijos, cuántos y cuándo, y a tener acceso a métodos anticonceptivos seguros y eficaces. 

– Acceder a información clara, comprensible y completa sobre métodos de regulación de la fecundidad y de prevención de enfermedades de transmisión sexual y sida. 
-Confidencialidad de la información relacionada con salud sexual y reproductiva, incluida la información sobre abortos complicados y la utilización de métodos anticonceptivos. 

Se prohibe:

– Toda forma de discriminación en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, basada en el sexo, edad, orientación sexual, estado civil, origen étnico, clase social, religión, discapacidad u otras. 

– La esterilización sin consentimiento informado o el uso forzado de anticonceptivos. 

– Investigaciones sobre métodos anticonceptivos y acciones para regular la fecundidad que no se basen en criterios que respeten los derechos sexuales y reproductivos de las personas y los derechos humanos en general. 

Es deber del Estado:

– Impulsar una educación no sexista, que rechace papeles y valores que mantienen las desigualdades sociales entre los sexos, y que valoren positivamente la sexualidad. 

– Asegurar el acceso a servicios de salud de calidad que promuevan la salud integral de hombres y mujeres en todas las fases de su ciclo vital y entreguen servicios de salud sexual y reproductiva, incluso para adolescentes. 

– Comprometer a todos los organismos y funcionarios en el desarrollo de acciones y políticas que promuevan los derechos sexuales y reproductivos. 

– Velar para que las políticas públicas y servicios sobre sexualidad y reproducción fomenten relaciones de respeto e igualdad entre hombres y mujeres.

Ampliar y profundizar los sentidos y prácticas de la democracia y la ciudadanía implican enfrentar en el campo político la cuestión de la sexualidad, del cuerpo y de la reproducción, y rechazar su utilización como objeto de dominación y exclusión.

Tomemos contacto con el Foro de Salud para conocer el proyecto en extenso y participar en sus discusiones.
(tel.: 2-7370818; e-mail: forosalu@entelchile.net)


Levantado de la página del CEM (Centro de Estudios de la Mujer) http://www.cem.cl

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