CLADEM promueve una Convención Interamericana para proteger los Derechos Sexuales y Reproductivos

Roxana Vásquez Sotelo

En los últimos años, la comunidad internacional ha mostrado preocupación –y se ha pronunciado– respecto de la dramática situación por la que atraviesan las mujeres de nuestro planeta, como consecuencia de las restricciones al libre ejercicio de su sexualidad y de su capacidad reproductiva.
Entre 1992 y 1996 las Naciones Unidas han celebrado una serie de convocatorias y reuniones de carácter mundial con la finalidad de revisar aspectos de suma importancia para la humanidad: Medio Ambiente (Río de Janeiro, 1992), Derechos Humanos (Viena, 1993), Población y Desarrollo (El Cairo, 1994), Desarrollo Social (Copenhague, 1995), Mujeres (Beijing, 1995) y Hábitat (Estambul, 1996). En ellas se puede advertir un marcado y acelerado desarrollo conceptual de los derechos humanos de las mujeres, en particular de sus derechos sexuales y reproductivos. Lamentablemente, el desarrollo conceptual de estos derechos, no ha implicado necesariamente el reconocimiento formal de los mismos. A diferencia de las Convenciones Internacionales -que delimitan, conceptualizan y declaran derechos-, las Plataformas de Acción formuladas en las convenciones y tratados internacionales, constituyen compromisos políticos adoptados por los gobiernos con el propósito de generar consensos internacionales. Mientras las primeras, de ser firmadas y ratificadas por un Estado, tienen carácter vinculante (es decir, pasan a formar parte de la legislación interna de un país), las segundas, al ser acuerdos de tipo político entre gobiernos, no proveen de mecanismos de obligatoriedad para quienes lo suscriben. De ahí la necesidad de promover una convención a nivel interamericano que le preste fuerza legal a los derechos sexuales y reproductivos.
No sin inquietud recibimos las alarmantes noticias que provienen de países como México y el Perú acerca de las nocivas consecuencias que para las mujeres tienen las políticas de planificación familiar. Los casos denunciados dan cuenta de la vulneración que las medidas gubernamentales dirigidas al control demográfico infieren a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Ello debe llevarnos a reflexionar de manera detenida y seria sobre los efectos que dichas políticas acarrean para la población femenina. Existen un conjunto de sucesos que es necesario considerar para enfrentar esta situación. De hecho, estamos asistiendo al dramático desmontaje de los sistemas de protección laboral, en materia educacional y de salud, como parte de la aplicación de las políticas de ajuste estructural.
En este contexto, ¿cómo podemos explicar la enorme importancia que vienen cobrando de parte de los gobiernos las políticas por la salud sexual y reproductiva de las mujeres? Se sabe de la preocupación que los expertos en demografía histórica tienen sobre el explosivo crecimiento poblacional en el mundo. Se calcula que a lo largo de toda la historia de la humanidad 60 mil millones de personas hemos habitado la tierra; hoy somos aproximadamente 6 mil millones; es decir, nuestra generación representa el 10% de aquel total. Ello, en opinión de algunos de los expertos, podría estar poniendo en riesgo el sistema autorregulado de la naturaleza, pues nuestra especie estaría multiplicándose a una velocidad inconveniente para la supervivencia del planeta. El desmesurado incremento demográfico ha sido en los últimos tiempos vinculado al problema del desarrollo. Aun cuando la relación entre desarrollo y reducción poblacional no ha sido suficientemente estudiada, se está promoviendo la asociación «a menor población pobre mayor desarrollo». Lo grave es que este discurso, que simplifica la realidad y no resuelve ningún problema, ha sido plasmado en acciones políticas que tiene efectos sobre los derechos humanos de los grupos más vulnerables, sobre todo de las mujeres de menores recursos.
No exageramos al afirmar que la aplicación de políticas de planificación familiar -que se está volviendo una tendencia regional-, en países con una frágil institucionalidad democrática y con escasos mecanismos de protección real de los derechos humanos, conduce fácilmente a la consecuente vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Por ello, consideramos necesario apelar a la comunidad internacional, en particular al sistema interamericano y a la comisión interamericana de mujeres -instancia que jugó un papel clave en la adopción de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, ratificada en 21 países de la región- para promover un desarrollo normativo tendiente a garantizar un sistema que ampare efectivamente el ejercicio de estos derechos. Las agresivas políticas de Estado en el tema de planificación familiar en la mayoría de los países de la región, nos advierte acerca del riesgo de confundir la erradicación de la pobreza con la reducción poblacional de los sectores más pobres.
Ante ello, la orientación de nuestra organización es, de un lado, hacer recordar a los Estados el compromiso que han asumido de salvaguardar el ejercicio pleno de dichos derechos, y de otro, contribuir a esclarecer los diferentes enfoques que se están manejando en nombre de las preocupaciones demográficas y el desarrollo. Al igual que en otras ocasiones, CLADEM ha decidido impulsar esta propuesta a través de su red, interconectando a los grupos y personas que trabajan directamente en la esfera socio-jurídica en nuestra región. Los ejes que consideramos fundamentales para el desarrollo de dicha propuesta son:

- Los derechos sexuales y reproductivos, género y desarrollo (marcos conceptuales).
- Los Derechos protegidos (conceptos y definiciones).
- Los patrones y prácticas discriminatorias y contrarias a la protección de los derechos sexuales y reproductivos.
- La responsabilidad de los Estados (ámbitos y mecanismos).
- La justiciabilidad de los derechos sexuales y reproductivos en los ámbitos internacional y nacionales.
- Los avances en tecnologías reproductivas.

Los ejes seleccionados, aun cuando no agotan la temática, han sido considerados centrales por nuestra organización, en tanto han surgido respecto de los mismos posiciones que generan controversia o han sido poco trabajados. Todo ello examinado en un contexto internacional complejo en el cual el crecimiento demográfico es considerado como un obstáculo para el desarrollo. En un segundo momento, y en base a la información recogida, profundizaremos y debatiremos acerca de los enfoques, contenidos y propuestas, que desde las experiencias y prácticas de nuestras organizaciones entendamos como los más adecuados a nuestras realidades, sobre aquellos temas considerados relevantes para la elaboración de este ambicioso proyecto. En una tercera fase, abriremos una mesa de trabajo de carácter internacional, en la que convocaremos la participación tanto de organizaciones nacionales y regionales de reconocida trayectoria en la defensa y estudio de los derechos sexuales y reproductivos, como de especialistas a título individual. Próximamente les estaremos haciendo llegar nueva información sobre el tema.

Arriba