Chile

Mujeres indígenas rurales: reflexiones y desafíos para un nuevo pacto social

Las cifras dejan en evidencia las desigualdades existentes de allí la importancia de hacer un balance y evaluación de las políticas dirigidas a los pueblos indígenas a objeto de ponderar sus impactos.


por Angélica Wilson, Sudirectora, Cedem
21 de octubre de 2008


La población indígena ha sido asociada tradicionalmente al ámbito rural, sin embargo en la actualidad el mayor porcentaje de población indígena habita en el medio urbano, situación que ha generado un debate que se plasma en la demanda indígena que busca reivindicar los derechos de los pueblos originarios más allá de los territorios ancestrales o las fronteras establecidas por el Estado y la sociedad chilena. Si bien, el territorio rural representa un área de referencia cultural que tiene un gran significado para los pueblos indígenas de nuestro país y constituye un espacio de reproducción cultural que otorga sentido de pertenencia e identidad también se asocia a una historia de despojo, reducción, desplazamiento, impacto del modelo económico sobre los ecosistemas, los sistemas de producción y reproducción de sus formas de vida y cultura, entre otros.

Dentro de este contexto, las mujeres indígenas que habitan en distintas zonas rurales del territorio nacional enfrentan diversas realidades y luchan cotidianamente para generar las condiciones básicas de subsistencia, dado que hasta ahora los dispositivos institucionales e instrumentos de política pública destinados a encarar las problemáticas que enfrentan mujeres y hombres indígenas en las zonas rurales han resultado insuficientes para superar las desigualdades y brechas existentes y en muchas ocasiones constituyen paliativos a la pobreza y/o exclusión social. Las cifras oficiales así lo demuestran, los niveles de pobreza de la población indígena superan en 10,6 % los niveles de pobreza de la población no indígena. La indigencia (8,3%) es prácticamente el doble que entre la población no indígena (4,5%). La situación de pobreza en las zonas rurales para la población indígena tiene una mayor incidencia que la no indígena (Casen 2003). Los hogares indígenas perciben ingresos menores a los hogares no indígenas y tienden a concentrarse en el quintil más bajo de ingresos. De hecho, si en el conjunto de la población aproximadamente el 20% de las personas forma parte de este estrato socioeconómico, entre los indígenas llega a más del 40%.[1]

Si analizamos la jefatura de hogar femenina según condición étnica, podemos observar que en las zonas rurales la proporción de mujeres indígenas jefas de hogar es mayor (21,4%) que la de las mujeres no indígenas (17,8%). Según la Casen 2003 hay una diferencia de 3,6 puntos porcentuales. Esta misma fuente demuestra que se mantiene la brecha en la tasa de analfabetismo entre la población indígena y no indígena, dado que ésta supera en más del doble al porcentaje de analfabetismo entre los no indígenas (8,4% frente 3,7%).

Respecto del acceso de las mujeres indígenas a la tierra, el Censo Agropecuario de 1997 en sus tabulados especiales referidos al pueblo mapuche muestra que, de un total de 329.705 explotaciones, 48.535 corresponden a explotaciones mapuche (14,7%), de las cuales 34.457 están a cargo de productores hombres (71%) y 10.583 a productoras mujeres (21,9%) y 3.495 a explotaciones no individuales (7,2%) (sucesiones, comunidades indígenas, sociedades).

Estas cifras dejan en evidencia las desigualdades existentes de allí la importancia de hacer un balance y evaluación de las políticas dirigidas a los pueblos indígenas a objeto de ponderar sus impactos, recoger aprendizajes y diseñar estrategias que den respuesta efectiva a la demanda indígena, especialmente en un contexto en que se han creado nuevos dispositivos institucionales que se plasman a través del instructivo presidencial de junio de 2008 de “Re-conocer el pacto social por la Multiculturalidad” que establece los énfasis de la nueva política indígena, la cual se articula en torno a tres ejes fundamentales: a) Sistema político, derechos e institucionalidad; b) Desarrollo integral de los pueblos indígenas; c) Multiculturalidad y diversidad. Esta nueva estrategia involucra la creación de unidades de asuntos indígenas en todos los Ministerios a objeto de definir acciones en función de las áreas de competencia, adecuar políticas, planes y programas, establecer mecanismos de información y consulta con los pueblos indígenas para el diseño de medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles, entre otras.

Obviamente estamos frente a nueva etapa de la política indígena que es preciso monitorear y al mismo tiempo establecer mecanismos de control ciudadano, dado que la construcción de una sociedad multicultural y democrática no es una tarea fácil, que al Estado le compete la responsabilidad de velar por el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos indígenas, pero también es preciso que la sociedad en su conjunto rompa las fronteras y abra el espacio necesario para que la interculturalidad se encarne en nuestras prácticas cotidianas de convivencia en el espacio rural o urbano.


[1] Documento N° 14 Etnias y Pobreza en Chile. Análisis Casen 2000. Mideplan. Abril 2002