Presentación de la Campaña en Uruguay

En el Primer Encuentro Universitario sobre Salud, Género, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos

Organizado por la Cátedra Libre en Salud Reproductiva, Sexualidad y Género de la Facultad de Psicología , de la Universidad de la República y con el apoyo de UNFPA, se realizó, el "Primer encuentro universitario sobre salud, genero, derechos sexuales y derechos reproductivos".

Planteado como Diálogos entre Universidad y Organizaciones de Sociedad Civil, el encuentro reunió a más de 250 participantes durante los días 20, 21 y 22 de Noviembre de 2003, en el aula magna de la Facultad de Psicología.

En el primer día la Soc. Moriana Hernández, de CLADEM - Uruguay, hizo la presentación de la Campaña por una Convención interamericana por los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos, con las siguientes palabras:


Estamos en campaña por una convención interamericana de los derechos sexuales y los derechos reproductivos.

La declaración de que los Derechos de la Mujeres son Derechos Humanos, realizada por la II Conferencia Mundial de DDHH de Viena en 1993, ha sido un avance histórico que todavía no terminamos de justipreciar.

El reconocimiento de que los derechos humanos se concretizan, o no, en personas, de carne y hueso, en hombres y mujeres, ha implicado un cambio cualitativo en la concepción internacional de los DDHH, que a nuestro juicio, aún demanda ser profundizado e implementado en todas sus consecuencias en la normativa regional y nacional.

Si bien el reconocimiento de la diferenciación sexual ha sido un avance sustancial. Pensamos que no podremos seguir avanzando en la construcción de una ciudadanía más plena para hombres y mujeres haciendo como que la sexualidad no existiera. No se trata de un tema adicional sino del núcleo de las más poderosas emociones humanas.

Somos concientes que a lo largo de la historia la sexualidad y la reproducción humanas han sido objeto de un tratamiento las más de las veces represivo, con vocación disciplinaria y normalizadora, en particular sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres. El discurso sobre el cuerpo de las mujeres nunca fue propio hasta la aparición del feminismo. Los discursos disciplinarios del cuerpo y la consiguiente construcción de la naturaleza femenina son representaciones masculinas hechas por los hombres e introyectadas por las mujeres.

Poder abordarlo en un debate público equivale a afirmar la voluntad colectiva de ampliar las posibilidades de convivencia pacífica en los espacios públicos y domésticos y aporta a la tarea de democratizar nuestras sociedades y al modo que tenemos de volver a pensar su organización.

Es por ello que hoy nos encontramos comprometidas junto con Cotidiano Mujer, Repem, Católicas por el Derecho a decidir, la Redes contra la violencia doméstica y sexual, la de jóvenes por los ddss y los ddrr y la de salud de las mujeres latinoamericanas y del Caribe y otras organizaciones hermanas en la campaña por lograra una Convención Interamericana de DDSS y DDRR.

Como bien señala el Manifiesto que convoca a la campaña:

"Es una propuesta concebida a largo plazo, que se inscribe en el objetivo de garantizar y fortalecer los derechos humanos de todas las personas desde su nacimiento. Su objetivo final es institucionalizar un discurso de derechos que coloque en el centro la recuperación y reapropiación de nuestros cuerpos y nuestras vidas, que por fin reconozca a las mujeres su condición de sujetos plenos, desde una visión que amplíe sus libertades y otorgue nuevos significados al principio de igualdad y no discriminación para todos los seres humanos."

Concebimos nuestra propuesta como un aporte a la construcción de sociedades democráticas, y por ello se propone en un primer momento impulsar procesos que nos permitan como sociedad, informarnos, discutir, debatir, revisar y volver a pensar sobre los ddss y los ddrr.

"Como sabemos que lo que no se logra instalar en el imaginario social, no cala, ni posee capacidad transformadora, nuestra pretensión es incidir también en las dimensiones culturales y sociales, contribuyendo a vencer prejuicios y resistencias, a la vez que en las políticas, institucionales y jurídicas, que son las que en última instancia definen y orientan los recursos del poder, determinan el alcance de nuestros derechos y establecen las atribuciones y responsabilidades de la ciudadanía y de los Estados."

El documento citado afirma "la importancia y pertinencia de elaborar nuevos marcos normativos de garantía y protección que nos permitan defender de manera más precisa y con mejores herramientas nuestros derechos sexuales y nuestros derechos reproductivos, fortaleciendo la comprensión y prácticas de afirmación y defensa de nuestros derechos humanos."

Pero frente a la complejidad y dimensión del desafío que nos planteamos las dudas superan ampliamente las certezas, tanto en el plano conceptual como en el de las estrategias. Entre otras cosas nos preguntamos ¿será el campo normativo de una convención interamericana el campo apropiado para esta disputa? Una breve mirada a la historia nos propone una respuesta a esta inquietud: el discurso normativo ha sido y continúa siendo utilizado para controlar la sexualidad de las personas, y en especial de las mujeres. Es más, el control sobre los cuerpos y la sexualidad femenina es uno de los ejes articuladores de cuantos códigos religiosos, morales o jurídicos han regido a la humanidad desde hace más de 3000 años.

Complementariamente hay otro dato que nos indica que no estamos tan mal rumbeadas al tratar de intervenir en el diseño del discurso jurídico: es que las fuerzas conservadoras hacen todo lo posible para impedirlo y disputan no sólo cada palabra, cada frase, documento, sino hasta cada letra. Y no estoy exagerando, recuerden la disputa en torno a la S en familia versus familias en los últimos documentos internacionales.

Las preocupaciones de los sectores fundamentalistas que expresan declaraciones como la de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que lanzó desde el Vaticano una campaña mundial contra el reconocimiento legal del matrimonio de parejas homosexuales, o los reiterados llamados a la desobediencia civil realizada por algunos prelados frente a leyes vinculadas con algunos derechos sexuales o reproductivos, como el de Entre Ríos que hace poco llamaba a desobedecer la ley de despenalización de la prostitución, o la Ley de salud reproductiva y sexual de la República Argentina; para no hablar de la campaña desatada en varios países de América Latina en contra de el Protocolo facultativo de la CEDAW, o el tratado de ética para políticos católicos del cardenal Joseph Ratzinger que orienta a los políticos a asumir una actitud de "resistencia profética" contra las leyes moralmente "injustas" e "imperfectas" en relación a temas tales como aborto, divorcio, anticoncepción, eutanasia, experimentos genéticos, homosexualidad, parejas extramatrimoniales, clonación humana.

Sin olvidar los aportes que en esta dirección provienen de la administración Bush, que pueden ejemplificarse con las declaraciones de Mr. David Hager asesor para asuntos de salud reproductiva, quien además de aconsejar a las mujeres a tratar el síndrome premenstrual con lectura bíblica y oración, se ha empeñado en la campaña contra del aborto legal. En fin la lista es larga y cualquiera de nosotros podría continuarla.

Como bien señalara la Dra. Chiarotti, "en el ámbito del Derecho, los DDSS y los DDRR constituyen una cuestión fronteriza, rozando siempre peligrosamente otros campos de los que el Derecho occidental se sentía ya independizado, como el religioso, el filosófico o el moral."

¿Por qué plantearse entonces, en una región donde el panorama de los ddssy los ddrr sigue siendo polémico y preocupante, nada más ni nada menos que una campaña como la que nos estamos proponiendo?

Justamente por eso mismo. Porque en los últimos años múltiples son los desafíos que a nuestra ciudadanía de mujeres presenta la ofensiva conservadora y fundamentalista sobre los diversos modos de expresión de la sexualidad humana y también sobre las clásicas y las nuevas maneras en que la reproducción humana se produce.

Con diversos matices, en unos países más que en otros, pero puede afirmarse que en A.L. y el Caribe, a pesar de nuestras Constituciones, la realidad nos muestra una frágil separación entre Iglesia y Estado, y una gran influencia de las jerarquías eclesiásticas que sistemáticamente pretenden limitar el desarrollo de iniciativas de protección de los ddss y los ddrr de sus ciudadanas y ciudadanos. La búsqueda de la Convención es en este panorama también una lucha por la defensa, afirmación y fortalecimiento de la laicidad de los Estados como garantía de democracia.

Como dice el Manifiesto de la Campaña: "La separación entre las iglesias y el Estado es la única forma aceptable de gobierno en una sociedad democrática, los Estados deben adoptar una postura neutral ante los diversos dogmas de fe. Conservar su carácter laico supone lograr una separación total, clara y absoluta entre las competencias de las iglesias que corresponden exclusivamente lo/as creyentes y las del Estado que corresponden al interés público y ciudadano."

Hoy el campo en litigio ya no se circunscribe meramente de la planificación familiar o la regulación del aborto inducido, tradicionales y muy vigentes banderas reivindicativas del movimiento de mujeres de nuestro continente. Nuevos temas se nos suman, y también requieren argumentación y construcción de una masa crítica de pensamiento y acción: la fecundación asistida, la clonación humana, los códigos de bioética, los diferentes arreglos familiares, las uniones civiles de personas del mismo sexo, etc. etc . Sobre todos ellos debemos pensar y actuar procurando reapropiarnos de nuestros cuerpos y nuestras vidas.

Pero el logro de un texto legal internacional no significaría por sí mismo un avance si no fuera fruto de un proceso que implique debates amplios y sostenidos, la construcción de alianzas, el fortalecimiento de capacidades del movimiento de mujeres, la ampliación de la agenda del movimiento de derechos humanos, la ruptura de fronteras conceptuales, la interlocución con otros y otras actores y actoras.

Por tanto, resulta tan importante como el texto de la convención el proceso que nos demos para llegar a ella, porque implica la difícil pero necesaria construcción de consensos sobre la facultad de ejercer, disfrutar y poder expresarse libremente en relación con los ddss y los ddrr.

Como si los desafíos ya planteados no fueran suficientes quisiera acrecentarlos mencionando que la forma en que se respetan y ejercen los derechos humanos en una sociedad constituye una de las expresiones más evidentes de los niveles de articulación entre sus sistemas político y económico. Por ello no podremos entender los procesos de definición de derechos, su defensa y ejercicio al margen de los mecanismos de los que las sociedades se dotan para promover y lograr su desarrollo. Será por tanto tarea imprescindible defender los derechos humanos frente a la lógica implacable del mercado. Reconocer la universalidad, interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos implica aceptar que no hay jerarquías entre los derechos humanos, que no existen derechos más importantes que otros. Para vivir con bienestar no se puede disfrutar sólo de algunos y no tener otros Para vivir con bienestar necesitamos trabajo, salud, educación, vivienda, y también libertad, integridad, dignidad, una vida libre de violencia.

Es desde esta mirada integradora e integral de los derechos humanos que pretendemos desarrollar nuestra propuesta sobre los ddss y los ddrr.

Lo que necesariamente implica que habrá que empeñarse en crear las condiciones para garantizar efectivamente el ejercicio de los derechos reproductivos y los derechos sexuales. Y ello supondrá seguramente la necesidad de remover barreras discriminatorias de toda índole, así como precisar las funciones que se derivan de las obligaciones de respetar, promover y proteger los derechos humanos que tienen los Estados.

Garantizar el ejercicio de la sexualidad y la reproducción obliga a repensar la familia como espacio intocable y privado que simboliza armonía, protección y cuidado. Reconocer "el sagrado inviolable del hogar" como el escenario privilegiado de abusos originados en la asimetría de poder que se vive en su interior, uno de cuyos resultados más deleznables, a la vez que masivos es precisamente la violencia contra las mujeres y los menores en cifras tan alarmantes que han merecido la calificación del crimen silencioso más extendido en el mundo por las Naciones Unidas.

El fundamento patriarcal que organizó la idea y el funcionamiento de la familia -a pesar de la supuesta modernidad de nuestros tiempos- todavía subsiste, por ello subyacen en la normativa y en la aplicación de un conjunto de reglas opresivas y especialmente discriminatorias para las mujeres, los niño/as y los adulto/as mayores, que deben ser erradicadas.

Las instituciones jurídicas vinculadas a la familia deben ser revisadas y repensadas, desde una visión que corrija las desigualdades de poder en su interior y garantice el bienestar que tanto proclama para todos sus integrantes. Su revisión desde una perspectiva democrática debe anclarse en los principios de libertad, igualdad y solidaridad reelaborados para todos los individuos que la componen. No es posible aceptar que hasta el día de hoy existan restricciones legales basadas en principios morales que impiden a determinadas personas casarse y formar familia.

La libertad sexual de homosexuales y lesbianas no es comprendida, aceptada ni respetada en tanto una dimensión de la libertad, menos aún la de los bisexuales, transexuales o transgénero, entre otras razones porque todas estas expresiones vitales ponen también en cuestión los mandatos morales religiosos, el matrimonio, la familia heterosexual y su finalidad reproductora. La dificultad de aceptar las diferencias, es otro de los terrenos en donde hay que trabajar arduamente para desarticular la idea de lo natural o del mandato único.

La concepción de que el ejercicio de las libertades sexuales y reproductivas es individual y privado ha dificultado esclarecer las relaciones y conexiones que existen entre la afirmación y ampliación de estas libertades en tanto derechos, y los contextos políticos, culturales, sociales y económicos.

Como sabemos las instituciones han pretendido moldear y constreñir nuestros comportamientos sexuales y reproductivos. Por tanto, no basta con reconocer discursivamente y en forma abstracta nuestras libertades. Para que éstas se puedan ejercer realmente tendrán que generarse las condiciones institucionales, culturales, materiales y subjetivas para su concreción. Ello quiere decir que para hacerse realidad, no basta con eliminar las barreras jurídicas actualmente existentes, sino que requerirán de transformaciones consistentes con la democracia, y sostenibles a partir de un sistema económico que apunte a la solidaridad y no sólo la ganancia. La ampliación y el respeto de nuestras libertades sexuales requieren de modificaciones sustanciales a todo nivel: legislativas, judiciales, de orientación en las políticas públicas, en la educación, en los medios de comunicación, en las instituciones privadas, en las organizaciones sociales, entre otras. Un cambio cultural, político y jurídico, con el objetivo de eliminar todo contenido discriminatorio no sólo del discurso sino y fundamentalmente de las prácticas de los operadores estatales y de la ciudadanía toda.

Múltiples son las estrategias que pueden ser pensadas e instrumentadas para la elaboración de una Convención Interamericana y de hecho a múltiples estrategias estamos recurriendo en América Latina y el Caribe.

En los esfuerzos por la Convención interamericana, tal vez una particularidad uruguaya deba ser aquí señalada. Aunque inmersas en esta campaña internacional, desde CLADEM Uruguay hemos optado, en centrar nuestros esfuerzos, por el momento en la aprobación de un proyecto de ley nacional. Hoy la Coordinación de organizaciones sociales por la salud reproductiva, que surgiera a partir de la convocatoria de la CNS, MYSU y CLADEM, se encuentra conformada por diversas organizaciones de la sociedad civil tales como el PIT-CNT, diversas organizaciones juveniles, y numerosos pastores de la Iglesia Metodista, Valdense y de la religión Afro- umbandista, y está abocada a impulsar el debate público sobre el proyecto de Defensa de la Salud Reproductiva.

Es que estamos convencidas y convencidos de que la aprobación del proyecto de ley de Defensa de la Salud Reproductiva, hoy en discusión en la Cámara de Senadores, contribuirá no sólo a resolver situaciones de salud pública y de justicia social en el Uruguay, sino que también contribuirá al reconocimiento de los ddss y los ddrr en nuestra región.

Para finalizar y antes de invitarlos a ver un video de nuestra campaña, me gustaría recordar un señalamiento de la Coordinadora Regional de CLADEM:

"Para los ddss y los ddrr nunca hay un tiempo oportuno. Este es el argumento que venimos escuchando desde tiempos inmemoriales a la hora de reclamar por estos derechos. Por ello, sin dejar de tener en cuenta la situación local e internacional, emprender acciones y la puesta en práctica de medidas con relación a los mismos requerirá siempre un gran margen de audacia".

Y como el primer e imprescindible paso es la audacia de pensamiento, que nos permita reconceptualizar los mandatos ancestrales sobre la sexualidad y la reproducción, permítanme congratularme de la realización de este seminario, que durante tres días nos exigirá pensar en los ddss y los ddrr como piedra de construcción de una ciudadanía más plena y democrática para hombres y mujeres de esta América nuestra.