Buenos Aires - Argentina

Presentan un recurso de amparo en la justicia contra la prohibición de casarse a personas del mismo sexo

Llega el turno del matrimonio homosexual

Dos dirigentes del movimiento lésbico pedirán autorización en el Registro Civil para contraer matrimonio. Si no las dejan, se presentarán ante un juez para pedir que declare "inconstitucional" la ley que lo impide. Y lanzarán una campaña nacional. Los argumentos jurídicos y los antecedentes internacionales.


Por Andrés Osojnik


María Rachid y Claudia Castro llegarán hoy a las nueve y media al Registro Civil de Uruguay 753. Irán a la oficina de matrimonios y pedirán turno para casarse. Palabras más, palabras menos, el diálogo será el siguiente:

- ¿Para la unión civil? Sí, cómo no -dirá, el o la empleada, canchero/a ya en esas lides.
- No, no dijimos eso -aclararán María y Claudia-. Nos queremos casar, queremos formar un matrimonio como cualquier hijo de vecino.

El previsible rechazo a tal pretensión se convertirá en el lanzamiento de una de las campañas más ambiciosas del movimiento gay en la Argentina: la conquista del matrimonio homosexual. Y el primer paso se dará hoy mismo. Si el o la empleada niegan a María y Claudia la posibilidad de casarse, ambas mujeres -acompañadas por un grupo de abogados, políticos y militantes- presentarán en la Justicia un recurso de amparo para que se declare inconstitucional la ley que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. La idea es llegar a la Corte Suprema, de ser necesario.

María Rachid y Claudia Castro son militantes y dirigentes de La Fulana, una organización por los derechos de las lesbianas. Forman pareja y conviven desde hace siete años y ya se unieron civilmente en la Ciudad de Buenos Aires (ver aparte). Ahora quieren subir un peldaño en la pelea. Lo harán en el marco de una campaña organizada por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, que nuclea a unas veinte organizaciones de todo el país. Además de La Fulana, entre sus miembros fundadores están la Asociación Civil Nexo, Fundación Buenos Aires Sida, Vox (de Santa Fe) y ATTTA (Asociación Travestis, Transgénero, Transexuales Argentina). La movida tiene el apoyo de sectores políticos de izquierda y del INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, que dirige María José Lubertino. De hecho, María Rachid integra la comisión asesora del organismo oficial.

El andamiaje jurídico que sostendrá la estrategia es un escrito de 50 páginas que resume los argumentos y casos internacionales que derivaron en el reconocimiento del matrimonio homosexual. La presentación fue producto del trabajo de tres meses de un equipo de abogados, militantes y hasta una licenciada en Letras, Mariana Podetti, de la UBA, que analizó gramaticalmente los textos de diversas leyes y tratados. Lo que se apunta a demostrar es que la prohibición del matrimonio entre personas de igual sexo es discriminatoria, anticonstitucional y violatoria de los tratados internacionales incorporados a la Carta Magna.

María y Claudia personificarán hoy la demanda, ya que se trata de derechos individuales y solo ellas -ante su derecho negado- pueden accionar.

- ¿Qué suponen que pasará cuando pidan turno para casarse? -preguntó Página/12 a Florencia Kravetz, la abogada que junto a Gustavo López y Flavia Massenzio redactó el recurso.
- Pueden pasar dos cosas. Que digan que sí o que digan que no.

- ¿Cree que hay alguna posibilidad de que digan que sí?
- Son mínimas, pero en realidad en la ley de matrimonio no hay nada que lo impida. Nunca se habla de cómo debe estar constituida una familia. El Código Civil solamente en el acto formal del matrimonio, en el momento de celebrarse el matrimonio, dice que "el hombre y la mujer" deben expresar su consentimiento, luego de lo cual el oficial público dice que los "declaro marido y mujer". Por lo tanto, ellas deberían llegar a esa instancia sin impedimentos previos. La negativa debería darse allí.

"De todos modos, no somos muy optimistas -apunta Gustavo López-. Si eso sucede es porque no quieren tomar la decisión en ese momento. Pero por eso ya tenemos redactado el recurso que presentaremos ante un juzgado nacional de Familia."

El escrito reclama al juez que emplace al Registro Civil "a otorgarnos la autorización para formalizar nuestro matrimonio civil, con todas las obligaciones, derechos y deberes que dicho estado de familia otorga". "Debido a lo prolongado de nuestra unión -argumentan- y a nuestro deseo de establecer un vínculo formal que fuera reconocido no sólo en la Ciudad sino en todo el territorio nacional y también en otros países a los pudiéramos ir, y que nos permitiría conformar una sociedad conyugal en todos sus términos, decidimos contraer matrimonio civil, única herramienta legal que nos garantiza el ejercicio pleno de nuestros derechos."

La mención a la Ciudad de Buenos Aires refiere a la ley de Unión Civil que rige allí. "Pero la unión civil tiene un alcance muy limitados, geográficamente y en cuanto a derechos. Nosotras queremos los mismos derechos y con el mismo nombre", destaca María Rachid.

De acuerdo con la argumentación del recurso, "la Constitución nacional, tanto en su texto como en el de los tratados internacionales, garantiza el derecho de las personas a contraer matrimonio y fundar una familia. No hay, ni en nuestra Carta Magna ni en los tratados aludidos ni en nuestra legislación, ninguna definición de familia que limite su acepción a la unión entre un hombre y una mujer. Tampoco hay prohibición alguna respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo".

- Efectivamente -sostiene Kravetz-, solo aparece esa mención al hombre y la mujer en el acto formal del casamiento. Y eso es violatorio de la norma constitucional, que garantiza que todos tienen derecho a contraer matrimonio y que todo lo que no está prohibido está permitido.

Bruno Bimbi, secretario de Relaciones Institucionales de la Federación, agrega que "todos los tratados internacionales incorporados a la Constitución prohíben cualquier discriminación, y tratan el matrimonio y la familia de manera amplia. Todos hablan de 'cónyuges' y no de 'marido y mujer' y reconocen de manera amplia que todas las personas tienen derecho a casarse".

Además de los argumentos jurídicos, el texto incorpora numerosos antecedentes internacionales en torno al matrimonio homosexual. Uno de ellos menciona el fallo de la Corte Constitucional de Sudáfrica (equivalente a la Corte Suprema argentina), que en diciembre de 2005 declaró "inconstitucional" la prohibición para contraer matrimonio a dos personas del mismo sexo, con el fundamento "del principio de no discriminación incluido en la Constitución de Sudáfrica, con similar redacción al que existe en nuestra Constitución y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos", según el texto que será presentado hoy. Kravetz explica que la Corte sudafricana abundó en los "derechos intangibles" que se violan al negarles el derecho a dos personas del mismo sexo. También se citan fallos de las cortes de Ontario y de Massachusetts, de Estados Unidos, en contra de la prohibición.

También mencionan el caso de España. Allí, si bien el matrimonio homosexual fue instaurado por ley en 2005 por impulso del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, antes de esa decisión política hubo una presentación judicial similar a la que se concretará hoy aquí. "Nosotros tomamos como antecedente el caso español -sostiene Bimbi-, de hecho nos reunimos con las organizaciones de allá y trabajamos juntos, recibimos asesoramiento. Allá la vía jurídica perdió sentido porque el tema terminó en el Congreso. Pero ése es justamente otro de nuestros objetivos: impulsar el debate político. Esta presentación también busca generar el debate necesario para terminar con la discriminación. Queremos que se hable de 'matrimonio'. Ante el avance social y cultural, los sectores conservadores y la derecha muchas veces se aferran al nombre. Quieren mantener el instituto del matrimonio para los heterosexuales y que en todos caso los homosexuales tengan otra cosa. En España, cuando se dio el debate por el voto femenino, los que se oponían, como no podían evitarlo, proponían que ese derecho siguiera siendo para los hombres y que las mujeres tuvieran 'derecho a la participación política'. Por eso hablamos de matrimonio."

 

MARIA RACHID Y CLAUDIA CASTRO, LA PAREJA QUE QUIERE CASARSE

"Que el Estado reconozca nuestro amor"

Por Andrés Osojnik

"Las familias gays y lesbianas ya existen. Lo que estamos buscando es que se reconozcan." María Rachid tiene 32 años y hace ocho que milita en la organización lésbica La Fulana. Cuando en la entidad celebraban el primer año de vida, apareció Claudia Castro, ahora de 31. Y se enamoraron. Desde entonces son compañeras de militancia y de vida. Ya se unieron en el Registro Civil de la ciudad de Buenos Aires, el 21 de agosto de 2003. Y hoy dan el puntapié inicial a la batalla por lograr el matrimonio. Para ellas y para todos los gays y lesbianas del país.

- ¿Qué significó la unión civil para ustedes?
C. C.: - En mi caso fue muy importante para que la gente y sobre todo mi familia creyeran en nuestra relación. Nosotras ya éramos pareja antes de eso, pero para muchos había que ponerle un nombre. Parecía que si no estaba reconocido estaba mal, había algo que no andaba.

M. R.: - En la vida cotidiana nos dio legitimidad. En el aspecto social fue un gran avance.

C. C.: - Yo soy de La Plata. En mi barrio me veían con María desde hacía cuatro años, cuando iba a la casa de mi familia. Pero nunca nadie me dijo nada. Después de la unión civil, como salimos en los medios, la gente se acercaba para felicitarme, darme apoyo, que tuviera éxito en la inseminación.

- ¿Inseminación?
M. R.: - En aquel momento estábamos buscando el embarazo de Claudia por inseminación. Lo habíamos contado públicamente. Luego lo tuvimos que suspender por problemas clínicos. Cuando se solucionen, lo retomaremos.

- ¿Si ya están unidas "civilmente", por qué quieren casarse?
M. R.: - Porque buscamos el reconocimiento del Estado de la existencia de nuestra familia. Un reconocimiento que nos otorgue derechos. Cuando ella tenga el bebé, no lo puedo inscribir en mi obra social, hacer que herede. Y si a Claudia le pasa algo, yo no tengo ningún derecho sobre ese bebé.

C. C.: - Somos personas que queremos nuestros derechos. No es justo. Yo estoy enamorada, mi papá y mi mamá se enamoraron y se casaron. ¿Por qué no puedo casarme yo? El matrimonio no va a hacer más importante nuestro amor, ni va a hacer que exista o que no exista. Lo que va a hacer el matrimonio es reconocer derechos. Leí un graffiti una vez que decía "Algunas personas pueden casarse dos o tres veces y otras que no pueden hacerlo ninguna vez".

- ¿Qué significaría el matrimonio para ustedes?
M. R.: - Creemos que el matrimonio es mejor que la unión civil. Pueden decir que con la unión civil nos dan los mismos derechos, solo que con otro nombre. Es como la época en que los afroamericanos eran discriminados en el colectivo. Decían "por qué protestan por tener que viajar atrás, si igual pueden viajar". Esto es lo mismo. Lo que queremos es ser reconocidas como somos. El Estado no inventa lo que somos, pero le da legitimidad, reconocimiento. El matrimonio es un acto social, por eso es público. Lo que queremos es hacer público nuestro compromiso como lo hace un heterosexual.

C. C.: - Para mí significaría dignidad. Mi familia se sentiría más digna.

- ¿Cómo prevén el debate y la aceptación social de la propuesta del matrimonio entre personas del mismo sexo?
M. R.: - Se avanzó muchísimo y hay mucho por hacer todavía. El Estado de ninguna manera puede decirnos de quién nos enamoramos y de quién no. ¿Quién nos puede mirar a los ojos y decirnos "porque elegís una mujer para amar vos no tenés derechos"?

C. C: - Una elige con quién compartir tu vida, con quién formar un proyecto de vida, porque la amás. Acá en la ciudad está más naturalizado, pero en el interior hay situaciones horrorosas. Creo que todo ayuda a combatir los prejuicios.

- ¿Cómo será el día después de la presentación?
M. R.: - Seguiremos luchando con el amparo para que se avance hasta la Corte. Hasta que se nos reconozca ese derecho. Si es necesario, llegaremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y además seguiremos impulsando el proyecto del diputado Eduardo Di Pollina, que equipara los derechos de unos y otros en el matrimonio.

 

LA CHA PREPARA UNA REELABORACION DEL PROYECTO

Con la unión civil a Diputados

Mientras se abre el debate jurídico y social en torno del matrimonio homosexual, en el Congreso espera turno el proyecto de unión civil, presentado por la Comunidad Homosexual Argentina en 2005. "Este año haremos una reelaboración de la iniciativa y la presentaremos en Diputados -explica César Cigliutti, de la CHA-. La idea es lograr que sea viable para ser aprobada, sin claudicar los derechos centrales que queremos garantizar: la herencia, la adopción y los beneficios en caso de fallecimiento."

Cigliutti reivindica la figura de la unión civil. "No es discriminatoria -explicó-. Está prevista para gays, lesbianas y heterosexuales. Queremos separar la unión civil del matrimonio, que en nuestra cultura está íntimamente ligado a la idea de sacramento. Aquí lo que buscamos es preservar todos los derechos y crear una figura jurídica nueva que tenga los mismos derechos. El proyecto de ley nacional de unión civil crea un nuevo estado civil."

El proyecto que fue presentado en el Senado establece que "la unión civil es el compromiso de dos personas mayores de edad y capaces que expresan su consentimiento ante autoridad competente de hacer vida en común y de respetar los derechos y obligaciones vinculados con este estado con independencia de su orientación sexual e identidad de género".

Los beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, según la iniciativa, "gozarán de una prestación por su pareja en unión civil". Además, los unidos civilmente pueden adoptar en forma conjunta.

Otro artículo establece que "el unido civilmente es sucesor del causante, no es heredero forzoso, concurre con los descendientes y ascendientes y excluye a los colaterales en la sucesión del otro miembro de la unión civil".

"Los miembros de la unión civil responden solidariamente por las obligaciones contraídas por uno de ellos para solventar las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento y la educación de los hijos", expresa el proyecto, que también prevé que, "a falta de una declaración común de disolución realizada ante escribano, la disolución debe ser dictada por el tribunal con competencia en materia de familia a pedido de cualquiera de las partes, siguiendo el procedimiento más breve que establezcan las leyes locales".

También establece que "los unidos civilmente pueden usar un apellido común que adicione los dos apellidos de las partes, o elegir utilizar uno de los apellidos de las partes".