Un problema de salud pública

El Tiempo - 9/09/2011


A pesar de constituir un eje de debate político, ideológico y hasta moral en el país, el aborto es un tema poco explorado en profundidad. De ahí la importancia de difundir y discutir con objetividad el contenido de la reciente investigación sobre este fenómeno del Instituto Guttmacher y la fundación Oriéntame.

Los resultados del informe ratifican que las interrupciones voluntarias del embarazo continúan siendo un grave problema de salud pública. Se calcula que cada año en Colombia se producen 400.412 abortos inducidos, esto es, una de cada 26 mujeres en edad reproductiva. Lo más preocupante es que una minúscula proporción -8 de cada 10.000- corresponde a los tres casos que contempla la ley.

En otras palabras, el fallo de la Corte Constitucional que legalizó parcialmente este procedimiento no está siendo implementado a cabalidad y miles de colombianas siguen apostándole a la clandestinidad, a pesar de tener el derecho de exigirlo sin temor. La pasividad del Estado en identificar y remover los obstáculos que les impiden ejercer este derecho es indignante. Ya es hora de sancionar a las instituciones de salud que se dan el lujo de estar por encima de las sentencias del máximo tribunal.

Otros datos del reporte apuntan al alto número de embarazos no deseados. En el 67 por ciento de las ocasiones, la gravidez de una compatriota no es producto de una sexualidad planeada. Esta es una tasa superior en un 25 por ciento a lo registrado en el resto de países de América Latina. Tales cifras deben invitar a las autoridades nacionales de salus a desplegar medidas para reducir esta proporción. Es necesario ampliar y facilitar el acceso femenino a métodos científicos de control de natalidad y a opciones de anticoncepción de emergencia. La investigación asimismo confirma que las mujeres pobres y campesinas son más vulnerables tanto al embarazo no planeado como a su interrupción, con alto riesgo para su integridad física.

No deja de sorprender que altos funcionarios públicos y congresistas estén obsesionados por tumbar el fallo de la Corte mientras que el panorama del aborto en Colombia es más complejo, peligroso e inhumano de lo que se pensaba. El Gobierno está en mora de proteger la salud sexual de cientos de miles de colombianas.

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