ALARMANTE INFORME DE MUJERES AUTOCONVOCADAS ROSARIO (MAR) SOBRE ABORTOS INSEGUROS

El embarazo no deseado y la pobreza

Ocho mujeres egresan por día de centros de salud públicos después de haber sido hospitalizadas por abortos realizados en condiciones inseguras. Muchas son niñas o adolescentes.

Por Sonia Tessa

A tres meses de las muertes evitables de Carina, de 30 años, y Perla, de 24, que se produjeron el 20 y 21 de febrero en el hospital provincial de Rosario por complicaciones de abortos realizados en condiciones inseguras, el colectivo Mujeres Autoconvocadas Rosario (MAR) elaboró un informe donde consigna que 8 mujeres egresan cada día de centros de salud públicos después de haber sido hospitalizadas por esta causa. El dato más alarmante indica que el 21,5 por ciento de las hospitalizaciones corresponden a niñas y adolescentes de 10 a 19 años. Santa Fe es la segunda provincia en Argentina con este porcentaje de abortos considerados de “alto riesgo” por la edad de las gestantes, sólo superada por Chaco.

MAR traza un diagnóstico: “El aborto inseguro es un problema de justicia social que discrimina a las mujeres pobres, dado que no tienen posibilidad de lograr una atención segura, exenta de riesgos para su salud y su vida”. Este trabajo fue entregado a los 19 senadores provinciales y a la vicegobernadora Griselda Tessio, ya que la Cámara alta provincial debe tratar el proyecto de la diputada del SI Alicia Gutiérrez para convertir en ley la Guía para el Mejoramiento de la Atención Post Aborto.

En 2007, fueron 2.766 las mujeres hospitalizadas por complicaciones de abortos en la provincia de Santa Fe. De ellas, 42 tenían entre 10 y 14 años, y 552 de 15 a 19. En este sentido, el documento elaborado por MAR advierte que “los subregistros y la ausencia de consulta por temor a la consulta, son algunos elementos que conforman la llamada ‘cifra negra’ que no figura en los registros oficiales”. Es decir que ese número es indicativo para dar cuenta de la magnitud de esta situación. Otro dato para dar cuenta del problema de salud pública es que los centros de salud públicos tienen 18 hospitalizaciones post-aborto por cada 100 partos.

Tras la muerte de Carina y Perla, a las que el 10 de marzo pasado se sumó Ana, en el hospital regional de Reconquista, el ministerio de Salud provincial manifestó la voluntad de poner en práctica la guía elaborada por un grupo de expertos y expertas cuando Ginés González García era ministro de Salud de la Nación. Gutiérrez había presentado en 2006 un proyecto de ley para que esa guía sea adoptada por la provincia. Se trata de un completo indicativo para una atención humanizada y asesoría a mujeres que recurren al hospital público. La iniciativa original perdió estado parlamentario sin ser tratada, pero el año pasado Gutiérrez insistió, y logró su aprobación en Diputados en septiembre.

“Quisimos hacer un documento estadístico, que elabora y refiere los datos oficiales, para dar cuenta de la importancia de este problema de salud pública. Y recurrimos a esta ley estancada en la comisión de salud del Senado, por eso nos fuimos presentando en distintas instancias. Llegamos a la comisión de Salud de Senadores, donde tuvimos muy buena recepción”, indicó Marité Yanos, de MAR, quien junto a Silvina Boschetti se ocupó de sensibilizar a los senadores. El proyecto obtuvo dictamen favorable de la comisión de Salud de Senadores la semana anterior, y tenía preferencia para ser tratado el jueves pasado, pero por “cuestiones técnicas” se pospuso para la próxima semana. Sin ocultar su decepción, Yanos confió en “la palabra dada por los senadores”. Para la activista de MAR, “es importante que este proyecto se convierta en ley”, ya que de ese modo, “ser profesional de la salud pública implicará estar en concordancia con la normativa vigente”. Es decir que los profesionales de la salud tendrán la obligación de brindar una atención humanizada a las mujeres. Se acabarán los “¿Qué te hiciste? Mirá que te denuncio” que son habituales en los servicios de salud.

Además de recurrir al poder legislativo, las militantes de MAR pidieron audiencias con las autoridades de Salud. La secretaria del área, Débora Ferrandini, les manifestó la voluntad política del gobierno provincial. Sin embargo, desde MAR aspiran a conseguir la ley. “Para nosotras es fundamental, implica que hay una voluntad del ministerio de implementar una resolución, pero una ley le da el valor que establece la Legislatura, se indica que debe ser aplicada e implementada en todos los efectores de salud. En la provincia tenemos 700 efectores públicos”, indicó Yanos. Además, la ley genera una continuidad, más allá de la voluntad política del gobierno de turno.

La guía establece tres protocolos, de orientación, de diagnóstico y tratamiento de la emergencia post-aborto y otro para la anticoncepción post-aborto. “Está indicando que debe darse una consejería y brindar a las pacientes externadas alternativas anticonceptivas, además de derivarlas al Programa de Salud Sexual y Reproductiva. Se completa con un anexo que es un compendio administrativo sobre derechos sexuales y reproductivos”, indicó Yanos, quien subrayó que la guía establece “cómo deben recibir a la paciente en el centro de salud, cómo diagnosticarla, cómo informar, como orientar y cuáles son los procedimientos, estamos hablando del trato humanizado y la debida contención que debe brindar cada profesional a la mujer. Se enmarca en el respeto de los derechos reproductivos”.

Si la semana próxima el Senado aprueba la guía, Santa Fe será la primera provincia del país que tenga esta herramienta con carácter de ley. Para Yanos, “la guía y las expresiones del ministro (de Salud, Miguel Angel Cappiello) para que ningún profesional deba denunciar a las mujeres son alentadores”. En la Argentina, el aborto está penalizado con 1 a 4 años de prisión, y el temor a ser denunciadas es muchas veces letal para las mujeres pobres que debieron recurrir a precarios métodos anticonceptivos. Por eso MAR integra también la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.

El mismo trabajo establece que “la falta de responsabilidad oficial para promover medidas de prevención del aborto obliga a los estados a destinar importantes recursos para tratar sus complicaciones. Las consecuencias de la muerte de las mujeres en el desarrollo de las familias y las comunidades no son valoradas en la dimensión que tienen”.

La historia de Carina, la joven de Empalme Graneros que falleció el 20 de febrero pasado, es paradigmática, ya que 36 horas antes de llegar al hospital provincial había concurrido al Centenario, pero allí sólo le prescribieron ibuprofeno. El temor a la sanción penal –y social- hace que la mayoría de las veces las mujeres no digan el motivo de su consulta. “La celeridad del tratamiento salva vidas. Si hubiera existido esta herramienta, tal vez Carina hoy estaría viva”, indicó Yanos.