Uruguay

Dilema para legisladores

por Rafael Sanseviero


Es un hecho repetido

En cada ocasión que progresa un proyecto de ley que cuestiona la penalización a la mujer que aborta, se activan unos reflejos “antiabortistas” que permanecen inertes mientras las mujeres simplemente abortan, clandestinamente, cada día.

Repasemos dos momentos recientes de esa rutina nacional.


Resultado: “antiabortistas” tranquilos y larga vida al aborto clandestino

Hace dos meses. La reacción ciudadana por la ilegítima persecución médico-legal a una mujer que abortó conmovió el escenario público en junio de 2007 . Tres semanas después la Comisión de Salud del Senado de la República aprobó completo el Capítulo Primero del proyecto de ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva.

Consecuencia: “antiabortismo” alterado y activación del manido sofisma de decirse “a favor de la vida” para defender la clandestinidad del aborto . Los resultados de esta nueva erupción “antiabortista” están por verse.

Estamos ante la quinta oportunidad que tiene el parlamento uruguayo desde el restablecimiento de las libertades políticas (1985) para revisar la legislación que penaliza a la mujer que aborta. Hubo una en cada período de gobierno; todas se frustraron aunque el consenso liberalizador fue más amplio en cada ocasión.

Confrontados al Capítulo Segundo del proyecto de ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, los y las legisladoras deberán definir una perspectiva para el análisis del significado social y moral de la penalización del aborto. La ley penal expresa la voluntad política de disponer de todo el poder coercitivo del Estado; en este caso contra una mujer que aborta.

Un primer desafío será asumir el sinsentido político y jurídico de mantener sin cambios una figura delictiva que es sistemáticamente refutada por la práctica social. Si la criminalización de esa conducta se fundamenta como política preventiva, la penalización del aborto constituye un fracaso legal sin levante posible: no disuade ni intimida a nadie. La evidencia acumulada al respecto me exime de fundamentar este punto. La penalización del aborto antes que una política parece una tara sagrada que el sistema jurídico uruguayo atesora desde hace 118 años (con excepción del período 1934-1938).

Un segundo desafío debería ser evaluar la significación moral de la persecución y procesamiento de la “mujer de 20 años” que diera lugar a la protesta ciudadana de junio.

Cuando un médico denuncia el “delito de aborto” cometido por una mujer que solicitó su asistencia, y un juez la procesa sobre la base de esa denuncia, se está otorgando legitimidad jurídica a la imposición de “optar” entre evitar la persecución o salvar su vida.

Así lo sostiene, ejemplarmente, una resolución tomada por la Cámara Nacional Criminal y Correccional de Argentina que se negó a instruir sumario criminal contra una mujer que abortó, sobre la base que la denuncia fue “formulada por un profesional en el arte de curar” que supo del delito “en ejercicio de su cargo oficial”.

Uno de los argumentos centrales para denegar la incriminación refiere al carácter “inhumano del dilema cárcel o muerte” que queda “larvado, cruel e innoble” cuando la confesión del delito se obtuvo por parte del médico como resultado del “ansia vital de la abortada” y/o del “desvalimiento físico y espiritual” en que se encuentra al solicitarle asistencia. No hay “interés público” que pueda justificar ese “dilema inhumano”, fundamentan los jueces argentinos.

Las y los legisladores deberán reconocer que hay restricciones al ejercicio del derecho a la vida y la salud que están escritas con tinta invisible en la penalización del aborto. Esas restricciones no se contabilizan únicamente como muertes o lesiones graves, porque antes que éstas se produzcan la mujer que abortó se vio constreñida a optar entre la cárcel o la vida.

Sobre la permanencia o no de ese dilema inmoral tiene una nueva ocasión para pronunciarse el poder legislativo.

Hace dos años. Con la llegada de la izquierda al gobierno en marzo de 2005 y el veto anticipado por el Presidente de la República, el debate parlamentario sobre el aborto quedó en suspenso.